Entrevista: “La triada de la transformación: voluntad política, expertiz y recursos públicos”

El 20 de agosto pasado en su cuenta de twitter fijó un agradecimiento a “quienes han mostrado su apoyo y me han propuesto para dirigir el Inmujeres”, la carta que acompaña el mensaje está fechada el 25 de julio en Guadalajara, Jalisco y respalda la candidatura de Candelaria Ochoa Avalos quien es académica, investigadora, feminista, política, ex regidora y ex diputada federal.

Cuenta en su haber con por lo menos tres décadas de militancia por los Derechos Humanos de las mujeres. Desde ahí, Ochoa Ávalos construye su visión del mundo que refleja en todos los ámbitos, desde la academia, hasta la elaboración concreta de legislaciones y políticas, tanto en el ámbito local como nacional e internacional.

Candelaria Ochoa Ávalos está convencida que para transformar la política pública se necesitan tres cosas: “voluntad política, expertiz y recursos públicos”, además de hacer de la igualdad una prioridad política, desterrar la visión de grupo vulnerable y minorías que se tiene de las mujeres”.

Su candidatura “se fraguó con amigas de Jalisco y de todo el país”, una pieza clave fue la actual directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Gabriela Rodríguez Rodríguez, quien la animó a entregarle su currícula y presentárselo a la Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero.

Integrante del Consejo Consultivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ochoa Ávalos, aspira a que “con el nuevo gobierno se abran las posibilidades para revisar a profundidad la política que se ha realizado” en materia de igualdad.

Asegura que el actual gobierno es “una oportunidad para las feministas que esperamos muchos años” y en la cual aportaron muchísimo.

En una de sus visitas a la Ciudad de México, Cimacnoticias conversó con Candelaria Ochoa, quien busca que el dinero destinado a la igualdad tenga el uso correcto.

– Lucía Lagunes Huerta (LLH): ¿Por qué quieres ser presidenta del Instituto de las Mujeres?

– Candelaria Ochoa Ávalos (COA): Porque todavía tenemos una deuda pendiente en materia de, verdaderamente, transversalizar la perspectiva de género en la Administración Pública Federal. Todavía el Instituto no ha normado la política pública y ahí todavía hay retos pendientes.

– (LLH): ¿Como cuáles?

– (COA): Por ejemplo, feminicidio, la Alerta de Violencia de Género, que es la máxima acción para que los gobiernos federales y estatal pongan atención en los asesinatos de mujeres, pues todavía los responsables de la Alerta de Género ni siquiera saben de qué se trata.

Otro tema pendientísimo es la igualdad laboral. Todavía hoy, el hostigamiento y el acoso siguen siendo un lastre en las instituciones en donde las mujeres trabajan; las mujeres siguen ganando16 por ciento menos que un hombre en el mismo empleo, obviamente en la misma industria.

Siguen siendo temas pendientes, que todavía no hemos logrado el cambio de mentalidad tan ansiado por nosotras, que todavía hoy en muchas de las instituciones de la Administración Pública Federal se cree que las unidades de género, la agenda de género es de mujeres y (son) medio un enfado, una monserga; eso es importante transformarlo.

– (LLH): ¿Cómo ves la relación entre el feminismo y el nuevo gobierno?

– (COA): A ver, efectivamente hay una necesidad de considerar el tema de la igualdad como importante en la vida pública. Que las mujeres hoy sean 48 por ciento de diputadas y 49 por ciento de las senadoras no es un tema menor. En política pública se necesitan tres cosas: voluntad política, se necesita expertiz y se necesitan recursos públicos; si tú no tienes esas tres cosas, no transformas la política pública.

Espero apertura del gobierno federal para discutir y para que todas quepamos, creo que eso es importante; porque todas le apostamos, al menos yo, a un cambio de gobierno.

– (LLH): ¿Se ha vuelto un cargo político la presidencia del Inmujeres?

– (COA): Se ha vuelto un cargo político. Tenemos que convencer a los hombres y también a las mujeres que la igualdad tiene que ser una prioridad. Las mujeres ni somos un grupo vulnerable, ni un grupo minoritario, somos 52 por ciento de la población y estamos en todos lados. Se cree que los problemas de las mujeres los tienen que resolver las mujeres, cuando en realidad lo que tenemos que cambiar es la mentalidad de la política pública.

– (LLH): ¿Sería más fácil tener a alguien a modo que una feminista?

– (COA): Nomás que creo que no hay ninguna candidata a modo, por lo menos la lista que yo he visto, de las que han levantado la mano, me han preguntado ¿quién es mejor? En realidad todas somos mejores, porque la diferencia es, los lugares en los que hemos estado. Yo me formé en la militancia, en el activismo; y luego, me hice académica. Lo que necesitamos es esta mirada y esta visión en la práctica política.

– (LLH): ¿Qué esperarías, ya como presidenta del Instituto de las Mujeres, del Ejecutivo Federal?

– (COA): Yo esperaría buena voluntad, recursos y espero que reconozca que el trabajo que se va a hacer, desde una instancia como ésta, es importante para su gobierno, pero, sobre todo, para las mujeres y los hombres de este país.

– (LLH): ¿Hacia dónde llevarías al Instituto?

– (COA): A ver, yo he trabajado una idea que no está en un programa concluido, pero, me parece que tenemos que volver al espíritu de que (el Instituto) norme la política pública y que tenga verdaderamente capacidad de interlocución con las distintas Secretarías de Estado, y el convencimiento de que debemos transformar las relaciones de desigualdad.

Si nosotros no estamos en ese canal, de que es necesario y que tenemos que convencer a todo el mundo, empezando —como tú dices— por el presidente, pero también a los secretarios, a todos quienes vamos a estar o están en la función pública.

– (LLH): ¿Cuáles serían las políticas públicas que empujarías desde el Instituto de las Mujeres?

– (COA): Mira, creo que tres de los temas que a mí me parecen fundamentales: revisar las políticas contra la pobreza, ese es un tema que tenemos que transformar; hacerlas sujetas de derechos.

El otro tema, (la) violencia sigue siendo muy difícil, las mujeres recordamos desde los seis años haber sido violentadas sexualmente por los hombres y, a veces, en una gran mayoría, por los hombres de la familia. A veces estamos esquizofrénicas porque esos que nos violentan, luego se casan con otras y quieren que los queramos y tengamos hijos con ellos, eso tiene que parar, ahí tenemos que intervenir con un política más allá de un buen deseo, sino de intervenir en los valores familiares, en los valores éticos, de no posicionarse desde una moralidad, sino en el derecho a la igualdad, a la solidaridad, al respeto, a la igualdad, porque tiene que ser básico eso.

El otro tema muy importante y que debemos potenciar más, es el trabajo, el acceso laboral de las mujeres. No hemos salido de las políticas de las mujeres en el desarrollo y no hemos entrado a las políticas de mujeres y el desarrollo con perspectiva de género, o sea, siguen viéndonos como las que piden trabajo para ayudar a la casa, las que tienen un salario para comprarse chucherías, cuando en realidad la inversión que hacen las mujeres que trabajan, en sus familias, es fundamental.

Otro de los temas importantísimos es el embarazo infantil. Que las niñas entre 10 y 14 años se embaracen, cuando se embarazan de la misma edad (la mujer y el hombre) es apenas 1 por ciento; todas las niñas, entre los 9 y 14 años, que tienen embarazos, o sea, 99 por ciento son de adultos hombres. Entonces, en eso tenemos que tratar de intervenir, porque en 25 años no sólo no ha disminuido el embarazo infantil, sino se ha incrementado.

– (LLH): ¿Cómo lidiar una política de igualdad con una política de austeridad si necesitas presupuesto?

– (COA): Claro, bueno, hasta ahora lo que hemos platicado y discutido con el subsecretario de egresos, Gerardo Esquivel, es que el Instituto va a tener, al menos, el mismo presupuesto; que el Anexo 13 no va a disminuir, representa del PEF, 0.9 por ciento, pero además se gasta mal, porque no hay lineamientos y no hay una fiscalización real para que sea destinado a la igualdad. Si ese presupuesto se gastara bien, avanzaríamos; el problema es que se gasta mal.

– (LLH): ¿Cómo hacer que el resto de las instituciones, de los gobiernos, hagan su parte?

– (COA): Fíjate que lo que hemos platicado mucho y lo discutimos mucho en un grupo, y se lo presentamos a la magistrada Olga Sánchez Cordero, es que tiene que haber una corresponsabilidad, o sea, el Proequidad prácticamente son 380 millones de pesos que se van a los estados y municipios. Hay municipios que sólo destinan los 200 mil pesos que le dan al Instituto y, entonces, le dan a la titular, una silla, una computadora y párale de contar.

Lo que tiene que haber es una corresponsabilidad entre los municipios y los estados, y si el Gobierno Federal les da un peso, pues que sea concurrente ese peso; a lo mejor no puede, en el primer año, dar un peso, pero que den 50 centavos o que de 25 centavos. Debe haber corresponsabilidad.

– (LLH): ¿Cómo lograr los cambios estructurales que requiere este país para garantizar una igualdad para las mujeres?

– (COA): Es el cambio de la mentalidad, o sea, mientras no transformemos que la igualdad no es un tema menor, (sino) que es un tema de prioridad nacional, que es la vida de mujeres y hombres que tiene que mejorar; porque cuando mejoran las condiciones de vida las mujeres, mejoran las de la familia nuclear o ampliada, las de la pareja cualquiera que ésta sea, mejora la vida social.

Una mayor institucionalidad, que los secretarios de Estado se comprometan, tenemos que hacer no sólo de convencimiento sino también de normar cada vez más, que las instancias tienen que hacer su tarea.

– (LLH): Ese ha sido el gran tema…

– (COA): Y un órgano público descentralizado como el Inmujeres, lo que tiene que garantizar es un nivel de interlocución con esos secretarios de Estado, porque no nada más es para que me vigilen lo que yo hago, sino, porque como yo no soy ejecutiva, es que ustedes tienen que hacer.

– (LLH): ¿Cuáles serían las cosas que cambiarías en el Instituto Nacional de las Mujeres?

– (COA): Pues no conozco totalmente a la institución, ahorita estamos en ese proceso de que nos informen y de que nos digan, pero yo sí veo que hay, a veces, una actitud como de no incomodar al presidente y entonces, de repente, no hacen porque les dicen que no hagan.

– (LLH): ¿Sumisión, dirías?

– (COA): Pues sí, un poco lo que dice “La Boétie” en su libro de la servidumbre voluntaria, a veces las mujeres funcionamos así, nos convencemos que es mejor no incomodar a los otros. Y bueno, a mí alguien me preguntaba “¿y tú cómo estás ahí? pues a poco porque creen que he sido cómoda, pues porque he sido incómoda.

– LLH: Hay propuestas de legisladoras de Morena, de sancionar a los medios por sus contenidos sexistas ¿cómo miras este tema?

– (COA): Son los dos caminos: sí es normarlo, pero también es cambiar mentalidades, porque a veces es necesario normar. En el caso de los medios de comunicación son las dos cosas: sí es normar, pero también es que los medios capten, reflexionen, se autoevalúen de que esas imágenes que nos están proponiendo no son imágenes que generen igualdad.

– (LLH): ¿Qué empujar desde el Instituto para garantizar la justicia para las mujeres y erradicar la impunidad?

– (COA): El Instituto debe tener interlocución con las Cámaras de Senadores y Diputadas y con el Poder Judicial. Si tú no tienes una institución con estas tres patitas de los tres órdenes de gobierno, no va a funcionar la cosa y te lo digo porque a veces ni siquiera los casos llegan al Poder Judicial, sino se quedan en el Ejecutivo, se quedan en los Ministerios Públicos y en las procuradurías. Lo que tenemos que hacer en este país es, precisamente, políticas.

– (LLH): ¿Cuál sería tu posición desde el Instituto de las Mujeres sobre la prostitución?

– (COA): Ahí hay también como dos vías. Si tú me preguntas en lo personal, yo me inclino más por el abolicionismo.

Pero también, lo real, es que una gran cantidad de mujeres son víctimas de felonía, de padrotes (en el sentido peor de la palabra) y de trata; y si las mujeres no somos o no tenemos cada vez más autonomía para decidir qué queremos hacer, es muy difícil una política abolicionista. Entonces, necesitamos garantizarnos ser sujetas de derechos.

– (LLH): ¿Cómo traducir que las mujeres sean sujetas de derecho en una política pública?

– (COA): Mira, yo creo que lo podemos hacer desde la familia, desde la escuela y desde las instituciones públicas. Tenemos que enseñarles a las niñas que tienen derechos, y eso lo tenemos que hacer en la familia.

Es toda una transformación de la política pública. Primero lo tenemos que hablar para que les demos visibilidad y luego atender. Tienen que involucrarse muchas instituciones, por ejemplo, para diagnosticar la violencia laboral, las secretarías del trabajo tienen que reconocer, primero, que hay violencia y que cuando una mujer va y denuncia, le tienen que hacer caso. Que el Instituto norme esas políticas, que dé lineamientos para que las distintas instancias de la administración pública federal atiendan esos casos.

– (LLH): ¿Cómo supervisar el presupuesto para la igualdad?

– (COA): Mira, creo que para empezar lo tendría que hacer la Función Pública, es básico. Segundo, tiene que haber lineamientos para el gasto del presupuesto del Anexo 13, que es 0.9 y luego va quedando como en 0.7, no es mucho, pero tampoco es nada. Hay traslapes de programa; mal uso del mismo; recurso utilizado para las cenas de navidad, para papel del baño. No hay una supervisión real de ese ejercicio presupuestal.

– (LLH): ¿Tu relación como titular y el movimiento feminista, cómo sería?

– (COA): Bueno, lo primero es un reconocimiento, yo vengo de ahí, yo me formé ahí, tengo no solamente reconocimiento, sino también afecto con muchas de las compañeras de las cuales yo he aprendido. Esperaría la retroalimentación, el acompañamiento, el apoyo y el afecto; tener puertas abiertas para todas.

– (LLH): También tuviste un diálogo con Olga Sánchez ¿para qué funcionaron esas entrevistas?

– (COA): Mira, no lo sé bien, yo todavía me pregunto eso. Yo supongo que ella está haciendo una valoración de los currículums, no sé con base en qué ni cómo. Creo que es fundamental que a todas nos haya entrevistado. Cuando yo me entrevisté con ella nos caímos muy bien, supongo que casi con todas, porque ella me dijo “ay, todas me parecen tan maravillosas, tan buenas, todas tan especialistas en cosas”.

 

Entevista publicada originalmente en CIMAC Noticias
Por: Lucia Lagunes, periodista, feminista y Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28

Candelaria Ochoa cuestionó al presidente de la CNDH

Este miércoles, durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se realizó  la presentación del informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde en nombre de su bancada la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos formuló dos preguntas al Presidente del Organismo Luis Raúl González Pérez. La primera relacionada a la aprobación por parte del PRI y sus aliados a la controversial Ley de Seguridad Interior.

Después de acotar que dicha ley representa la intención del Estado Mexicano de perpetuar la fallida estrategia del combate al crimen organizado, la legisladora inquirió a González Pérez, sobre lo que él cree de las motivaciones para continuar con una táctica que a todas luces ha fallado y ha sido reprobada por los principales organismos internacionales de derechos humanos, como la propia CNDH.

Ochoa Ávalos se refirió también a la grave crisis de derechos humanos que vive actualmente México, que se ha traducido en recomendaciones sobre graves violaciones a estos y recordó que según el informe de labores de diciembre de 2017, la CNDH recibió en el pasado año un total de 14,156 quejas por violaciones a los derechos humanos. Razón por la que dijo, es necesario emprender acciones a profundidad que garanticen el derecho a conocer más sobre esta crisis y la no repetición del daño. Al respecto, Movimiento Ciudadano propuso la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en la última década, por lo que la diputada cuestionó nuevamente al presidente del Organismo sobre su opinión acerca de este tipo de mecanismos a nivel nacional como un primer paso para transitar hacia un cambio de régimen con la voluntad que se requiere para reconocer el nivel de la actual crisis y para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Candelaria Ochoa hizo un repaso de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, entre los que figuran feminicidios, el ataque a los periodistas y defensores de derechos humanos, el tema de los migrantes, la marginación de los pueblos indígenas entre otros, e hizo un llamado a Raúl González Pérez para que el organismo a su cargo intervenga en los graves y muy desafortunados casos de salud durante el gobierno de Javier Duarte en Veracrúz.

El ataque a Yndira es un ataque a todas las mujeres

EL ATAQUE A LA ACTIVISTA YNDIRA SANDOVAL, ES UN ATAQUE A TODAS LAS MUJERES: CANDELARIA OCHOA

Este martes la diputada federal Candelaria Ochoa, presentó un punto de acuerdo para que se investigue y lleve a sus últimas consecuencias el caso de la activista y defensora de los derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, quien presentó una denuncia por violación y abuso de poder el pasado 16 de septiembre, en Tlapa.

El ataque perpetrado a la feminista por la policía del citado municipio es un ataque a todas las mujeres, afirmó contundente Ochoa Ávalos quien agregó que es una muestra de lo mucho que existe en materia de impunidad, omisión y criminalización de las mujeres y en particular de las feministas y defensoras de los derechos humanos en este país.

La diputada subrayó que incluso el video de Yndira que hizo circular la policía de Tlapa es una violación a sus derechos humanos, pues por un lado la expone y por otro es incompleto ya que no muestra todo el proceso de detención, además de criminalizarla por tomar alcohol como si se tratara de una justificación a la violencia que se ejerce en su contra.

“Por qué cuando una mujer se toma una, dos, tres o cinco cervezas es víctima de asesinato, acoso sexual o violación?”.Evidenció que todo lo anterior es un típico caso de revictimización a la mujer, práctica común en México.

La diputada invitó a que se sumen más diputados y diputadas a fin de esclarecer los hechos y castigar de manera puntual a los responsables y exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al gobierno del estado de Guerrero, al Congreso del estado de Guerrero y al gobierno del municipio de Tlapa de Comonfort a tomar cartas en el asunto.

La legisladora pidió juicio político para el presidente municipal de Tlapa como responsable administrativo de las acciones de la policía municipal y exigió la destitución de los funcionarios que por acción u omisión participaron en el caso; que se capacite a los funcionarios del estado de Guerrero en la aplicación de protocolos con perspectiva de género y a que el gobierno municipal de Tlapa actúe administrativamente contra los responsables.

El punto de acuerdo está firmado por las diputadas Candelaria Ochoa, Claudia Corichi, Mirza Flores y Verónica Delgadillo y en su presentación estuvieron presentes los diputados Gustavo Cárdenas y Víctor Sánchez.

Muchas mujeres han sufrido vejaciones o han muerto en silencio en total impunidad en este país. Candelaria Ochoa exige que en este caso emblemático que involucra al estado y reproduce la violencia que ejerce un sistema patriarcal, se haga justicia.

 

Diputados aprueban Ley de Desaparición Forzada

Por unanimidad de 397 votos de todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada, y se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor el instrumento con el que se pretende dar certeza a las familias en la investigación, persecución y sanción de un delito que, según cifras oficiales, ha dejado más de 30 mil 499 víctimas hasta diciembre de 2016. A esta sesión no se presentaron 103 legisladores.

Durante la presentación de posturas, los partidos políticos resaltaron que después de dos años de discusión finalmente se logra una ley que atiende –argumentaron– el dolor de las familias, y señalaron que la desaparición de mexicanos y ciudadanos de Centro y Sudamérica se cuenta por miles.

Morena y PRD indicaron por separado, que si bien la de-saparición forzada de personas es una práctica instaurada en el país desde la denominada guerra sucia, en los gobiernos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, se agudizó en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien impuso al país su ‘‘guerra’’ contra el crimen organizado.

Desde la tribuna y ante organizaciones de familiares, a quienes la mesa directiva abrió las galerías del recinto parlamentario, la diputada Ernestina Godoy (Morena) describió con precisión por qué México es el único país donde la desaparición forzada es una rutina.

‘‘Esa guerra iniciada por el PAN y Calderón dejó muerte y destrucción. En México se desaparece personas para silenciar periodistas, sembrar terror, tapar la corrupción y eliminar adversarios políticos, acabar con la protesta, apropiarse del patrimonio de personas, terminar con la competencia, reafirmar el machismo, ganancia económica, por disgusto, quedar bien, por despecho, porque son jóvenes o mujeres, por religión, por preferencia sexual, por el color de piel, por las ideas, por su profesión. ¡Por todo! La maldad se ha instalado entre nosotros y todos lo hemos permitido.’’

Los legisladores reconocieron que la respuesta ante ese fenómeno es tardía y si bien los grupos parlamentarios indicaron que la ley es incompleta, era preferible aprobarla como está con objeto de apresurar su puesta en marcha y comenzar a atender el problema.

Armando Luna Canales (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, definió que se trata de la ley más importante que aprobará la 63 Legislatura, ‘‘porque su motor es el amor infinito que en ella depositaron quienes, en forma incansable y permanente, buscan a sus seres queridos’’.

Cada artículo de la ley, abundó, lleva una enorme carga de dolor, pero también busca resolver los problemas de las familias y que la historia de México sea sin desaparecidos.

Cristina Gaytán, vocera del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que la ley es una respuesta, aunque tardía, a las miles de víctimas y el reflejo de una lamentable realidad nacional.

‘‘Esta ley, junto con la General contra la Tortura, constituyen reflejos fehacientes de la crisis humanitaria que sufre el país por crímenes de lesa humanidad, en la que agentes del Estado, responsables de protegernos, torturan y desaparecen a niños, mujeres, defensores de derechos humanos, periodistas y a nuestros jóvenes, ¡porque siguen faltando 43!’’, expresó.

Candelaria Ochoa, de MC, indicó a su vez que, desde la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, Rosendo Radilla y ahora los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la desaparición forzada no ha disminuido en México. ‘‘Constituye un abuso de poder porque se borra el principio de presunción de inocencia y se avasallan los derechos humanos y garantías de la víctima’’, concluyó.

Seis estados, con 76% de denuncias por trata

Según el estudio “Al día las cifras hablan”, del Senado, su red alcanza a EU y Centroamérica; las víctimas en el país varían de 50 mil a 500 mil.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales; se encuentran en México, Centroamérica y Estados Unidos y operan principalmente en 18 entidades de nuestro país.

La publicación “Al día las cifras hablan”, un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, dio a conocer que en 2016 la PGR inició 571 averiguaciones previas por trata.

De éstas, 15.9 por ciento fueron consignadas y únicamente 1.9 por ciento terminó en sentencias condenatorias, con un total de 12 individuos castigados.

El documento señala que en el ámbito local, entre el 15 de junio de 2012 y el 30 de junio de 2015, se iniciaron mil 458 averiguaciones por este ilícito, de las cuales 27 por ciento derivaron en consignaciones y solo 18.4 por ciento en sentencias condenatorias, con 108 sentenciados.

Precisó que Puebla, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Baja California y Estado de México concentraron 76 por ciento del total de las averiguaciones en el ámbito local. Asimismo, a escala nacional se identificaron 363 municipios considerados de alta vulnerabilidad y 464 de vulnerabilidad media.

El estudio indicó que a escalas internacional y nacional, Tlaxcala es considerado como una de las entidades con los más altos índices del delito de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

“Diversos testimonios dan cuenta de que en México la trata es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico, el crimen organizado y hay nexos con hombres propietarios de negocios sexuales metidos en la política”, subrayó.

El análisis retomó los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que revelan que entre 25 y 80 mil pesos es el pago a policías ministeriales para congelar una investigación, y de 800 mil pesos a las autoridades municipales para que no preceda un operativo; además, se calcula que las organizaciones invierten más de 100 mil pesos para la defensa de responsables del delito de trata de personas.

Explicó que, basados en datos de la CNDH, el número de víctimas de trata en México varían entre 50 mil y 500 mil casos; el número de niños sometidos a esclavitud sexual varía de 16 mil a 20 mil y los menores sujetos a explotación sexual ascienden a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.

El documento hace énfasis en que cada año alrededor de 21 mil menores son captados por las redes de trata con fines de explotación sexual y 45 de cada 100 son niñas indígenas; en tanto, 93 por ciento de las víctimas son mujeres y 26 por ciento menores de edad.

Advirtió que el reclutamiento de menores para ser usados como halcones, mulas, sicarios o secuestradores es cada vez más común en algunos estados del norte y en áreas suburbanas de alta marginación del oriente de la Ciudad de México, y en otras ciudades de menor tamaño.

Se estima que el internet está presente en uno de cada cinco casos de trata de personas y más de 50 por ciento de los delitos cometidos por este medio se relacionan con la pornografía y la trata de menores.

Recordó que el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido en 2013 por la Asamblea General de la Naciones Unidas con el propósito de “concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos”.

Agregó que la trata es un delito grave que afecta a todo el mundo en el ámbito familiar, que tiene como fin la servidumbre doméstica, o en complejas operaciones de corporaciones del crimen organizado.

UdeG otorga premio a ‘Las Patronas’

Norma Romero Vázquez, fundadora del movimiento de Las Patronas, -conocido así por el pueblo de Veracruz del mismo nombre donde sus integrantes reparten desde hace 23 años alimentos a los migrantes que pasan a bordo del tren La Bestia-, recibió ayer en la Universidad de Guadalajara (UdeG), el premio Corazón de León, galardón que la casa de estudios ha entregado en anteriores ocasiones a personajes como Carmen Aristegui, el sacerdote Alejandro Solalinde o el ex presidente uruguayo José Mujica.

La Patrona mayor no pudo retener las lágrimas conmovida por la ovación que le ofrecieron más de mil estudiantes en el auditorio Salvador Allende por su labor humanitaria.

El mejor pago que uno puede recibir es el reconocimiento de ustedes, que se siente y es compartido con cada uno. Agradezco de todo corazón que los jóvenes volteen la mirada a esta obra que dio inicio con nosotras, las mujeres de Las Patronas, pero sobre todo a los indocumentados que nos abrieron los ojos en un tema en el que no veíamos más allá, porque teníamos miedo al compromiso”.

Las Patronas son un grupo de mujeres que trabajan en la comunidad La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y que con la labor de alimentar a los migrantes primero al paso, luego en un comedor y ahora en un albergue, iniciaron desde hace más de dos décadas una actividad que poco a poco se ha extendido por todo el país, en particular en la ruta que siguen los indocumentados centroamericanos hacia Estados Unidos, viajando como pueden en trenes de carga.

“Hubo muchas críticas, decían que ayudábamos a delincuentes, pero no es así, los migrantes son personas muy agradecidas, muy admirables, que nos han enseñado sobre todo el valor humano, saber que como tratas te van a tratar”, sostuvo.

En su breve e improvisado discurso también dijo que México es un país que lo tiene todo y que aunque cada vez más las condiciones de los sin papeles han empeorado, en particular tras la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre habrá maneras de ayudarlos sin ser “racistas”.

Al finalizar el acto, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la UdeG, el gobierno jalisciense y municipal de Zapopan firmaron una carta compromiso para formar un grupo que apoye, de manera altruista, a los migrantes en la entidad a través de un programa de atención.

El acuerdo fue firmado por el alcalde Pablo Lemus; el vicerrector de la UdeG, Miguel Ángel Navarro; el secretario de Desarrollo Social de Jalisco, Miguel Castro y el presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina Varela. Fungieron como testigos el padre Solalinde y la propia galardonada, Norma Romero Vázquez.

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Nota de La Jornada

Candelaria Ochoa propone mesa de trabajo con representantes de los periodistas para trabajar juntos en garantizar su protección.

La diputada de Movimiento Ciudadano Candelaria Ochoa participó en la reunión de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación y los representantes del gobierno federal, que se llevó a cabo en el Palacio legislativo de San Lázaro.

En esta reunión señaló que es importante contar con la perspectiva de los representantes de los periodistas para tener una mesa de trabajo que permita desarrollar acciones puntuales entre el ejecutivo y una ley bien elaborada por el legislativo para que los periodistas puedan acceder a una verdadera protección.

Enfatizó la necesidad de tener una mesa de trabajo conjunta con los representantes de los medios de comunicación y periodistas revisar las características de la Fiscalía y un un mecanismo de protección a partir de la experiencia de los propios periodistas.

La diputada Ochoa Ávalos propuso en esta reunión ordinaria que no se perdiera más tiempo y que se pudiera instalarla mesa de trabajo este mismo día.

Señaló a los representantes del Ejecutivo que se debe prevenir el asesinato de los periodistas y resaltó la importancia de legislar sobre el periodismo de alto riesgo, un tema que se debería de atender en la mesa de trabajo que propuso.

Dijo que si bien existen 8 estados en donde hay un alto riesgo para ejercer el oficio y en donde ya existe un mecanismo para atender este problema, debe establecerse un punto de acuerdo para que todos los estados tengan un mecanismo implementado al respecto de la protección de la vida de los periodistas.

Lamentó que el subsecretario Campa no asistiera a la reunión de la comisión que había sido establecida con tiempo suficiente, ya que la rendición de cuentas y el ejercicio de retroalimentación entre el ejecutivo y el legislativo debe ser un compromiso que se tome con responsabilidad.

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CANDELARIA OCHOA REPRUEBA RESOLUCIÓN DE JUEZ ANUAR GONZÁLEZ Y PIDE JUICIO POLÍTICO EN SU CONTRA.

Ciudad de México a 5 de abril de 2017
Este miércoles la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa reiteró la postura de su bancada, de enérgica desaprobación a  la actuación del Juez Anuar González Hemadi,  quien emitió un amparo a favor de Diego Cruz Alonso, joven que participó en el sonado caso de abuso sexual grupal en contra de una menor el 3 de enero de 2015  en Boca del Río, Veracrúz.
Como se recordará, Diego Cruz en compañía de 3 jóvenes de nombres; Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Gerardo Rodríguez Acosta, obligaron a subir a un auto a una joven que entonces tenía 17 años y abusaron sexualmente de ella, lo que se considera “daños al libre desarrollo personal e individual de la menor”.
La diputada hizo énfasis en que transcurrió  un año para que se dictara orden de aprehensión contra estos cuatro violentadores de mujeres también conocidos como “los porkys”, que a todas luces fueron encubiertos por las autoridades, que fueron omisas. A este año se sumó otro en el que Diego Cruz fue detenido en Madrid y extraditado para enfrentar la justicia.
Después de la lentitud para la aplicación de justicia, el Juez Anuar González Hemadi Tercero de Distrito del estado de Veracruz,  emitió un amparo a favor de Diego para dejarlo en libertad,  hecho que denuncia Ochoa Ávalos, revictimiza a la víctima, violentando de este modo, la Ley general de Victimas.
En la investigación ministerial se desprende el abuso a la menor, quien en ese momento tenía 17 años de edad. Diego Cruz  “Le tocó los senos, le metían sus manos debajo de la falda y [Cruz] le introdujo sus dedos por debajo del calzón y en la vagina”. Aun así, el Juez “no observa una intención “lasciva”, ni que Cruz tuviera la intención de “copular”. Considera lo sucedido como un “roce o frotamiento incidental” y no como abuso sexual.
A pesar de que lo anterior está plenamente documentado y en el colmo de la misoginia, Candelaria Ochoa señala que el juez acusa a la menor de no haber mostrado su estado de indefensión frente a 4 varones, que no demostró el abuso sexual y que la intención de la violación de que fue objeto, no tenía intenciones lascivas, de satisfacer un apetito sexual.
La legisladora apunta que en este caso emblemático, el  amparo no solo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial de nuestro país, contra las convenciones internacionales que ha suscrito México ( como la “Convención de Belem do Pará”) y contra todas las mujeres mexicanas; puesto que expone la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia en nuestro país.
Por ello dijo; “interpusimos también un juicio político al Juez Anuar González Hemadi, quien demuestra que no es un servidor público.  En base en la Ley Federal de los Servidores Públicos y en la Constitución Política, porque prefirió ignorar su función social de juzgador, favoreciendo conductas criminales y pasando por alto el respeto y garantía de los derechos humanos, violentó bienes jurídicos y minó la confianza en las instituciones de impartición de justicia”.
Recalcó que el Poder Judicial de la Federación está obligado a revocar la sentencia del amparo 159/2017-IV y a resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos.

 

DIPUTADAS Y ACTIVISTAS EXIGEN PARIDAD EN EL INE: CANDELARIA OCHOA ENCABEZA LA PETICIÓN

Este martes 28 de marzo, la diputada federal ciudadana Candelaria Ochoa encabezó una rueda de prensa donde fue portavoz de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), diputadas federales y diversas asociaciones, para exigir a la Cámara de Diputados a que otorguen el voto a 3 mujeres, para las 3 vacantes que se tienen que renovar dentro del Consejo del Instituto Nacional Electoral y de esta manera obtener la paridad.
“Las mujeres que compiten por este cargo han mostrado tener los méritos, las calificaciones y la capacidad para formar parte de este órgano que es el árbitro electoral y allí también necesitamos la práctica de género. Es también una oportunidad histórica y necesaria para que los hombres se comprometan con las mujeres”.
Mencionó Ochoa Ávalos que actualmente de 224 consejeros y consejeras que conforman los órganos locales electorales, 114 corresponden a mujeres que ocupan puestos de decisión, lo que habla del avance del INE en la incorporación de la perspectiva de género, por lo que dijo, no debe haber marcha atrás  en la próxima designación.
La legisladora advirtió que lograr la igualdad en las Instituciones es un reto también para los hombres. “Porque seguiremos denunciando cuando muestren prácticas desiguales. Las desigualdades de género son una realidad y sólo podremos atenderlas con acciones y visiones que nos integren a todas, estamos seguras que hoy nos pronunciamos y haremos todo lo necesario y a nuestro alcance para lograr la igualdad entre mujeres y hombres”.
La diputada hizo hincapié en que nuestro país cuenta con mujeres capacitadas, por lo que las 8 candidatas propuestas por el Comité Técnico de Evaluación cuentan con el perfil requerido para la toma de decisiones en el Consejo General del INE.
Informó que, “la petición proviene de un grupo plural de mujeres de diversas instituciones políticas y sociales, así como la asociación mexicana de consejeros estatales electorales y más de 9000 firmas recolectadas en tan solo 5 días en la plataforma  change.org”.
Enfatizó que es una oportunidad única para saldar una deuda pendiente en el INE y para que los diputados demuestren que la intención de apoyar la Igualdad, no queda solo en el discurso.
A la rueda de prensa asistieron Silvia Laura Lechuga, Vicepresidenta de AMCEE; De las activistas, Martha Tagle de la Red de Mujeres en Plural; Cristina Renaud, María Eugenia López Brun; la Directora de Borde Político, Mariana Niembro; y las diputadas Hortensia Aragón y Mirza Flores.

 

Candelaria Ochoa propone transparentar los recursos recaudados por el IEPS para garantizar que el impuesto cumpla su objetivo

Ciudad de México a 16 de marzo de 2017

La Diputada Ciudadana Candelaria Ochoa propuso una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la Secretaría de Hacienda elabore cada año dentro del proyecto de Presupuesto de la Federación, un anexo que muestre de manera clara y comprobable el monto obtenido por medio del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) aplicado a distintos productos, con el propósito de conocer cuántos recursos son destinados a contrarrestar o resolver problemas sociales como la obesidad y el consumo de alcohol y tabaco y el grado de efectividad de los mismos.

“Nos parece preocupante la opacidad con la que los IEPS son administrados, pues levanta suspicacias sobre su papel y las cajas chicas o negras del gobierno federal”, dijo la diputada Ochoa al mencionar que en septiembre de 2016, ante una solicitud de información del diario El Universal para conocer los programas a los que se destinó la recaudación obtenida del IEPS a bebidas, la Secretaría de Hacienda respondió que no existe un mecanismo que permita identificar el destino específico de los recursos recaudados con ese impuesto.

El IEPS grava bebidas alcohólicas, tabaco, pesticidas, plaguicidas, bebidas azucaradas, alimentos con alto contenido calórico, así como los juegos y apuestas, pero también se grava con el IEPS las telecomunicaciones que utilizan la red pública nacional y los combustibles fósiles, que estos dos últimos no son un perjuicio social sino al contrario.

Sin embargo, a pesar de que el IEPS está directamente relacionado con las problemáticas particulares y concretas, no hay claridad ni certeza de que el destino de su recaudación se destine a programas o proyectos enfocados a solucionar o paliar los efectos negativos como resultado de las actividades y productos gravados. Hay una gran opacidad en el manejo del mismo.

“De hecho, en la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se establece que el IEPS a gasolinas y combustibles fósiles se destinará a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal”, dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano.

También se establece que los estados y municipios recibirán cuotas de recaudación por el IEPS en lo relativo a las bebidas alcohólicas y los tabacos. Sin embargo, los otros productos contemplados como gravados con impuesto especial, no tienen una distribución presupuestaria territorial específica. Es el caso de las gasolinas y de las telecomunicaciones y todas las demás que ya dijimos.

“Por ello, la mayor parte de lo recaudado queda en las arcas federales y su seguimiento en cuanto destino final es prácticamente nulo, pues su rastro desaparece tanto en la Federación como en los estados y municipios”.

Planteó que los problemas sociales que dan origen a estos IEPS siguen estando muy presentes en la sociedad mexicana. Por ejemplo, México sigue teniendo problemas de obesidad, de diabetes y de hipertensión vinculados a comidas de alto contenido calórico y bebidas azucaradas. El 30 por ciento de los casos de cáncer siguen ligados al consumo de tabaco y el uso de plaguicidas continúa erosionando las tierras de cultivo, contaminando ríos y sistemas de agua potable, además de causar cáncer en las poblaciones agrícolas.

“Recaudamos este impuesto especial, pero no se previenen los efectos negativos de los productos. Recordemos que e IEPS representó en 2016 el 8.5 de los ingresos del sector público, con un monto total de 411 mil 389.4 millones de pesos y, en 2015 el 11.14 por ciento de dichos ingresos, con un monto de 354 mil 299.5 millones”.

Consideró que la Secretaría de Hacienda debe integrar un anexo informativo dentro del proyecto de Presupuesto de la federación, en el que se muestre de manera clara y comprobable la vinculación del monto obtenido por IEPS, por rubro con el destino final por programa y orden de gobierno, a fin de poder dar seguimiento a los recursos, dar certeza sobre el uso eficiente de los mismos en programas vinculados a contrarrestar o eliminar las problemáticas sociales y saber la efectividad de los mismos.

Su propuesta consiste en una adición a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para contar con la información de los programas y proyectos de inversión específicos, soportados por los ingresos obtenidos vía impuestos especiales sobre producción y servicios, su distribución en dependencias y entidades por unidad responsable y el nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto.

“Esto nos ayudará a tener un seguimiento puntual de efecto del IEPS para mejorar los resultados que se proponen”, dijo la diputada Ochoa.