Exigen a CONAGUA cancelar permisos de extracción en Río Verde

Si fueron suspendidos los trabajos de construcción de la presa en la zona de Temaca, deben cancelarse también los permisos a concesionarios areneros, dicen pobladores y legisladores ciudadanos.

Ante el peligro que están generando a los pobladores los hundimientos de tierra por la extracción indiscriminada de tierra, la falta de un estudio de impacto ambiental y la suspensión de la construcción de la presa en esa zona del Río Verde, pobladores y legisladores ciudadanos exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que cancele los permisos que ha otorgado a los areneros en la zona de Temacapulín.

En conferencia de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Colectivo de Abogados COA, la diputada federal Candelaria Ochoa Ávalos y el diputado Augusto Valencia López, acusaron diversas irregularidades que están provocando la depredación salvaje por parte de los concesionarios areneros, principalmente el hecho de que la Conagua mantenga vigentes permisos de extracción de arena de río hasta por 30 años.

“Como está detenida la presa judicialmente, lo que nosotros solicitamos como Congreso y como diputada y diputado que hemos estado dando seguimiento a este tema, es que la Conagua, en este momento, suspenda cualquier permiso de extracción de arena que esté vigente”, solicitó la legisladora ciudadana, junto con el diputado Valencia López y los representantes de los pobladores.

La Conagua ha dado estos permisos sin un estudio de impacto ambiental y sin lo que representa esta extracción. Pueden decir que es normal que se den permisos para que se extraiga arena de los ríos, sí, para desasolve; pero no para lo que se está haciendo”, señaló.

Para dimensionar el tamaño del negocio, la diputada Candelaria Ochoa refirió que a diario se extraen aproximadamente 20 camiones de arena de río de cada uno de los más de 20 bancos detectados en la zona de Temacapulín, y que cada camión se comercializa entre 2 mil 500 y 3 mil pesos.

“El río está lleno de arena y piedra de diferente tamaño. En el caso de Temacapulín hay al menos dos depósitos de arena o tres; de ahí los trasladan a Cañadas, a la cabecera y también a Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Mexticacán, toda esa zona de Los Altos, ahí se vende (la arena)”, precisó el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Comité.

Entre las irregularidades, señalan la entrega de concesiones hasta por 30 años, por parte de Conagua, algunas de las cuales no precisan fecha de inicio ni de término de las mismas, “error” que puede permitir a los extractores rebasar el periodo, así como el permitirles operar sin licencias municipales, sin permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni manifiestos de impacto ambiental.

También acusan el incumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad por parte de las autoridades del Municipio de Cañadas, quienes no han logrado frenar el paso de los camiones por las poblaciones.

Como parte de las acciones para frenar la extracción indiscriminada de material del Río Verde, la Diputada Candelaria Ochoa presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Profepa, de la que han derivado dos visitas de inspección. En la primera, fue clausurado uno de los aproximadamente 23 bancos de extracción detectados a lo largo de los 3 kilómetros donde la Conagua dio permisos, y la otra se realizó hoy.

“Sin embargo, quiero decirles que la Profepa no puede vigilar a la Conagua; o sea, el propio Ejecutivo no se vigila a sí mismo. La Conagua da permisos sin estudios de impacto ambiental y la Profepa dice que no puede hacer nada”, lamentó la legisladora federal del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Adicionalmente, el diputado Augusto Valencia exigió que cese la persecución judicial de los líderes sociales María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza, participantes en una manifestación por la defensa de sus tierras.

Piden parar extracción de Arena en Temaca

Detener la explotación de los bancos de arena en Temacapulín exigió la diputada federal por Jalisco Candelaria Ochoa, a unas semanas de las denuncias de habitantes del poblado donde autoridades estatales y federales construyen la Presa El Zapotillo.

Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “intervenga e investigue la explotación de los materiales del río Verde y se respete la autonomía comunitaria de Temacapulín”, pidió a través de un punto de acuerdo promovido en el Congreso de la Unión a fin de parar la extracción de materiales.

Los gobiernos estatal y federal, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), deben además “revisar el permiso provisional que se había otorgado a los areneros y que se finquen responsabilidades, pues actualmente trabajan de forma ilegal”.

La extracción de materiales representa contaminación en el río Verde, daños en algunas viviendas y los caminos de la región por el uso de maquinaria y la dinamitación de roca en los bancos de arena, explicó.

La legisladora del partido Ciudadano (MC) recordó que los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han denunciado “que el gobierno estatal, a cargo de Aristóteles Sandoval, ha realizado acciones para intimidar a los pobladores, que recientemente han realizado protestas pacíficas para detener a las compañías que explotan los bancos de arena con permisos falsos”.

Y acusó al alcalde de no defender a sus gobernados, lo cual, dijo, es sospechoso. “El presidente municipal ha llegado a acuerdos con los areneros que no son legales. Por lo que solicito que sea revisada su cuenta pública y personal”.

Por cuestiones judiciales, la Presa El Zapotillo quedará a 80 y no a 105 metros de altura al concluir la actual administración, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra.

Desde hace más de dos sexenios, integrantes de la agrupación Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo se han resistido a la construcción de la presa porque representa la inundación de los tres poblados y la mayor parte del agua iría al vecino estado de Guanajuato, según han reconocido autoridades.

Tocará al gobierno entrante decidir si continúa la disputa en tribunales en contra de los habitantes que se oponen a la obra, informó el 27 de marzo Ramírez de la Parra.

“Ya no podremos estar pensando en una presa a 105 metros mientras no se resuelva el tema judicial. En este momento, lo que hemos decidido es dejar así la cortina. Así la va a entregar la actual administración: la presa a 80 metros”.

A la par de la construcción, pobladores han denunciado extracción de arena y materiales naturales en la zona, lo cual, se quejan, atenta contra su derecho a un medio ambiente sano.

 

Publicado originalmente en NTR