Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “intervenga e investigue la explotación de los materiales del río Verde y se respete la autonomía comunitaria de Temacapulín”, pidió a través de un punto de acuerdo promovido en el Congreso de la Unión a fin de parar la extracción de materiales.

Los gobiernos estatal y federal, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), deben además “revisar el permiso provisional que se había otorgado a los areneros y que se finquen responsabilidades, pues actualmente trabajan de forma ilegal”.

La extracción de materiales representa contaminación en el río Verde, daños en algunas viviendas y los caminos de la región por el uso de maquinaria y la dinamitación de roca en los bancos de arena, explicó.

La legisladora del partido Ciudadano (MC) recordó que los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han denunciado “que el gobierno estatal, a cargo de Aristóteles Sandoval, ha realizado acciones para intimidar a los pobladores, que recientemente han realizado protestas pacíficas para detener a las compañías que explotan los bancos de arena con permisos falsos”.

Y acusó al alcalde de no defender a sus gobernados, lo cual, dijo, es sospechoso. “El presidente municipal ha llegado a acuerdos con los areneros que no son legales. Por lo que solicito que sea revisada su cuenta pública y personal”.

Por cuestiones judiciales, la Presa El Zapotillo quedará a 80 y no a 105 metros de altura al concluir la actual administración, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra.

Desde hace más de dos sexenios, integrantes de la agrupación Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo se han resistido a la construcción de la presa porque representa la inundación de los tres poblados y la mayor parte del agua iría al vecino estado de Guanajuato, según han reconocido autoridades.

Tocará al gobierno entrante decidir si continúa la disputa en tribunales en contra de los habitantes que se oponen a la obra, informó el 27 de marzo Ramírez de la Parra.

“Ya no podremos estar pensando en una presa a 105 metros mientras no se resuelva el tema judicial. En este momento, lo que hemos decidido es dejar así la cortina. Así la va a entregar la actual administración: la presa a 80 metros”.

A la par de la construcción, pobladores han denunciado extracción de arena y materiales naturales en la zona, lo cual, se quejan, atenta contra su derecho a un medio ambiente sano.

Publicado originalmente en NTR

Este martes la diputada federal Candelaria Ochoa, presentó un punto de acuerdo para que se investigue y lleve a sus últimas consecuencias el caso de la activista y defensora de los derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, quien presentó una denuncia por violación y abuso de poder el pasado 16 de septiembre, en Tlapa.

El ataque perpetrado a la feminista por la policía del citado municipio es un ataque a todas las mujeres, afirmó contundente Ochoa Ávalos quien agregó que es una muestra de lo mucho que existe en materia de impunidad, omisión y criminalización de las mujeres y en particular de las feministas y defensoras de los derechos humanos en este país.

La diputada subrayó que incluso el video de Yndira que hizo circular la policía de Tlapa es una violación a sus derechos humanos, pues por un lado la expone y por otro es incompleto ya que no muestra todo el proceso de detención, además de criminalizarla por tomar alcohol como si se tratara de una justificación a la violencia que se ejerce en su contra.

“Por qué cuando una mujer se toma una, dos, tres o cinco cervezas es víctima de asesinato, acoso sexual o violación?”.Evidenció que todo lo anterior es un típico caso de revictimización a la mujer, práctica común en México.

La diputada invitó a que se sumen más diputados y diputadas a fin de esclarecer los hechos y castigar de manera puntual a los responsables y exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al gobierno del estado de Guerrero, al Congreso del estado de Guerrero y al gobierno del municipio de Tlapa de Comonfort a tomar cartas en el asunto.

La legisladora pidió juicio político para el presidente municipal de Tlapa como responsable administrativo de las acciones de la policía municipal y exigió la destitución de los funcionarios que por acción u omisión participaron en el caso; que se capacite a los funcionarios del estado de Guerrero en la aplicación de protocolos con perspectiva de género y a que el gobierno municipal de Tlapa actúe administrativamente contra los responsables.

El punto de acuerdo está firmado por las diputadas Candelaria Ochoa, Claudia Corichi, Mirza Flores y Verónica Delgadillo y en su presentación estuvieron presentes los diputados Gustavo Cárdenas y Víctor Sánchez.

Muchas mujeres han sufrido vejaciones o han muerto en silencio en total impunidad en este país. Candelaria Ochoa exige que en este caso emblemático que involucra al estado y reproduce la violencia que ejerce un sistema patriarcal, se haga justicia.