Detener la explotación de los bancos de arena en Temacapulín exigió la diputada federal por Jalisco Candelaria Ochoa, a unas semanas de las denuncias de habitantes del poblado donde autoridades estatales y federales construyen la Presa El Zapotillo.
Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “intervenga e investigue la explotación de los materiales del río Verde y se respete la autonomía comunitaria de Temacapulín”, pidió a través de un punto de acuerdo promovido en el Congreso de la Unión a fin de parar la extracción de materiales.
Los gobiernos estatal y federal, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), deben además “revisar el permiso provisional que se había otorgado a los areneros y que se finquen responsabilidades, pues actualmente trabajan de forma ilegal”.
La extracción de materiales representa contaminación en el río Verde, daños en algunas viviendas y los caminos de la región por el uso de maquinaria y la dinamitación de roca en los bancos de arena, explicó.
La legisladora del partido Ciudadano (MC) recordó que los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han denunciado “que el gobierno estatal, a cargo de Aristóteles Sandoval, ha realizado acciones para intimidar a los pobladores, que recientemente han realizado protestas pacíficas para detener a las compañías que explotan los bancos de arena con permisos falsos”.
Y acusó al alcalde de no defender a sus gobernados, lo cual, dijo, es sospechoso. “El presidente municipal ha llegado a acuerdos con los areneros que no son legales. Por lo que solicito que sea revisada su cuenta pública y personal”.
Por cuestiones judiciales, la Presa El Zapotillo quedará a 80 y no a 105 metros de altura al concluir la actual administración, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra.
Desde hace más de dos sexenios, integrantes de la agrupación Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo se han resistido a la construcción de la presa porque representa la inundación de los tres poblados y la mayor parte del agua iría al vecino estado de Guanajuato, según han reconocido autoridades.
Tocará al gobierno entrante decidir si continúa la disputa en tribunales en contra de los habitantes que se oponen a la obra, informó el 27 de marzo Ramírez de la Parra.
“Ya no podremos estar pensando en una presa a 105 metros mientras no se resuelva el tema judicial. En este momento, lo que hemos decidido es dejar así la cortina. Así la va a entregar la actual administración: la presa a 80 metros”.
A la par de la construcción, pobladores han denunciado extracción de arena y materiales naturales en la zona, lo cual, se quejan, atenta contra su derecho a un medio ambiente sano.
Publicado originalmente en NTR
