Los organismos de control interno y fiscalización surgen, hace algunas décadas, en un contexto de ilegitimidad gubernamental y descontento social. La incertidumbre gubernamental comenzó a generar grandes costos capitales en diversos países; sus índices de confianza se vieron disminuidos lo que tuvo repercusiones automáticas en la inversión extranjera y por lo tanto en la producción nacional. Tratando de frenar los efectos macroeconómicos adversos de esta crisis, las diferentes organizaciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras) conminaron a través de diversos medios a la apertura en la información pública y a la rendición de cuentas, ya que consideraron, que estos dos elementos eran la clave para la inversión, el crecimiento y la competitividad. De este modo, las estructuras gubernamentales comenzaron a incorporar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como ejes de acción, con lo que inauguraban una nueva forma de hacer política.
En los últimos años, el Estado Mexicano ha respaldado y ratificado la demanda internacional en términos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. En este esfuerzo se han firmado una serie de tratados nacionales e internacionales y se han generado leyes y reglamentos en todos los niveles de gobierno, de modo que fundamenten la existencia de dependencias y servidores públicos especializados en procurar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas.