Maternidad o Castigo. Presentación Informe GIRE

Alicia fue violada desde los seis años por su padre, y a los nueve tuvo su primer embarazo. Medía apenas 1 metro con 30 cm. Ella, como otras tantas menores de edad, pasan por esto todos los días de su vida. ¿Qué vida? Quien diga que defiende la vida debería defender a estas criaturas, que no han tenido infancia, que no han sido felices, que no han jugado con niñas de su edad, que todo lo que han vivido son violencias.

Según Pablo Kuri Morales, subsecretario de prevención y promoción de la salud en México, cada día dan a luz en promedio 900 niñas entre 10 y 17 años. De estas, 6000 fueron niñas menores de 14 años. Imagínense tener un hijo a los 10, 11, 13 años. (El Universal, 09-05-2016). De acuerdo al INEGI, 11 mil nacimientos al año son hijos de niñas menores de edad. El 84% de las niñas tenían 14 años; 35% secundaria incompleta; 23% primaria y 17% primaria incompleta. Además, la incidencia de embarazos en niñas es cuatro veces mayor en el medio rural, y en estratos económicos más desfavorecidos. Estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla son los estados con mayor número de embarazos de mujeres menores de edad.

Según UNICEFF, el 63% de las menores de 14 años se han embarazado por abuso sexual. Para Josefina Lira Placencia, jefa de la unidad de investigación de medicina adolescente en el INPER, las violaciones y falta de acceso a los anticonceptivos son las principales causas de los embarazos adolescentes (Milenio, 02-02-2016) Según la especialista, a menor edad, mayor incidencia de violencia y abuso sexual; y reitera que entre los principales abusadores se encuentran los tíos, padres, padrastros, cuñados y amigos, es decir, los hombres del círculo familiar son los abusadores.

En 23 años estas cifras no han disminuido en nuestro país, están estancadas. Algo estamos haciendo mal en política pública para prevenir el embarazo en mujeres menores de edad. Pero, ¿cómo hacerlo, si cada vez que se quiere impulsar la educación sexual en adolescentes encontramos resistencia? Queman libros, dicen falsedades de los contenidos, amenazan a funcionarios públicos diciendo que les van a hacer campañas en contra. ¿Cómo desarrollar una política pública si se siguen manteniendo los estereotipos sobre los roles de mujeres y hombres en los medios de comunicación que reproducen la subvaloración de las mujeres? ¿Cómo generar una política pública si cuando se legisla en contra de la violencia, se impulsan también contrareformas en ese sentido?

Es violencia contra las niñas y las mujeres la maternidad que como bien lo retoma este informe de GIRE – Grupo de Información en Reproducción Elegida se convierte en castigo. Para la elaboración de este documento se realizaron más de 900 solicitudes de acceso a la información pública, mismas que se sistematizaron y analizaron en relación con otras fuentes públicas. De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero 2015 y abril 2018 se realizaron mil 666 averiguaciones previas por el delito de aborto, pero al no estar desagregados por sexo, es imposible conocer cuántos corresponden a mujeres.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información, las autoridades reportaron a GIRE que durante el periodo de enero 2007 a diciembre 2016 fueron denunciadas 4 mil 246 personas por aborto: en promedio una cada día. Los cinco estados de la República Mexicana en los que se presentaron más denuncias son: la Ciudad de México con 894 casos; Baja California, 412; Veracruz, 416; y Nuevo León, 339; Hidalgo con 207; y Jalisco con 203 y Jalisco no reporta juicios penales ni sentencias, ni personas en prisión preventiva ni definitiva. Podemos concluir que Jalisco fue el Estado que negó información para este informe. En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas. En ese periodo, 83 personas estuvieron en prisión preventiva y 53, en prisión definitiva. En ese periodo, 228 personas fueron sentenciadas y 83 estuvieron en prisión preventiva condenadas por abortar, y 53 en prisión definitiva.

Lo que podría ser increíble es que en México, están 136 personas en prisión condenadas por aborto de acuerdo con el informe. Muchas de estas personas están presas por sus confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas. Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea privación de la libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o tratamiento médico integral, una forma de sanción que perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser curadas.

El informe indica que también hay hombres detenidos por esa causa, pero la mayoría de las sentencias fueron dictadas en contra de mujeres. Los hombres sentenciados se dividen entre algunos que ayudaron a una mujer a abortar, así como quienes ejercieron violencia contra las mujeres y provocaron un aborto o cometieron un feminicidio. Lo inaudito es que cuando se tienen casos claros de feminicidio ni siquiera se reconozcan como tales.

Gire ha dado seguimiento 37 casos de aborto de 2007 a la fecha documentando, registrando y acompañando en la búsqueda de justicia.

En todo el país, 29 entidades federativas establecen como causal de exclusión o no punibilidad que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; sólo dos contemplan que haya causas económicas para interrumpir el embarazo, y únicamente en Ciudad de México está despenalizada su interrupción antes de las 12 semanas de gestación.

Retomo una declaración de Regina Tamés quien expresa, Es impactante reconocer que “El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que están cometiendo un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obstétrica se encuentran en un peligro mayor”, explica. “Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas”.

La única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas. Esto muestra que no existe una homologación en los códigos penales de este país, por ello, esta debe ser una tarea pendiente. En algunos casos, las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco. Es decir, cada vez se han sofisticado las sanciones sociales a las mujeres, por ello, hay que reconocer que la criminalización por aborto afecta sobre todo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que provienen de comunidades marginadas, de contextos de violencia, que viven pobreza, con falta de acceso a la información y de servicios de salud reproductiva. Y esto se da porque son los casos que conocemos porque se penalizan, seguramente habrá muchas mujeres que abortan pero que no conocemos los casos porque tienen o tuvieron otras condiciones económicas, sociales y culturales que le permitieron realizarlo en otras condiciones.

El tema del aborto sigue considerándose un asunto de política criminal y no un problema de salud pública y de derechos humanos. Desde la modificación de 16 Constituciones estatales que legislaron para proteger la vida prenatal en abstracto, sin considerar que esa protección pasa necesariamente por la vida de las mujeres.

La reforma en materia de Derechos humanos nos obliga como país a acatar las últimas recomendaciones de las CEDAW y el Consenso de Montevideo para armonizar las legislaciones estatales en esta materia. Se requiere avanzar en las causales legales para garantizar la vida, la integridad y la salud de las mujeres; garantizar la NOM 046 en materia de ILE y de acceso a la anticoncepción de emergencia y de VIH y sobre todo, que la maternidad sea placentera, sin riesgos y deseada.

El derecho a la información y los servicios de anticoncepción, son derechos enmarcados constitucionalmente en los Artículos 4 y 73, de ahí que se haya avanzado en la normativa en la materia como la NOM 005 del año 2004 y la NOM 046, de 2009. Existe un conjunto de prejuicios que deberemos analizar a fondo: el derecho a la salud sexual, a los derechos reproductivos, a saber, conocer y manejar profesionalmente la anticoncepción de emergencia, y en esto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar todos estos derechos.

Quiero hacer una aclaración que es muy importante, los servicios médicos y las legislaciones en materia de aborto, denominan “producto” al embarazo, pero cuando se está frente a las y los trabajadores del sector salud, le denominan “bebé, hij@ o criatura”, cuando esta figura NO existe en los Códigos penales ni en el lenguaje médico y esto sin duda determina valoraciones morales de sanciones para las mujeres.

Hoy quiero reiterar que NADIE desea el aborto, pero NINGUNA quisiéramos ser Alicia, o haberla conocido, pero les aseguro que si yo tuviera a una Alicia cerca, le ayudaría en todo lo que diera mi humanidad y solidaridad. Estoy segura que ninguna mujer quiere depender del aborto como recurso anticonceptivo, pero requerimos destrabar estereotipos en materia familiar e individual sobre nuestros derechos a la reproducción libre e informada y a una educación sexual sin prejuicios. Los mecanismos del Estado han sido insuficientes para evitar la violencia contra las mujeres; para evitar violaciones sexuales; para garantizar todos los derechos, por eso, considero que estamos obligad@s a dar una discusión seria, abierta, científica y profesional para que sin prejuicios de clase, etnia o condición ideológica, abordemos estos temas difíciles que garanticen nuestros derechos. Así como cuando de niñas jugábamos a las escondidas y nos salvaba alguna compañera, hoy todas tenemos que salvarnos, garantizar nuestras vidas y nuestros derechos: Por ti, por mi, por todas!

Texto presentado en la presentación del Informe de GIRE – Grupo de Información en Reproducción Elegida: “Maternidad o castigo: la criminalización del aborto en México” (2018), en el Museo de la Ciudad.

Les invito a consultarlo, descargarlo y compartirlo: https://goo.gl/8ms6UC y http://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/assets/pdf/Maternidad_o_castigo.pdf

Candidatas a dirigir el INMUJERES

Sánchez Cordero da nombres y perfiles, la decisión será de AMLO

Candidatas: dos mujeres de izquierda, una médica internacionalista y una militante de grupos religiosos

En la Secretaría de Gobernación ya se discute quién será la próxima presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Se habla de cuatro candidatas: tres feministas y una del mundo de organizaciones religiosas; dos de ellas de militancia, activistas y de izquierda; otra, funcionaria internacional, distinguida por su defensa de los derechos sexuales y reproductivos; y la cuarta “destapada” por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, sin trayectoria feminista.

La presidencia del INMUJERES, de acuerdo con la ley deberá cubrir los requisitos, el perfil y conocimientos comprobables de su actividad en favor de la igualdad de género. Las propone la junta de Gobierno de ese Instituto y decide el Presidente de la República.

Por la trascendencia de la nominación, ya que INMUJERES es el órgano rector de la política de género del gobierno, en la última semana, el asesor de Sánchez Cordero, para estos menesteres, se ha reunido con el equipo de Andrés López Obrador para tomar decisiones.

Dos mujeres de izquierda son propuestas por organizaciones civiles de género; la tercera, médica de amplia experiencia en la política institucional de género, y la cuarta apoyada públicamente por la próxima jefa de la política interna.

La designación tendrá que ser muy cuidadosa, porque el artículo 17 de la ley que creó el INMUJERES señala claramente que -El Presidente de la República nombrará a la Presidenta, de una terna integrada por consenso o por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. Esta junta, una vez que entre en funciones el nuevo gobierno, deberá integrarse por los y las titulares de 15 Secretarías de Estado; los consejos consultivo y social de INMUJERES, que en unas semanas se renovará.

Los requisitos son muy claros: Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; No haber sido condenada por delito intencional alguno, o inhabilitada por la Contraloría de la Federación. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiere conocimiento y experiencia en materia administrativa; Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, a favor de la igualdad de género, o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Ello entraña un examen muy serio. Durará en el encargo tres años y puede ser ratificada sólo por un segundo periodo.

¿Quiénes son las que están en una lista de cuatro?

Candelaria Ochoa Ávalos ex regidora del ayuntamiento de Guadalajara, actual diputada federal por MORENA. Educadora popular, Maestra en Ciencias Políticas y doctora en Ciencias Sociales. Docente universitaria.

Fue directora del Centro de Estudios Género en la Universidad de Guadalajara. Conocida por sus pares como antigua militante feminista. Como representante de las organizaciones feministas y de mujeres del Estado de Jalisco, formó parte del proceso de preparación de la IV Conferencia Mundial de la Mujeres, en Beijing, China, legisladora federal participó en la Comisión de Igualdad de Género.

Secretaria en el Congreso de la Comisión de Igualdad de Género, de la de Transparencia y Anticorrupción y perteneció a la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas. Integrante del Comité del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género; en la de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Tiene especial interés en desterrar la pobreza. Tiene 56 años.

Maricela Contreras Julián con una militancia de casi 40 años. Fue militante del Partido Comunista Mexicano; del Partido Socialista Unificado de México y fundadora del Partido de la Revolución Democrática. Diputada federal; diputada Local; jefa delegacional en Tlalpan; Coordinadora del Centro de Inteligencia Antinarcóticos Nacional; de un Centro de Atención a Mujeres, reconocida militante de la causa de género.

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Asamblea de Representantes y en la Cámara de Diputados; ha realizado investigaciones para   Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C. y para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Dentro de su trabajo legislativo destaca como impulsora de los Presupuestos con Perspectiva de Género, de la paridad de género en los puestos de elección popular, de las iniciativas a favor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y del derecho a decidir. Asimismo, ha participado en las leyes generales de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la creación de las Unidades de Género en los tres poderes de gobierno y en distintas universidades del país. Además, tiene más de veinte años de trayectoria feminista. Tiene 62 años.

Nadine Gasman es médica. Maestra en Salud Pública por la Universidad Harvard y doctorada en Gerencia de Política de Salud de la Universidad Johns Hopkins. Fue directora de IPAS en México, una organización internacional dedicada a los derechos sexuales y reproductivos; durante más de 15 años ha desempeñado diversas responsabilidades internacionales.

Actualmente es la representante de ONU Mujeres en Brasil. Fue la directora de la Campaña del Secretario General de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres; ha escrito numerosas obras.

También fue funcionaria del fondo de naciones unidas para la población. Ha colaborado con los gobiernos de México y Nicaragua en las políticas de derechos sexuales y reproductivos, con adolescentes e indígenas. Fundadora y activista del Grupo de Salud de la Mujer de América Latina y ha sido consultora de estos temasen 16 países de América Latina y África. Tiene doble nacionalidad, la mexicana y francesa. Actualmente es representante de ONU Mujeres en Brasil.

Sara Paola Galico Félix Díaz es una abogada mexicana egresada de la Universidad Anáhuac; activista social y de organizaciones religiosas. Diputada federal por el partido Verde Ecologista; fue candidata a la delegación de Cuajimalpa por MORENA; tiene preocupación especial por la trata de personas, ha sido funcionaria de la Fundación para Revertir el Calentamiento Global; Fundación Food for Children; Asociada de la Fundación Operación Bendición México en Virginia Beach, EU.

Directora del Movimiento Universitario Contra la Esclavitud 1 a 1, UNAM; invitada a foros sobre la trata de personas y discapacidad. Cantante y periodista. De familia priista, es nieta de un gobernador de Querétaro y de quien fuera secretario de Francisco I Madero. No tiene antecedentes curriculares ni de género ni de militancia feminista. Tiene 32 años.

Argumentos

Diversos grupos y personas, de militantes del feminismo, enviaron sendas cartas de apoyo y promoción para Ochoa Ávalos y Contreras Julián.

Para sostener a la primera, firmada por grupos y mujeres, de diferentes entidades del país, señalan que si bien las mexicanas contamos con avances notables como la participación política en condiciones paritarias, la existencia de políticas públicas de atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, es evidente que aún existen  rezagos que van desde las profundas desigualdades en el acceso al empleo, educación, servicios de salud; el incremento en las tasas de violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y tipos, hasta el limitado alcance de los programas de transversalización de la perspectiva de igualdad de género en todos los niveles de gobierno.

Un tema no menor es el limitado presupuesto con el que ha operado hasta ahora el INMUJERES. Por ello promueven a la diputada Ochoa Ávalos y sostienen que cuenta con los méritos y las capacidades para presidir el INMUJERES.

Quienes han enviado una propuesta a favor de Contreras Julián sostienen que “estamos seguras de que el Proyecto de Nación del virtual Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoce el carácter lo fundamental y los importantes beneficios que traerían al país el respeto a los derechos de las mujeres y la profundización de los procesos que consolidan la igualdad sustantiva. Sabemos que para lo anterior es imprescindible fortalecer las instancias que han sido producto de la lucha del movimiento amplio de mujeres en México y robustecer los mecanismos, las políticas y las estrategias que hasta el momento han contribuido a mejorar y dignificar las condiciones de vida de las mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional.

Una de estas instancias clave ha sido el Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo papel decisivo en la transformación de las estructuras sociales, culturales e institucionales del país, coloca su presidencia al centro de la agenda feminista.

Consideramos que quien sea designada para dirigir dicho espacio debe ser una compañera que garantice la continuidad de los logros y la progresividad de los derechos obtenidos por el movimiento amplio de mujeres. Por ello apoyan esa candidatura.

Qué le toca a INMUJERES

Las tareas de ese instituto, de acuerdo con su ley vigente,  promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; trabajar por el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de: transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas, en los tres niveles del estado y los tres niveles del gobierno.

Respetando el federalismo y el Estado Mexicano, el INMUJERES -reforma de 2016-, debe trabajar por el fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.

El Institutito se rige por una Junta de Gobierno integrada por 17 Secretarías de Estado, la presidencia del Instituto; una Secretaria Ejecutiva, dos consejos el Consultivo y el Social, cada uno de ocho personas.

Los objetivos del instituto son, entre otros, la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres; la coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, y la concertación social indispensable para su implementación.

El instituto se creó como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Su ley debería garantizar a todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas, servicios y acciones del INMUJERES.

Es dueño de bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; los que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título; recursos que obtenga de otras actividades  y aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y  morales. Así como de los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos. En ello hace la diferencia.

Sara Lovera
Publicado originalmente en SEM México

Cartas propuesta de postulación para INMUJERES by Candelaria Ochoa on Scribd

Tercer Informe de Actividades

La tarde de este sábado, un equipo de brigadistas recorrió las calles del distrito nueve, para hacer entrega de un díptico con la rendición de cuentas de actividades de la diputada federal por Morena Candelaria Ochoa Ávalos, en el tercer año de la legislatura LXIII.

Con el objetivo de que quienes la eligieron como representante para que fuera su voz en San Lázaro conozcan el trabajo realizado, la legisladora detalló que durante los tres años en el Congreso de la Unión, presentó diversas iniciativas en materia de Igualdad de género, de Derechos Humanos, de transparencia y defensa al medio ambiente.

Digno de resaltar es que la diputada Jalisciense siempre comprometida con temas de carácter social, presentó en este último año de la legislatura iniciativas sobre:

  • Reconocimiento de los migrantes repatriados
  • Trabajadores independientes o freelance
  • Violencia Política
  • El feminicidio
  • La alerta de género
  • El acoso sexual en espacios públicos
  • El acoso y hostigamiento sexual en el trabajo y la escuela

Esta última que representa un gran avance por la importancia de concientizar sobre el daño que el acoso sexual provoca en el tejido social y en la vida cotidiana de las mujeres, fue aprobada en el Congreso y el Senado.

Importante señalar que como diputada federal, Candelaria Ochoa se distinguió por ser una de los y las diputadas más preparadas y participativas en la tribuna del Congreso de la Unión, razón por la que recibió el reconocimiento “José Ma. Morelos y Pavón” como un premio al trabajo legislativo desarrollado.

Satisfecha por la labor realizada, Ochoa Ávalos hoy más que nunca refrenda su compromiso con la ciudadanía que en ella depositó su confianza a través de su lema, “Hice y seguiré haciendo lo correcto”. 

Cabe señalar que la diputada federal por Morena Candelaria Ochoa, actualmente es una de las   candidatas a dirigir el INMUJERES. 

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CUCSH nunca aplicó el protocolo de acoso

Un protocolo de acción para prevenir y manejar el acoso sexual en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) fue propuesto por académicos y aprobado por autoridades en 2011, sin embargo, nunca se aplicó; siete años más tarde el campus fue escenario de una serie de hostigamientos contra alumnas y maestras que, pese a los reportes, el presunto agresor no fue investigado sino hasta que se dio a conocer en medios el pasado 27 de mayo.

Así lo dio a conocer la diputada federal Candelaria Ochoa Avalos, que en ese entonces dirigía el Centro de Estudios de Género de la casa de estudios; además declaró a este medio que en un periodo de cuatro años en el cargo el gobierno federal destinó 25 millones de pesos para foros, libros, becas y otras actividades dentro de la UdeG de las que se desprendió el protocolo e implicaron compromisos de la universidad hacia la agenda de género, que no se cumplieron.

“En 2011 propusimos un protocolo muy específico contra el acoso y el hostigamiento en el CUCSH y a pesar de que se aprobó en el consejo de centro en agosto de 2011, todavía hoy no hay una sola respuesta en ese sentido. Nunca entró en vigor (…) debe estar en las actas del CUCSH porque se nombró una comisión especial, pero se abandonó porque en realidad la universidad no ha tenido una política que atienda ese tema de manera seria, y eso que tenemos casos de acoso y hostigamiento de manera cotidiana”, declaró en entrevista.

“Nos dieron 25 millones de pesos en cuatro años y medio y realizamos los dos diagnósticos contra la violencia, el diagnóstico sobre la currícula, tuvimos becas de estudiantes que fueron a encuentros de estudios de género, tuvimos conferencias magistrales en el Paraninfo donde vinieron académicas feministas de todo el mundo (…) y compramos más de 7 millones de pesos en libros, le dimos a la Copladi 5 millones de pesos para que tuviera indicadores por sexo de estudiantes (agraviados), yo cada seis meses rendía informes. Pero es increíble que de esos compromisos que nos hicimos como Universidad de Guadalajara no se estén rindiendo cuentas”.

A raíz de las denuncias públicas contra el ex coordinador de la carrera de Antropología del CUCSH, Horacio “N”, por acoso sexual, la UdeG lo cesó del cargo y anunció el inicio de una consulta pública para la construcción de un protocolo de acción a nivel red universitaria contra el hostigamiento, luego de que el rector, vicerrectora y secretario demostraran insensibilidad en dicho caso, de acuerdo con las propias denunciantes y estudiantes que se unieron a la presión social por el caso.

Al respecto, Ochoa Ávalos pidió que se tome en cuenta el protocolo del CUCSH donde sí contemplan sanciones para los hostigadores sexuales y se habla de contar con un consejo especializado para atender las denuncias.

“Cada centro universitario debe tener una instancia especializada para atender estos casos, lo segundo es que la víctima es víctima hasta que se hagan las investigaciones, porque eso de ‘presunta víctima’ es poner en duda su calidad de agraviada” Candelaria Ochoa

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“Nosotros en el CUCSH definimos cuál era una agresión leve, moderada y grave y sus respectivas sanciones, todo mundo lo debe tener claro, los agredidos y presuntos agresores” Candela Ochoa

 

Por Violeta Mendez
Publicado originalmente en NTR

Candelaria Ochoa considera urgente creación de observatorios de género en universidades

La diputada Federal de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, confía en que la cámara baja retome la propuesta que hizo para que haya observatorios de género en las instituciones de educación superior porque es un tema urgente para evitar el acoso. 
Yo creo que lo que necesitamos son los observatorios de género, de especialistas, maestras, profesores, personal administrativo y estudiantes que participen en esos observatorios de género y que además se sancione el acoso y el hostigamiento”.
Agregó que su lucha no es únicamente contra el hostigamiento sino contra cualquier tipo de discriminación.

Nota de DK1250 am

 

Si no es mucho pedir: ¡Aborden la igualdad entre hombres y mujeres!

Estamos a unas horas de que inicie el segundo debate presidencial y espero en éste, tanto el INE como los candidatos, aborden el tema de la igualdad social, política y económica entre mujeres y hombres. No es un tema menor: constituimos el 52% de la población y el 52% del padrón electoral, es decir, votamos más mujeres.

Este eje ha estado ausente, y es que a las mujeres nos ven sólo como sujetas para llenar auditorios y constituirnos en “sus” mujeres, pero hasta ahora no se han planteado una agenda para combatir la desigualdad entre mujeres y hombres. Y es que según el Artículo 4 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Sí, por derecho, pero en los hechos, seguimos cargando el conjunto de prejuicios que siguen prevaleciendo y pululando por todos lados.

Yo estoy convencida que si disminuimos la desigualdad entre mujeres y hombres, no sólo ganamos las mujeres, también ganan los hombres y gana la sociedad. Explico por qué: como ya dije, las mujeres constituimos el 52% de la población y 52% del padrón electoral, pero apenas en este proceso electoral de 2018, estaremos en paridad por los cargos públicos. Discusión muy joven en México, porque hace apenas 21 años inició este debate. Hoy hemos ganado que los derechos políticos no sólo son para elegir, sino también para ser electas.

En materia de salario, las mujeres ganan 30% menos que los hombres, además, el 33% de los hogares están encabezados por mujeres. Y no es que las mujeres necesiten menos el dinero que ganan, porque invierten en sus familia el 90% del mismo, lo que no sucede con el salario de los varones, quienes aportan el gasto y lo demás lo administran de manera personal. O sea, las mujeres necesitan y destinan sus ingresos para sus familias, por ello es urgente mejor capacitación laboral, ofertas de empleo y acceso al mercado laboral, seguridad social y salarios justos, así como el combate al acoso y hostigamiento laboral e impedir que la maternidad sea un impedimento para el empleo de las mujeres.

En materia social tenemos todavía mucho trabajo por hacer. La violencia contra las mujeres y el feminicidio siguen siendo una realidad; el disfrute a los espacios públicos, el acceso a la educación formal e informal es urgente, requerimos que las niñas y las mujeres cuenten con mejores niveles educativos, acceso a la salud reproductiva y sexual y acceso a la justicia.

Los retos no son menores, las niñas y las mujeres somos millones en este país. Vivimos en zonas indígenas, rurales y urbanas. Constituimos una diversidad de culturas, ideas y prácticas, y estoy convencida que se requiere una política social y pública que atienda, desde los poderes ejecutivos en sus distintos niveles, las carencias apremiantes de salud, educación, empleo y acciones contra violencia de género. Si mejoramos la vida de más de la mitad de la población, la otra mitad se verá beneficiada.

Si no es mucho pedir, espero que este segundo debate aborde a esa mitad de la población que va a los mítines, está atenta a las noticias y también vota.

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Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente por Polemonhttps://goo.gl/xXoGSz

Conagua otorgó permisos para saqueo de arena en el Río Verde: Diputados MC

Rosario Bareño
El Occidental

Continua el saqueo de arena del Río verde, que es vendida en la zona de Los Altos. La Conagua es la que otorgó permisos para su explotación sin estudio de impacto ambiental, denunciaron los diputados de MC Augusto Valencia y Candelaria Ochoa y colectivo Salvemos Temacapulin, Acasico y Palmarejo.

“No existen permisos de explotación y ante una suspensión por falta de estudios de impacto ambiental de la Profepa, la Conagua sigue otorgados permisos a los concesionarios para la explotación de la arena. Además, la circulación de los camiones no está permitida en la zona. “La responsabilidad es de la Conagua, pues debe cancelar los permisos debido a que la presa El Zapotillo está suspendida y por lo tanto no se justifica la extracción”, señaló Ochoa.

Diariamente salen unos 20 camiones llenos de arena, que son vendidos en la zona de Los Altos en 3 mil pesos la mercancía de cada camión.

Valencia a su vez exigió que cese la persecución judicial de los líderes sociales María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza, participantes en una manifestación por la defensa de sus tierras.

Solicitó que Conagua, suspenda cualquier permiso de extracción de arena que esté vigente”.

Agregó Ochoa “La Conagua ha dado estos permisos sin un estudio de impacto ambiental y sin lo que representa esta extracción. Pueden decir que es normal que se den permisos para que se extraiga arena de los ríos, sí, para desazolve; pero no para lo que se está haciendo”.

“El río está lleno de arena y piedra de diferente tamaño. En el caso de Temacapulín, hay al menos dos depósitos de arena o tres; de ahí los trasladan a Cañadas, a la cabecera y también a Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Mexticacán, toda esa zona de Los Altos, ahí se vende (la arena)”, informó el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Comité.

 

Citaron como irregularidades: La entrega de concesiones hasta por 30 años, por parte de Conagua, algunas de las cuales no precisan fecha de inicio ni de término de las mismas, “error” que puede permitir a los extractores rebasar el periodo, así como el permitirles operar sin licencias municipales, sin permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni manifiestos de impacto ambiental.

Y el incumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad por parte de las autoridades del Municipio de Cañadas, quienes no han logrado frenar el paso de los camiones por las

Exigen a CONAGUA cancelar permisos de extracción en Río Verde

Si fueron suspendidos los trabajos de construcción de la presa en la zona de Temaca, deben cancelarse también los permisos a concesionarios areneros, dicen pobladores y legisladores ciudadanos.

Ante el peligro que están generando a los pobladores los hundimientos de tierra por la extracción indiscriminada de tierra, la falta de un estudio de impacto ambiental y la suspensión de la construcción de la presa en esa zona del Río Verde, pobladores y legisladores ciudadanos exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que cancele los permisos que ha otorgado a los areneros en la zona de Temacapulín.

En conferencia de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Colectivo de Abogados COA, la diputada federal Candelaria Ochoa Ávalos y el diputado Augusto Valencia López, acusaron diversas irregularidades que están provocando la depredación salvaje por parte de los concesionarios areneros, principalmente el hecho de que la Conagua mantenga vigentes permisos de extracción de arena de río hasta por 30 años.

“Como está detenida la presa judicialmente, lo que nosotros solicitamos como Congreso y como diputada y diputado que hemos estado dando seguimiento a este tema, es que la Conagua, en este momento, suspenda cualquier permiso de extracción de arena que esté vigente”, solicitó la legisladora ciudadana, junto con el diputado Valencia López y los representantes de los pobladores.

La Conagua ha dado estos permisos sin un estudio de impacto ambiental y sin lo que representa esta extracción. Pueden decir que es normal que se den permisos para que se extraiga arena de los ríos, sí, para desasolve; pero no para lo que se está haciendo”, señaló.

Para dimensionar el tamaño del negocio, la diputada Candelaria Ochoa refirió que a diario se extraen aproximadamente 20 camiones de arena de río de cada uno de los más de 20 bancos detectados en la zona de Temacapulín, y que cada camión se comercializa entre 2 mil 500 y 3 mil pesos.

“El río está lleno de arena y piedra de diferente tamaño. En el caso de Temacapulín hay al menos dos depósitos de arena o tres; de ahí los trasladan a Cañadas, a la cabecera y también a Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Mexticacán, toda esa zona de Los Altos, ahí se vende (la arena)”, precisó el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Comité.

Entre las irregularidades, señalan la entrega de concesiones hasta por 30 años, por parte de Conagua, algunas de las cuales no precisan fecha de inicio ni de término de las mismas, “error” que puede permitir a los extractores rebasar el periodo, así como el permitirles operar sin licencias municipales, sin permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni manifiestos de impacto ambiental.

También acusan el incumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad por parte de las autoridades del Municipio de Cañadas, quienes no han logrado frenar el paso de los camiones por las poblaciones.

Como parte de las acciones para frenar la extracción indiscriminada de material del Río Verde, la Diputada Candelaria Ochoa presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Profepa, de la que han derivado dos visitas de inspección. En la primera, fue clausurado uno de los aproximadamente 23 bancos de extracción detectados a lo largo de los 3 kilómetros donde la Conagua dio permisos, y la otra se realizó hoy.

“Sin embargo, quiero decirles que la Profepa no puede vigilar a la Conagua; o sea, el propio Ejecutivo no se vigila a sí mismo. La Conagua da permisos sin estudios de impacto ambiental y la Profepa dice que no puede hacer nada”, lamentó la legisladora federal del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Adicionalmente, el diputado Augusto Valencia exigió que cese la persecución judicial de los líderes sociales María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza, participantes en una manifestación por la defensa de sus tierras.

Siempreviva: Guadalajara se revolucionó con las explosiones del 22 de abril

Con la revolución dentro es el libro de Jorge Gómez Naredo, publicado recientemente por la Cámara de Diputados, nos muestra de manera acuciosa y analítica la lucha de las y los lesionados por la tragedia del 22 de abril de 1992 y que se convirtieron en sujetos históricos. Es un trabajo que recupera sus vivencias sobre la catástrofe vivida que cambió sus vidas, sus prácticas, su entorno y su forma de mirar el mundo.

Porque esta tragedia además de marcarlos de por vida, nos marcó a quienes vivimos en Guadalajara. La tragedia que sufrieron quienes habitaban la zona de Analco, la colonia Atlas, San Carlos, Las Conchas, Quinta Velarde, Álamo Industrial, El Rosario y Fraccionamiento Revolución. Todas las personas fueron sorprendidas cuando vieron explotar las calles por las que transitaban de manera cotidiana.

Aproximadamente a las 10:05 de la mañana sucedió la primera explosión en la calle de Aldama y la Calzada Independencia; y así siguieron las calles de Gante, Nicolás Bravo, Calzada del Ejército, Mexicaltzingo, Silverio García, 5 de febrero, Río Nilo, Río Pecos, Río Álamo, Río Suchiate, González Gallo. También se afectaron otras calles que por cerca de una hora y quince vieron volar todo lo que tenían: su vida, su patrimonio y su vitalidad física. Los afectados: niños, niñas, mujeres, hombres o jóvenes, que vivían en la zona, que trabajaban ahí o que sólo transitaban en esa hora trágica por ahí, que viajaban en autobús urbano, en automóvil o caminando: a todos los marcó la tragedia. Fueron 16 kilómetros de calle, y según el INEGI 98 manzanas afectadas y cerca de 60 destruidas. Las cifras oficiales 210 muertos, aunque se estima que existe un número mayor, el cual no conoceremos nunca.

   Dos días antes de las explosiones, los habitantes de la zona estuvieron pidiendo auxilio, llamaron a todos los sistemas de emergencia: bomberos, policía, protección civil y SIAPA. Sin embargo, el Ayuntamiento de Guadalajara tardó dos días en mandar personal que supervisara los reportes, la respuesta fue: No hay riesgo de explosividad. Fue hasta ese mismo 22 de abril por la mañana que dos trabajadores del SIAPA tuvieron la desafortunada experiencia de la primera explosión. Negligencia, irresponsabilidad y descuido, es lo menos que se puede señalar ante tal riesgo, a 26 de años de la tragedia del 22 de abril, es fecha que no existen culpables de los hechos. La gasolina derramada, los cambios de ruta de los drenajes y la mala planeación del mismo, que ocasionaron la acumulación de gases, parece que fueron obra de manos invisibles, de mentes de personas inexistentes.

Las explosiones del 22 de Abril de 1992 movilizaron a la sociedad civil y ello evidenció la ineficacia de las autoridades, ante un gobierno que no supo cómo reaccionar para prevenir la tragedia y cómo actuar ante el desastre. La ciudad quedó paralizada. La inacción de las autoridades generó que cientos  de voluntarios se convirtieran en piezas clave para el rescate de personas de entre los escombros e impidieron el ingreso de maquinaria que las autoridades ordenaron. Gracias a esas voluntades civiles también se pudieron salvar vidas: bebés, infantes, mujeres y hombres.

Desafortunadamente murieron personas, y este libro da cuenta de cómo pudieron sobrevivir las y los lesionados que tuvieron que pasar días y meses internados en hospitales, quienes poco a poco fueron recuperando su fuerza para luchar por justicia y reclamar que el Estado en todos sus niveles se hiciera cargo de su tratamiento médico y de su patrimonio perdido. Surgieron asociaciones que siguen exigiendo un trato justo, un trato digno ante esa negligencia que les cambio la vida.

Como dice Jorge, las y los lesionados han marcado su propio derrotero y con su presencia real y mediática, han logrado mantener en la palestra política sus peticiones y exigencias. Su lucha es producto de la injusticia. La tragedia los convirtió en personas en condición de vulnerabilidad, ya que de ser personas sanas, se convirtieron en personas con alguna discapacidad o varias, que les impidieron continuar con una vida sana y laboralmente útil.

En este libro, Jorge Gómez Naredo se propone explicar el proceso que vivieron los lesionados, y a lo largo del mismo, nos muestra que no todos, aun y cuando coincidan en la lucha, tienen la misma forma de enfrentar, confrontar, asumir y reclamar un trato justo al gobierno en turno para resarcir los daños a sus vidas y patrimonio.

Recordamos la tragedia que, hace 26 años, pudo haber sido evitable. El desalojo a tiempo de las personas de la zona hubiera causado daños materiales, pero no pérdida de vidas. Hoy recordamos a las víctimas, a las y los muertos, pero sobre todo, a las personas que están con vida y que han dado una lucha importante para garantizarse una calidad de vida a pesar de sus tragedias personales como consecuencia de sus lesiones.

Dice Jorge sobre las y los lesionados …en su afán de sobrevivir no les quedó de otra que asimilar con prontitud la necesidad de resocializarse, de reinventarse en nuevos escenarios muy distintos a los que estaban acostumbrados. No solamente perdieron familiares, bienes materiales o alguna otra cosa. También perdieron por el momento el sentido de vivir que reencontraron cuando empezaron a reconocer su revolución o cambio de vida desde muy dentro, desde lo más entrañable de sus cuerpos y de sus convicciones.

Una de las preocupaciones de Jorge en este libro, es mostrarnos que los “damnificados” del 22 de abril no son seres homogéneos, que ni todos los damnificados eran damnificados de la misma forma, ni todos andaban unidos y sin diferencias. Y este es el gran potencial que este libro retoma, las pérdidas fueron muchas y diversas, las secuelas de la misma manera, por tanto, se posicionaron de distintas maneras quienes fueron las y los lesionados, por su condición física y por tanto, resarcir los daños estaban centrados en sus cuerpos.

Por su parte el gobierno estatal a través del Patronato no “conoció” a las y los lesionados hasta casi un año después, pero ahí estaban, con pérdidas en sus cuerpos, con pérdidas en sus rostros, con pérdidas en sus afectos, emocional y económicamente devastados y a ellas y ellos, les fue más difícil resarcir sus heridas para exigir sus derechos. Pasaron días, meses y han pasado años, para que puedan reconstruir sus vidas en condiciones adversas. Llevan esa revolución dentro desde el 22 de abril de 1992.

Las y los lesionados se convirtieron en agentes políticos, se hicieron visibles al gobierno, a la sociedad y a los medios de comunicación. Sus demandas se empezaron a desplegar con estrategias diversas, algunas mas contestatarias otras más dóciles a la autoridad. Ello trajo como consecuencia la división en grupos de lesionados y las fracturas de demandas. Pero sin duda, esta experiencia los ha convertido en actores con agencia, es decir, en actores que han sabido ser interlocutores del gobierno para negociar un mejor trato a su salud y en mejorar sus condiciones económicas.

Después de 26 años se preocupan porque seamos sensibles ante tragedias como estas, a prevenir desastres, pero sobre todo, siguen clamando por el esclarecimiento de los hechos, a través de sus acciones cotidianas, de su conmemoración cada 22 de abril, de los murales en las calles donde explotó el colector.

La escultura Estela contra el olvido, de Alfredo López Casanova nos recuerda la tragedia, también nos recuerda la unión y solidaridad de la sociedad tapatía que se volcó el 22 de abril a apoyar con sus propias manos a rescatar de los escombros a las personas e impidió que ingresaran las máquinas a recoger el escombro si había señales de vida. Muchas de las y los lesionados fueron rescatados así.

El 22 de abril no vuelve a recordar que para que haya justicia, se requiere resarcir, en la medida de lo posible, las afectaciones humanas y físicas y reparar los daños como una acción de derechos humanos que sufrieron no sólo quienes vivían, tenían sus negocios o se trasladaban por la zona durante las explosiones.

Hace 4 años como regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, propuse que se ofreciera una disculpa pública a todas las personas afectadas por las explosiones del 22 de abril en Guadalajara que padecieron la negligencia de quienes tuvieron la responsabilidad del gobierno de la ciudad en su momento y que no actuaron conforme a su investidura, así como que en una muestra de buena voluntad, el Presidente municipal convocara a la conformación de una Comisión temporal para dar seguimiento a los compromisos firmados por el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval con las  y los vecinos afectados por las explosiones del 22 de abril de 1992, así como apoyar y acompañar a los afectados agrupados en la Asociación 22 de Abril y asegurarse que los compromisos contraídos se cumplieran en tiempo y forma.

Las y los lesionados de esta tragedia han sido muy eficaces en su tarea contra el olvido, que a pesar de sus pérdidas físicas y emocionales se mantuvieron firmes, han sostenido como dice Jorge una rebelión cotidiana y anhelos de cambio, porque siguen llevando la revolución dentro.

Columna de opinión de Candelaria Ochoa
Publicado originalmente en MX Político

Después de presentada denuncia, PROFEPA cancela extracciones del Río Verde

La diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa presentó el viernes 27 de abril una denuncia ante la PROFEPA en contra de quien resulte responsable por la contaminación y explotación de bancos de arena en el Río Verde, que han provocado un daño irreparable tanto al río como a la comunidad de Temacapulín, a causa de las perforaciones en los bancos de arena. Hoy mismo por la tarde, el organismo anunció que cancela y suspende temporalmente las actividades de extracción de material pétreo en la zona.

  Por ello, la diputada expresa con gran satisfacción que después de presentada la denuncia, la PROFEPA haya reaccionado y difundió mediante un comunicado que “Durante la diligencia de inspección se solicitó al visitado la documentación expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de impacto ambiental, en la que hubiesen sido autorizadas las actividades de extracción de material pétreo en el cauce del citado río, quien exhibió un permiso; sin embargo, el mismo correspondía  a la extracción de material pétreo en una zona diferente, por lo que dicho permiso no autorizaba las actividades inspeccionadas”.

Al considerar que toda extracción de material pétreo altera la geometría del cauce, flujo y morfología del río, además del riesgo de daño a los recursos naturales, la PROFEPA impuso como medida de seguridad la clausura total de manera temporal las actividades de extracción”.