Siempreviva: Guadalajara se revolucionó con las explosiones del 22 de abril

Con la revolución dentro es el libro de Jorge Gómez Naredo, publicado recientemente por la Cámara de Diputados, nos muestra de manera acuciosa y analítica la lucha de las y los lesionados por la tragedia del 22 de abril de 1992 y que se convirtieron en sujetos históricos. Es un trabajo que recupera sus vivencias sobre la catástrofe vivida que cambió sus vidas, sus prácticas, su entorno y su forma de mirar el mundo.

Porque esta tragedia además de marcarlos de por vida, nos marcó a quienes vivimos en Guadalajara. La tragedia que sufrieron quienes habitaban la zona de Analco, la colonia Atlas, San Carlos, Las Conchas, Quinta Velarde, Álamo Industrial, El Rosario y Fraccionamiento Revolución. Todas las personas fueron sorprendidas cuando vieron explotar las calles por las que transitaban de manera cotidiana.

Aproximadamente a las 10:05 de la mañana sucedió la primera explosión en la calle de Aldama y la Calzada Independencia; y así siguieron las calles de Gante, Nicolás Bravo, Calzada del Ejército, Mexicaltzingo, Silverio García, 5 de febrero, Río Nilo, Río Pecos, Río Álamo, Río Suchiate, González Gallo. También se afectaron otras calles que por cerca de una hora y quince vieron volar todo lo que tenían: su vida, su patrimonio y su vitalidad física. Los afectados: niños, niñas, mujeres, hombres o jóvenes, que vivían en la zona, que trabajaban ahí o que sólo transitaban en esa hora trágica por ahí, que viajaban en autobús urbano, en automóvil o caminando: a todos los marcó la tragedia. Fueron 16 kilómetros de calle, y según el INEGI 98 manzanas afectadas y cerca de 60 destruidas. Las cifras oficiales 210 muertos, aunque se estima que existe un número mayor, el cual no conoceremos nunca.

   Dos días antes de las explosiones, los habitantes de la zona estuvieron pidiendo auxilio, llamaron a todos los sistemas de emergencia: bomberos, policía, protección civil y SIAPA. Sin embargo, el Ayuntamiento de Guadalajara tardó dos días en mandar personal que supervisara los reportes, la respuesta fue: No hay riesgo de explosividad. Fue hasta ese mismo 22 de abril por la mañana que dos trabajadores del SIAPA tuvieron la desafortunada experiencia de la primera explosión. Negligencia, irresponsabilidad y descuido, es lo menos que se puede señalar ante tal riesgo, a 26 de años de la tragedia del 22 de abril, es fecha que no existen culpables de los hechos. La gasolina derramada, los cambios de ruta de los drenajes y la mala planeación del mismo, que ocasionaron la acumulación de gases, parece que fueron obra de manos invisibles, de mentes de personas inexistentes.

Las explosiones del 22 de Abril de 1992 movilizaron a la sociedad civil y ello evidenció la ineficacia de las autoridades, ante un gobierno que no supo cómo reaccionar para prevenir la tragedia y cómo actuar ante el desastre. La ciudad quedó paralizada. La inacción de las autoridades generó que cientos  de voluntarios se convirtieran en piezas clave para el rescate de personas de entre los escombros e impidieron el ingreso de maquinaria que las autoridades ordenaron. Gracias a esas voluntades civiles también se pudieron salvar vidas: bebés, infantes, mujeres y hombres.

Desafortunadamente murieron personas, y este libro da cuenta de cómo pudieron sobrevivir las y los lesionados que tuvieron que pasar días y meses internados en hospitales, quienes poco a poco fueron recuperando su fuerza para luchar por justicia y reclamar que el Estado en todos sus niveles se hiciera cargo de su tratamiento médico y de su patrimonio perdido. Surgieron asociaciones que siguen exigiendo un trato justo, un trato digno ante esa negligencia que les cambio la vida.

Como dice Jorge, las y los lesionados han marcado su propio derrotero y con su presencia real y mediática, han logrado mantener en la palestra política sus peticiones y exigencias. Su lucha es producto de la injusticia. La tragedia los convirtió en personas en condición de vulnerabilidad, ya que de ser personas sanas, se convirtieron en personas con alguna discapacidad o varias, que les impidieron continuar con una vida sana y laboralmente útil.

En este libro, Jorge Gómez Naredo se propone explicar el proceso que vivieron los lesionados, y a lo largo del mismo, nos muestra que no todos, aun y cuando coincidan en la lucha, tienen la misma forma de enfrentar, confrontar, asumir y reclamar un trato justo al gobierno en turno para resarcir los daños a sus vidas y patrimonio.

Recordamos la tragedia que, hace 26 años, pudo haber sido evitable. El desalojo a tiempo de las personas de la zona hubiera causado daños materiales, pero no pérdida de vidas. Hoy recordamos a las víctimas, a las y los muertos, pero sobre todo, a las personas que están con vida y que han dado una lucha importante para garantizarse una calidad de vida a pesar de sus tragedias personales como consecuencia de sus lesiones.

Dice Jorge sobre las y los lesionados …en su afán de sobrevivir no les quedó de otra que asimilar con prontitud la necesidad de resocializarse, de reinventarse en nuevos escenarios muy distintos a los que estaban acostumbrados. No solamente perdieron familiares, bienes materiales o alguna otra cosa. También perdieron por el momento el sentido de vivir que reencontraron cuando empezaron a reconocer su revolución o cambio de vida desde muy dentro, desde lo más entrañable de sus cuerpos y de sus convicciones.

Una de las preocupaciones de Jorge en este libro, es mostrarnos que los “damnificados” del 22 de abril no son seres homogéneos, que ni todos los damnificados eran damnificados de la misma forma, ni todos andaban unidos y sin diferencias. Y este es el gran potencial que este libro retoma, las pérdidas fueron muchas y diversas, las secuelas de la misma manera, por tanto, se posicionaron de distintas maneras quienes fueron las y los lesionados, por su condición física y por tanto, resarcir los daños estaban centrados en sus cuerpos.

Por su parte el gobierno estatal a través del Patronato no “conoció” a las y los lesionados hasta casi un año después, pero ahí estaban, con pérdidas en sus cuerpos, con pérdidas en sus rostros, con pérdidas en sus afectos, emocional y económicamente devastados y a ellas y ellos, les fue más difícil resarcir sus heridas para exigir sus derechos. Pasaron días, meses y han pasado años, para que puedan reconstruir sus vidas en condiciones adversas. Llevan esa revolución dentro desde el 22 de abril de 1992.

Las y los lesionados se convirtieron en agentes políticos, se hicieron visibles al gobierno, a la sociedad y a los medios de comunicación. Sus demandas se empezaron a desplegar con estrategias diversas, algunas mas contestatarias otras más dóciles a la autoridad. Ello trajo como consecuencia la división en grupos de lesionados y las fracturas de demandas. Pero sin duda, esta experiencia los ha convertido en actores con agencia, es decir, en actores que han sabido ser interlocutores del gobierno para negociar un mejor trato a su salud y en mejorar sus condiciones económicas.

Después de 26 años se preocupan porque seamos sensibles ante tragedias como estas, a prevenir desastres, pero sobre todo, siguen clamando por el esclarecimiento de los hechos, a través de sus acciones cotidianas, de su conmemoración cada 22 de abril, de los murales en las calles donde explotó el colector.

La escultura Estela contra el olvido, de Alfredo López Casanova nos recuerda la tragedia, también nos recuerda la unión y solidaridad de la sociedad tapatía que se volcó el 22 de abril a apoyar con sus propias manos a rescatar de los escombros a las personas e impidió que ingresaran las máquinas a recoger el escombro si había señales de vida. Muchas de las y los lesionados fueron rescatados así.

El 22 de abril no vuelve a recordar que para que haya justicia, se requiere resarcir, en la medida de lo posible, las afectaciones humanas y físicas y reparar los daños como una acción de derechos humanos que sufrieron no sólo quienes vivían, tenían sus negocios o se trasladaban por la zona durante las explosiones.

Hace 4 años como regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, propuse que se ofreciera una disculpa pública a todas las personas afectadas por las explosiones del 22 de abril en Guadalajara que padecieron la negligencia de quienes tuvieron la responsabilidad del gobierno de la ciudad en su momento y que no actuaron conforme a su investidura, así como que en una muestra de buena voluntad, el Presidente municipal convocara a la conformación de una Comisión temporal para dar seguimiento a los compromisos firmados por el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval con las  y los vecinos afectados por las explosiones del 22 de abril de 1992, así como apoyar y acompañar a los afectados agrupados en la Asociación 22 de Abril y asegurarse que los compromisos contraídos se cumplieran en tiempo y forma.

Las y los lesionados de esta tragedia han sido muy eficaces en su tarea contra el olvido, que a pesar de sus pérdidas físicas y emocionales se mantuvieron firmes, han sostenido como dice Jorge una rebelión cotidiana y anhelos de cambio, porque siguen llevando la revolución dentro.

Columna de opinión de Candelaria Ochoa
Publicado originalmente en MX Político

Después de presentada denuncia, PROFEPA cancela extracciones del Río Verde

La diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa presentó el viernes 27 de abril una denuncia ante la PROFEPA en contra de quien resulte responsable por la contaminación y explotación de bancos de arena en el Río Verde, que han provocado un daño irreparable tanto al río como a la comunidad de Temacapulín, a causa de las perforaciones en los bancos de arena. Hoy mismo por la tarde, el organismo anunció que cancela y suspende temporalmente las actividades de extracción de material pétreo en la zona.

  Por ello, la diputada expresa con gran satisfacción que después de presentada la denuncia, la PROFEPA haya reaccionado y difundió mediante un comunicado que “Durante la diligencia de inspección se solicitó al visitado la documentación expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de impacto ambiental, en la que hubiesen sido autorizadas las actividades de extracción de material pétreo en el cauce del citado río, quien exhibió un permiso; sin embargo, el mismo correspondía  a la extracción de material pétreo en una zona diferente, por lo que dicho permiso no autorizaba las actividades inspeccionadas”.

Al considerar que toda extracción de material pétreo altera la geometría del cauce, flujo y morfología del río, además del riesgo de daño a los recursos naturales, la PROFEPA impuso como medida de seguridad la clausura total de manera temporal las actividades de extracción”.

Aprueban en Senado iniciativa contra el acoso, de Candelaria Ochoa

El Pleno del Senado de la República, aprobó este jueves una reforma en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define con claridad los términos de hostigamiento sexual y acoso sexual, con el fin de evitar lagunas legales e impunidad, cuando se presenten denuncias por este tipo de delitos, en los ámbitos laboral y académico.

Como se recordará, el pasado 16 de febrero La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen producto de la iniciativa de la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos para que el acoso en planteles escolares y espacios de trabajo sea considerado acoso sexual y por lo tanto, un delito.

“Erradicar la violencia contra las mujeres no es sencillo, hoy a 10 años de la creación de la Ley aún tenemos problemas para implementarla” señaló la legisladora, quien recordó que el dictamen fue regresado en 3 ocasiones por la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género.

La reforma define el hostigamiento sexual como “el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral, escolar, docente, doméstico o cualquier otro en el que exista subordinación. Se expresa con conductas verbales, físicas o ambas, independientemente de que se realice en uno o varios eventos, relacionados con la sexualidad de connotación lasciva”.

En tanto, el acoso sexual se define como “una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder, en el que se percibe un ambiente hostil que puede desencadenar en intimidación, condicionamiento o humillación y que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.

Candelaria Ochoa ha mencionado en diversas ocasiones, que la lucha de las Diputadas Ciudadanas en contra de la violencia de género en todas sus expresiones, el acoso y la cosificación de las mujeres ha sido una de las principales banderas que han impulsado durante esta legislatura, por lo cual aplaude y se congratula por la determinación del Senado.

Piden parar extracción de Arena en Temaca

Detener la explotación de los bancos de arena en Temacapulín exigió la diputada federal por Jalisco Candelaria Ochoa, a unas semanas de las denuncias de habitantes del poblado donde autoridades estatales y federales construyen la Presa El Zapotillo.

Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “intervenga e investigue la explotación de los materiales del río Verde y se respete la autonomía comunitaria de Temacapulín”, pidió a través de un punto de acuerdo promovido en el Congreso de la Unión a fin de parar la extracción de materiales.

Los gobiernos estatal y federal, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), deben además “revisar el permiso provisional que se había otorgado a los areneros y que se finquen responsabilidades, pues actualmente trabajan de forma ilegal”.

La extracción de materiales representa contaminación en el río Verde, daños en algunas viviendas y los caminos de la región por el uso de maquinaria y la dinamitación de roca en los bancos de arena, explicó.

La legisladora del partido Ciudadano (MC) recordó que los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han denunciado “que el gobierno estatal, a cargo de Aristóteles Sandoval, ha realizado acciones para intimidar a los pobladores, que recientemente han realizado protestas pacíficas para detener a las compañías que explotan los bancos de arena con permisos falsos”.

Y acusó al alcalde de no defender a sus gobernados, lo cual, dijo, es sospechoso. “El presidente municipal ha llegado a acuerdos con los areneros que no son legales. Por lo que solicito que sea revisada su cuenta pública y personal”.

Por cuestiones judiciales, la Presa El Zapotillo quedará a 80 y no a 105 metros de altura al concluir la actual administración, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra.

Desde hace más de dos sexenios, integrantes de la agrupación Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo se han resistido a la construcción de la presa porque representa la inundación de los tres poblados y la mayor parte del agua iría al vecino estado de Guanajuato, según han reconocido autoridades.

Tocará al gobierno entrante decidir si continúa la disputa en tribunales en contra de los habitantes que se oponen a la obra, informó el 27 de marzo Ramírez de la Parra.

“Ya no podremos estar pensando en una presa a 105 metros mientras no se resuelva el tema judicial. En este momento, lo que hemos decidido es dejar así la cortina. Así la va a entregar la actual administración: la presa a 80 metros”.

A la par de la construcción, pobladores han denunciado extracción de arena y materiales naturales en la zona, lo cual, se quejan, atenta contra su derecho a un medio ambiente sano.

 

Publicado originalmente en NTR

Llaman a Presidente de la Cámara a aprobar iniciativas contra la violencia de género

La Bancada de los Ciudadanos llamó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a aprobar las iniciativas que se encuentran dictaminadas por la comisión de igualdad y que buscan combatir la violencia contra las mujeres.

En una rueda de prensa encabezada por las diputadas Candelaria Ochoa y Claudia Corichi señalaron que el presidente de la mesa directiva debe honrar la palabra que hizo en su momento Jorge Carlos Ramírez Marín de aprobar el dictamen, pues se trata de una cuenta pendiente de la Cámara de Diputados con todos las mujeres de México.

Ante el panorama de violencia creciente en contra de las mujeres, la diputada ciudadana Candelaria Ochoa presentó dos puntos de acuerdo que fueron respaldados por el grupo parlamentario, que buscan que se investigue, esclarezcan y finquen responsabilidades por los feminicidios de la activista María Guadalupe Hernández Flores (Cleo) y de la maestra de la UNAM Graciela Cifuentes y su hija Flor Cifuentes.

La diputada Claudia Corichi señaló que es urgente que se aprueben el paquete de iniciativas que contiene el dictamen, pues desde septiembre del año pasado el Presidente de la Mesa Directiva se comprometió a aprobarlo.

“Ayer recordamos al actual presidente de la mesa directiva de un compromiso que vamos a poner en nuestras redes sociales, donde instruye a la secretaría a que se acopien todas las iniciativas de violencia sexual y violencia de género para que se dictaminaran antes de que se terminara el periodo”.

A la rueda de prensa asistieron las diputadas Verónica Bermúdez, Marbella Toledo, Rosa Alba Ramírez Nachis, Dennisse Hauffen, Dalia Rocha, Daniella Hernández y Laura Plascencia, así como los diputados Germán Ralis, Jorge Álvarez Máynez, Juan Chávez, Adán Pérez Utrera, Salvador García, Gustavo Cárdenas y Moisés Guerra Mota, quienes apoyaron los puntos de acuerdo.

Exigimos al gobierno detener el hostigamiento contra pobladores de Temacapulín

Candelaria Ochoa pide al gobierno detener el hostigamiento contra los pobladores de Temacapulín por defender sus tierras y el Río Verde.

La diputada Candelaria Ochoa anunció la presentación de un punto de acuerdo para detener la explotación de bancos de arena en el Municipio de Temacapulín, en Jalisco. Esto, debido a que la extracción ha contaminado el Río Verde, ha dañado las viviendas y los caminos y ha perjudicado el medio ambiente en la región de la comunidad de Temacapulín.

La diputada ciudadana señaló que el llamado a comparecer a tres pobladores por una protesta pacífica realizada en contra de la extracción de la arena es un acto de intimidación por parte del gobierno estatal en contra de los pobladores.

“Denuncio ante esta tribuna, que el presidente municipal ha llegado a acuerdos con los areneros que no son legales. Por lo que solicito que sea revisada su cuenta pública y personal” comentó Candelaria Ochoa, al destacar que los areneros no cuentan con permisos federales para la extracción.

Además, llamó al gobierno del estado a actuar en las investigaciones y fincar responsabilidades por la contaminación del Río Verde y al Gobierno Federal para que revise junto con la Conagua el permiso provisional que se había otorgado a los areneros y que se finquen responsabilidades, pues actualmente trabajan de forma ilegal.

Por último hizo un llamado a la PROFEPA para que intervenga e investigue la explotación de los materiales del Río Verde y se respete la autonomía comunitaria de Temacapulín.

Candelaria Ochoa presentó está denuncia a los medios de comunicación acompañada del defensor comunitario Emilio Gómez, un vecino de la comunidad de Temacapulín, y junto con los Diputados Ciudadanos Daniella Hernández, Verónica Bermúdez, Germán Ralis, Salvador García y Juan Chávez Ocegueda.

La construcción de la presa El Zapotillo ha costado 27 mil millones de pesos, que han sido ejercidos de manera poco transparente. Este costo es 400% más alto que el presupuesto original estimado para la presa, que era de 7 mil millones de pesos. La Bancada de los Ciudadanos se ha pronunciado en todo momento en contra de la construcción de una cortina superior al límite de 80 metros, pues se destruirían los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Debemos trabajar junto las policías en la Alerta de Género

Este viernes en el Ayuntamiento de Guadalajara se realizó el primer foro nacional en materia de Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencias en el ámbito municipal, al cual fue invitada a participar la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos.

La legisladora envió un mensaje fuerte y claro, “No se puede hacer alerta de género si las policías no están involucradas”. Compartió que durante la mesa de trabajo que organizó en la CDMX el pasado 28 de febrero con operadoras de la alerta de género, se detectó que no se trabaja en coordinación con la policía. Resaltó también que ya son aproximadamente 20 años de talleres y capacitación y los funcionarios siguen sin modificar su actitud de atención hacia las mujeres.

La diputada señaló que según el estudio de “Jalisco Cómo vamos?” publicado recientemente, cuando las mujeres se ven en situación de peligro no llaman a la policía, y cuando llegan a acudir a veces no atienden los casos,  por lo que se requiere una intervención concreta. “Ninguna mujer que tenga orden de protección se puede morir”, añadió.

Candelaria Ochoa informó que los diálogos y reuniones de trabajo sobre el tema con el ex Comisario de Guadalajara y ahora diputado Salvador Caro, tuvieron una respuesta positiva, con mucha apertura y con la instalación de una mesa Interinstitucional donde participaron hospitales, universidades y asociaciones civiles para estudiar la problemática y como resultado, se implementó el código rosa (el cual es una identificación emergente de las mujeres en el municipio de Guadalajara que tienen órdenes de protección).

En su intervención Ochoa Ávalos recalcó la importancia de detectar focos rojos de peligro donde transitan las mujeres, con el fin de elaborar un diagnóstico y prevenir la violencia. Recordó que la policía ya puede intervenir en los casos de acoso en el transporte público

Ochoa Ávalos enfatizó que a ella al igual que al diputado Salvador Caro y al Gobierno de Guadalajara, les preocupa la seguridad de las mujeres y en especial, erradicar el feminicidio.

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8M: No nos feliciten, hagan realidad el derecho a la felicidad

Desde tribuna y en el Día Internacional de la Mujer, la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos señaló que hoy como hace 112 años, la lucha por conquistar derechos, continúa. Hizo un llamado a la Cámara de Diputados para legislar y lograr la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

La legisladora sostiene que la demanda es la misma, transformar la cultura de la desigualdad.

“Los derechos de las mujeres no han sido un regalo, sino una conquista. Hoy en esta Cámara se incorporó la paridad después de casi veinte años de haberse presentado la primera iniciativa; 1994 sobre la cuota; 1997 la primera “recomendación” a los partidos para incoporar a las mujeres en sus listas de candidaturas; 2002 la incoporación a la legislación electoral; 2012 la Sentencia 12624, 2015 aplicación de la paridad. Y será en 2018 cuando aplique además la paridad vertical y horizontal en los ayuntamientos. Solo por mencionar la representación política”.

Candelaria Ochoa apuntó que hay muchas asignaturas pendientes en los ámbitos laboral, social y político como el acceso a los mercados de trabajo en paridad y recibir el salario igual por igual trabajo, además de buscar sanciones para el acoso y hostigamiento solo por mencionar algunas.

Convocó a la sociedad en conjunto a garantizar la igualdad en todos los espacios y erradicar la violencia hacia mujeres y niñas en todas sus manifestaciones no solo hoy, sino mañana y siempre.

“Este día no nos digan “feliz día de la mujer”, hagan realidad el derecho a la felicidad. Hagamos desde este espacio reformas para que las mujeres vivamos de manera igualitaria y equitativa. Legislemos para que se respeten nuestros derechos de manera plena; que se reformen las leyes y códigos que discriminan a niñas y mujeres; que transformemos la cultura de la desigualdad; que la maternidad sea una opción y no una obligación; que la sexualidad sea placentera y sin culpa; que la violencia de género, el hostigamiento y el acoso se sancionen; que la paternidad responsable sea una realidad; que los partidos respeten nuestro derecho a ser electas”.

Siempreviva: Inconclusa la tarea contra la violencia y la alerta de género

La alerta de género se ha declarado para municipios en 12 estados: Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Quintana Roo; y se admitió la solicitud de alerta para municipios en: Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, aun cuando se han hecho trámites para solicitarla, esta se ha negado en Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Ciudad de México.

Sin embargo, dicha declaratoria de alerta sufre de tremendas trabas burocráticas en razón de intereses políticos. Las alertas de género, cuando logran ser declaradas, muchas veces lo hacen después de más de un año de esfuerzos constantes y desgastantes por parte de mujeres desde la sociedad civil. Y es por eso que proponemos que sean esas mujeres quienes se hagan cargo del proceso para declarar las alertas de género: crear un Comité de expertas, quienes sean electas después de una convocatoria pública.

La vida de las mujeres no puede quedar al arbitrio de intereses políticos y negligencias. Queremos, además, reestructurar el mecanismo para hacerlo más eficiente.  Desde esta Cámara he propuesto que la Alerta de género debe ser expedita; Reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el feminicidio como delito que admite prisión preventiva;

Crear un mecanismo mediante el cual las autoridades puedan –y deban- activar la Alerta de Género cuando la violencia contra todas las mujeres así lo exija, reconocer la violencia a personas trans y los delitos por homofobia; Reconocer el acoso sexual en el espacio público como una manifestación más de violencia contra las mujeres;  Hacer más eficiente el mecanismo  y crear un Comité de selección más amplio que elija a las integrantes del Comité de Expertas, quienes sean electas después de una convocatoria pública; Reformar el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un plan estratégico, crear los instrumentos e indicadores de seguimiento y evaluación de los resultados de las acciones preventivas, de seguridad y justicia; y establecer calendarios de acción, seguimiento e información de las acciones y resultados de las medidas establecidas en la declaratoria de alerta de violencia de género.

Además, he propuesto los siguientes puntos de acuerdo: Con el que se exhortó al Ejecutivo federal a desarrollar una base de datos sobre casos feminicidio y que diseñe y ejecute un Programa integral para prevenir, atender y erradicar el feminicidio. También se exhortó al Poder Judicial de la federación y de las entidades federativas, el otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección, así como la aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género y debida diligencia del feminicidio; Se exhortó a las legislaturas de los estados a revisar su códigos penales a fin de considerar, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero, la estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a la perspectiva de género, a elementos objetivos que no dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza jurídica autónoma del homicidio, con base en la descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal. (éste fue aprobado en abril de 2016 y solo hubo respuesta de tres estados Guanajuato, Puebla y Morelos); Se exhortó a los gobiernos municipales de la República Mexicana a expedir y fortalecer su reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia o de combate, atención y erradicación a la violencia de género o sus equivalentes. Así como a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a trabajar con los gobiernos municipales en capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de combate a la violencia contra las mujeres y de género a fin de que estos órdenes de gobierno tengan los elementos necesarios para expedir sus reglamentos en la materia; Se exhortó a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento puntual a las 13 acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acorde a su artículo 42, inciso VIII; Se exhortó a los gobiernos estatales de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit hacer pública la información relativa a la experiencia institucional en la realización, operación, seguimiento, obstáculos, limitaciones y resultados de la implementación de la alerta de género emitida para cada uno de estos estados. (Fue desechado por concluir el periodo de la comisión permanente)

            Insistiremos que en la Declaratoria de Alerta de género se incluyan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades y a brindar una respuesta conjunta. Solo así podremos enfrentar este flagelo de la vida de las mujeres.

 

Columna de opinión de Candelaria Ochoa
Publicado originalmente en MX Político

Amplían diputados combate a acoso sexual

Medio: Reforma

Diputados aprobaron redefinir y ampliar la definición de acoso sexual en la Ley para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
La Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para ampliar la definición a detalle del acoso y el hostigamiento sexual.Con 303 votos, todos a favor, aprobaron un proyecto de decreto para añadir el artículo 16 Bis al capítulo De la Violencia en la Comunidad, para redefinir el acoso sexual: “Cualquier acto llevado a cabo en un espacio público o privado que sea no consensuado y amenazador, motivado principalmente por el sexo o el género percibido de la persona acosada“.

El proyecto de decreto aclara que son formas de acoso sexual, el expresivo, el verbal, el físico, las persecuciones y el exhibicionismo.

También se ordena al Estado mexicano que garantice a las mujeres su erradicación mediante programas de prevención, además de la facilitación de protocolos de denuncia.

El documento, enviado al Senado para su ratificación, también contempla ampliar el artículo 13 de la misma Ley, para ampliar la definición de hostigamiento sexual.

“Hostigamiento sexual es cualquier conducta que comete una persona en contra de otra con fines lascivos, mediante el ejercicio del poder, el asedio reiterado y/o valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualesquiera que otro otras que implique subordinación”.

La autora de la iniciativa, Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, urgió a erradicar esos delitos tan comunes en contra sobre todo de las mujeres.

“La normalización del acoso en nuestra cultura ha provocado que las personas no sean conscientes de que es un problema ampliamente difundido y que se den explicaciones socialmente válidas que lo perpetúen“, sostuvo.

La diputada priista Laura Plascencia Pacheco alertó también sobre la falta de protección a las mujeres.

Afirmó que en México casi 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, incluso, dijo, 40 por ciento de las mujeres sufren violencia sexual. Según esas cifras, cada minuto una mujer, incluso niña, son violadas y la mayoría de los casos queda impunes.