Maternidad o Castigo. Presentación Informe GIRE

Alicia fue violada desde los seis años por su padre, y a los nueve tuvo su primer embarazo. Medía apenas 1 metro con 30 cm. Ella, como otras tantas menores de edad, pasan por esto todos los días de su vida. ¿Qué vida? Quien diga que defiende la vida debería defender a estas criaturas, que no han tenido infancia, que no han sido felices, que no han jugado con niñas de su edad, que todo lo que han vivido son violencias.

Según Pablo Kuri Morales, subsecretario de prevención y promoción de la salud en México, cada día dan a luz en promedio 900 niñas entre 10 y 17 años. De estas, 6000 fueron niñas menores de 14 años. Imagínense tener un hijo a los 10, 11, 13 años. (El Universal, 09-05-2016). De acuerdo al INEGI, 11 mil nacimientos al año son hijos de niñas menores de edad. El 84% de las niñas tenían 14 años; 35% secundaria incompleta; 23% primaria y 17% primaria incompleta. Además, la incidencia de embarazos en niñas es cuatro veces mayor en el medio rural, y en estratos económicos más desfavorecidos. Estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla son los estados con mayor número de embarazos de mujeres menores de edad.

Según UNICEFF, el 63% de las menores de 14 años se han embarazado por abuso sexual. Para Josefina Lira Placencia, jefa de la unidad de investigación de medicina adolescente en el INPER, las violaciones y falta de acceso a los anticonceptivos son las principales causas de los embarazos adolescentes (Milenio, 02-02-2016) Según la especialista, a menor edad, mayor incidencia de violencia y abuso sexual; y reitera que entre los principales abusadores se encuentran los tíos, padres, padrastros, cuñados y amigos, es decir, los hombres del círculo familiar son los abusadores.

En 23 años estas cifras no han disminuido en nuestro país, están estancadas. Algo estamos haciendo mal en política pública para prevenir el embarazo en mujeres menores de edad. Pero, ¿cómo hacerlo, si cada vez que se quiere impulsar la educación sexual en adolescentes encontramos resistencia? Queman libros, dicen falsedades de los contenidos, amenazan a funcionarios públicos diciendo que les van a hacer campañas en contra. ¿Cómo desarrollar una política pública si se siguen manteniendo los estereotipos sobre los roles de mujeres y hombres en los medios de comunicación que reproducen la subvaloración de las mujeres? ¿Cómo generar una política pública si cuando se legisla en contra de la violencia, se impulsan también contrareformas en ese sentido?

Es violencia contra las niñas y las mujeres la maternidad que como bien lo retoma este informe de GIRE – Grupo de Información en Reproducción Elegida se convierte en castigo. Para la elaboración de este documento se realizaron más de 900 solicitudes de acceso a la información pública, mismas que se sistematizaron y analizaron en relación con otras fuentes públicas. De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero 2015 y abril 2018 se realizaron mil 666 averiguaciones previas por el delito de aborto, pero al no estar desagregados por sexo, es imposible conocer cuántos corresponden a mujeres.

En respuesta a solicitudes de acceso a la información, las autoridades reportaron a GIRE que durante el periodo de enero 2007 a diciembre 2016 fueron denunciadas 4 mil 246 personas por aborto: en promedio una cada día. Los cinco estados de la República Mexicana en los que se presentaron más denuncias son: la Ciudad de México con 894 casos; Baja California, 412; Veracruz, 416; y Nuevo León, 339; Hidalgo con 207; y Jalisco con 203 y Jalisco no reporta juicios penales ni sentencias, ni personas en prisión preventiva ni definitiva. Podemos concluir que Jalisco fue el Estado que negó información para este informe. En el mismo lapso, 228 personas fueron sentenciadas. En ese periodo, 83 personas estuvieron en prisión preventiva y 53, en prisión definitiva. En ese periodo, 228 personas fueron sentenciadas y 83 estuvieron en prisión preventiva condenadas por abortar, y 53 en prisión definitiva.

Lo que podría ser increíble es que en México, están 136 personas en prisión condenadas por aborto de acuerdo con el informe. Muchas de estas personas están presas por sus confesiones autoincriminatorias realizadas bajo presión y en contextos de emergencias médicas. Algunos de los procesos penales culminan en sentencias condenatorias, ya sea privación de la libertad, multa, trabajo en favor de la comunidad o tratamiento médico integral, una forma de sanción que perpetúa la idea de que quienes abortan necesitan ser curadas.

El informe indica que también hay hombres detenidos por esa causa, pero la mayoría de las sentencias fueron dictadas en contra de mujeres. Los hombres sentenciados se dividen entre algunos que ayudaron a una mujer a abortar, así como quienes ejercieron violencia contra las mujeres y provocaron un aborto o cometieron un feminicidio. Lo inaudito es que cuando se tienen casos claros de feminicidio ni siquiera se reconozcan como tales.

Gire ha dado seguimiento 37 casos de aborto de 2007 a la fecha documentando, registrando y acompañando en la búsqueda de justicia.

En todo el país, 29 entidades federativas establecen como causal de exclusión o no punibilidad que el aborto sea resultado de una conducta imprudencial o culposa; sólo dos contemplan que haya causas económicas para interrumpir el embarazo, y únicamente en Ciudad de México está despenalizada su interrupción antes de las 12 semanas de gestación.

Retomo una declaración de Regina Tamés quien expresa, Es impactante reconocer que “El impacto es enorme: los profesionales de la salud consideran que están cometiendo un delito y las mujeres que entran a los hospitales con alguna emergencia obstétrica se encuentran en un peligro mayor”, explica. “Los prestadores de salud no conocen la normativa o, aun cuando la conocen, quieren castigarlas”.

La única causa de interrupción legal del embarazo en todo el país es la violación: 24 Estados recogen como causa el riesgo de muerte para la madre; 16, alteraciones genéticas graves; otros 15 contemplan el riesgo a la salud y la inseminación artificial no consentida; y solo dos aceptan razones socioeconómicas. Esto muestra que no existe una homologación en los códigos penales de este país, por ello, esta debe ser una tarea pendiente. En algunos casos, las mujeres son acusadas de delitos como infanticidio y homicidio en razón de parentesco. Es decir, cada vez se han sofisticado las sanciones sociales a las mujeres, por ello, hay que reconocer que la criminalización por aborto afecta sobre todo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que provienen de comunidades marginadas, de contextos de violencia, que viven pobreza, con falta de acceso a la información y de servicios de salud reproductiva. Y esto se da porque son los casos que conocemos porque se penalizan, seguramente habrá muchas mujeres que abortan pero que no conocemos los casos porque tienen o tuvieron otras condiciones económicas, sociales y culturales que le permitieron realizarlo en otras condiciones.

El tema del aborto sigue considerándose un asunto de política criminal y no un problema de salud pública y de derechos humanos. Desde la modificación de 16 Constituciones estatales que legislaron para proteger la vida prenatal en abstracto, sin considerar que esa protección pasa necesariamente por la vida de las mujeres.

La reforma en materia de Derechos humanos nos obliga como país a acatar las últimas recomendaciones de las CEDAW y el Consenso de Montevideo para armonizar las legislaciones estatales en esta materia. Se requiere avanzar en las causales legales para garantizar la vida, la integridad y la salud de las mujeres; garantizar la NOM 046 en materia de ILE y de acceso a la anticoncepción de emergencia y de VIH y sobre todo, que la maternidad sea placentera, sin riesgos y deseada.

El derecho a la información y los servicios de anticoncepción, son derechos enmarcados constitucionalmente en los Artículos 4 y 73, de ahí que se haya avanzado en la normativa en la materia como la NOM 005 del año 2004 y la NOM 046, de 2009. Existe un conjunto de prejuicios que deberemos analizar a fondo: el derecho a la salud sexual, a los derechos reproductivos, a saber, conocer y manejar profesionalmente la anticoncepción de emergencia, y en esto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar todos estos derechos.

Quiero hacer una aclaración que es muy importante, los servicios médicos y las legislaciones en materia de aborto, denominan “producto” al embarazo, pero cuando se está frente a las y los trabajadores del sector salud, le denominan “bebé, hij@ o criatura”, cuando esta figura NO existe en los Códigos penales ni en el lenguaje médico y esto sin duda determina valoraciones morales de sanciones para las mujeres.

Hoy quiero reiterar que NADIE desea el aborto, pero NINGUNA quisiéramos ser Alicia, o haberla conocido, pero les aseguro que si yo tuviera a una Alicia cerca, le ayudaría en todo lo que diera mi humanidad y solidaridad. Estoy segura que ninguna mujer quiere depender del aborto como recurso anticonceptivo, pero requerimos destrabar estereotipos en materia familiar e individual sobre nuestros derechos a la reproducción libre e informada y a una educación sexual sin prejuicios. Los mecanismos del Estado han sido insuficientes para evitar la violencia contra las mujeres; para evitar violaciones sexuales; para garantizar todos los derechos, por eso, considero que estamos obligad@s a dar una discusión seria, abierta, científica y profesional para que sin prejuicios de clase, etnia o condición ideológica, abordemos estos temas difíciles que garanticen nuestros derechos. Así como cuando de niñas jugábamos a las escondidas y nos salvaba alguna compañera, hoy todas tenemos que salvarnos, garantizar nuestras vidas y nuestros derechos: Por ti, por mi, por todas!

Texto presentado en la presentación del Informe de GIRE – Grupo de Información en Reproducción Elegida: “Maternidad o castigo: la criminalización del aborto en México” (2018), en el Museo de la Ciudad.

Les invito a consultarlo, descargarlo y compartirlo: https://goo.gl/8ms6UC y http://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/assets/pdf/Maternidad_o_castigo.pdf

Tercer Informe de Actividades

La tarde de este sábado, un equipo de brigadistas recorrió las calles del distrito nueve, para hacer entrega de un díptico con la rendición de cuentas de actividades de la diputada federal por Morena Candelaria Ochoa Ávalos, en el tercer año de la legislatura LXIII.

Con el objetivo de que quienes la eligieron como representante para que fuera su voz en San Lázaro conozcan el trabajo realizado, la legisladora detalló que durante los tres años en el Congreso de la Unión, presentó diversas iniciativas en materia de Igualdad de género, de Derechos Humanos, de transparencia y defensa al medio ambiente.

Digno de resaltar es que la diputada Jalisciense siempre comprometida con temas de carácter social, presentó en este último año de la legislatura iniciativas sobre:

  • Reconocimiento de los migrantes repatriados
  • Trabajadores independientes o freelance
  • Violencia Política
  • El feminicidio
  • La alerta de género
  • El acoso sexual en espacios públicos
  • El acoso y hostigamiento sexual en el trabajo y la escuela

Esta última que representa un gran avance por la importancia de concientizar sobre el daño que el acoso sexual provoca en el tejido social y en la vida cotidiana de las mujeres, fue aprobada en el Congreso y el Senado.

Importante señalar que como diputada federal, Candelaria Ochoa se distinguió por ser una de los y las diputadas más preparadas y participativas en la tribuna del Congreso de la Unión, razón por la que recibió el reconocimiento “José Ma. Morelos y Pavón” como un premio al trabajo legislativo desarrollado.

Satisfecha por la labor realizada, Ochoa Ávalos hoy más que nunca refrenda su compromiso con la ciudadanía que en ella depositó su confianza a través de su lema, “Hice y seguiré haciendo lo correcto”. 

Cabe señalar que la diputada federal por Morena Candelaria Ochoa, actualmente es una de las   candidatas a dirigir el INMUJERES. 

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CUCSH nunca aplicó el protocolo de acoso

Un protocolo de acción para prevenir y manejar el acoso sexual en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) fue propuesto por académicos y aprobado por autoridades en 2011, sin embargo, nunca se aplicó; siete años más tarde el campus fue escenario de una serie de hostigamientos contra alumnas y maestras que, pese a los reportes, el presunto agresor no fue investigado sino hasta que se dio a conocer en medios el pasado 27 de mayo.

Así lo dio a conocer la diputada federal Candelaria Ochoa Avalos, que en ese entonces dirigía el Centro de Estudios de Género de la casa de estudios; además declaró a este medio que en un periodo de cuatro años en el cargo el gobierno federal destinó 25 millones de pesos para foros, libros, becas y otras actividades dentro de la UdeG de las que se desprendió el protocolo e implicaron compromisos de la universidad hacia la agenda de género, que no se cumplieron.

“En 2011 propusimos un protocolo muy específico contra el acoso y el hostigamiento en el CUCSH y a pesar de que se aprobó en el consejo de centro en agosto de 2011, todavía hoy no hay una sola respuesta en ese sentido. Nunca entró en vigor (…) debe estar en las actas del CUCSH porque se nombró una comisión especial, pero se abandonó porque en realidad la universidad no ha tenido una política que atienda ese tema de manera seria, y eso que tenemos casos de acoso y hostigamiento de manera cotidiana”, declaró en entrevista.

“Nos dieron 25 millones de pesos en cuatro años y medio y realizamos los dos diagnósticos contra la violencia, el diagnóstico sobre la currícula, tuvimos becas de estudiantes que fueron a encuentros de estudios de género, tuvimos conferencias magistrales en el Paraninfo donde vinieron académicas feministas de todo el mundo (…) y compramos más de 7 millones de pesos en libros, le dimos a la Copladi 5 millones de pesos para que tuviera indicadores por sexo de estudiantes (agraviados), yo cada seis meses rendía informes. Pero es increíble que de esos compromisos que nos hicimos como Universidad de Guadalajara no se estén rindiendo cuentas”.

A raíz de las denuncias públicas contra el ex coordinador de la carrera de Antropología del CUCSH, Horacio “N”, por acoso sexual, la UdeG lo cesó del cargo y anunció el inicio de una consulta pública para la construcción de un protocolo de acción a nivel red universitaria contra el hostigamiento, luego de que el rector, vicerrectora y secretario demostraran insensibilidad en dicho caso, de acuerdo con las propias denunciantes y estudiantes que se unieron a la presión social por el caso.

Al respecto, Ochoa Ávalos pidió que se tome en cuenta el protocolo del CUCSH donde sí contemplan sanciones para los hostigadores sexuales y se habla de contar con un consejo especializado para atender las denuncias.

“Cada centro universitario debe tener una instancia especializada para atender estos casos, lo segundo es que la víctima es víctima hasta que se hagan las investigaciones, porque eso de ‘presunta víctima’ es poner en duda su calidad de agraviada” Candelaria Ochoa

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“Nosotros en el CUCSH definimos cuál era una agresión leve, moderada y grave y sus respectivas sanciones, todo mundo lo debe tener claro, los agredidos y presuntos agresores” Candela Ochoa

 

Por Violeta Mendez
Publicado originalmente en NTR

Candelaria Ochoa considera urgente creación de observatorios de género en universidades

La diputada Federal de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, confía en que la cámara baja retome la propuesta que hizo para que haya observatorios de género en las instituciones de educación superior porque es un tema urgente para evitar el acoso. 
Yo creo que lo que necesitamos son los observatorios de género, de especialistas, maestras, profesores, personal administrativo y estudiantes que participen en esos observatorios de género y que además se sancione el acoso y el hostigamiento”.
Agregó que su lucha no es únicamente contra el hostigamiento sino contra cualquier tipo de discriminación.

Nota de DK1250 am

 

Conagua otorgó permisos para saqueo de arena en el Río Verde: Diputados MC

Rosario Bareño
El Occidental

Continua el saqueo de arena del Río verde, que es vendida en la zona de Los Altos. La Conagua es la que otorgó permisos para su explotación sin estudio de impacto ambiental, denunciaron los diputados de MC Augusto Valencia y Candelaria Ochoa y colectivo Salvemos Temacapulin, Acasico y Palmarejo.

“No existen permisos de explotación y ante una suspensión por falta de estudios de impacto ambiental de la Profepa, la Conagua sigue otorgados permisos a los concesionarios para la explotación de la arena. Además, la circulación de los camiones no está permitida en la zona. “La responsabilidad es de la Conagua, pues debe cancelar los permisos debido a que la presa El Zapotillo está suspendida y por lo tanto no se justifica la extracción”, señaló Ochoa.

Diariamente salen unos 20 camiones llenos de arena, que son vendidos en la zona de Los Altos en 3 mil pesos la mercancía de cada camión.

Valencia a su vez exigió que cese la persecución judicial de los líderes sociales María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza, participantes en una manifestación por la defensa de sus tierras.

Solicitó que Conagua, suspenda cualquier permiso de extracción de arena que esté vigente”.

Agregó Ochoa “La Conagua ha dado estos permisos sin un estudio de impacto ambiental y sin lo que representa esta extracción. Pueden decir que es normal que se den permisos para que se extraiga arena de los ríos, sí, para desazolve; pero no para lo que se está haciendo”.

“El río está lleno de arena y piedra de diferente tamaño. En el caso de Temacapulín, hay al menos dos depósitos de arena o tres; de ahí los trasladan a Cañadas, a la cabecera y también a Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Mexticacán, toda esa zona de Los Altos, ahí se vende (la arena)”, informó el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Comité.

 

Citaron como irregularidades: La entrega de concesiones hasta por 30 años, por parte de Conagua, algunas de las cuales no precisan fecha de inicio ni de término de las mismas, “error” que puede permitir a los extractores rebasar el periodo, así como el permitirles operar sin licencias municipales, sin permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni manifiestos de impacto ambiental.

Y el incumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad por parte de las autoridades del Municipio de Cañadas, quienes no han logrado frenar el paso de los camiones por las

Exigen a CONAGUA cancelar permisos de extracción en Río Verde

Si fueron suspendidos los trabajos de construcción de la presa en la zona de Temaca, deben cancelarse también los permisos a concesionarios areneros, dicen pobladores y legisladores ciudadanos.

Ante el peligro que están generando a los pobladores los hundimientos de tierra por la extracción indiscriminada de tierra, la falta de un estudio de impacto ambiental y la suspensión de la construcción de la presa en esa zona del Río Verde, pobladores y legisladores ciudadanos exigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que cancele los permisos que ha otorgado a los areneros en la zona de Temacapulín.

En conferencia de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Colectivo de Abogados COA, la diputada federal Candelaria Ochoa Ávalos y el diputado Augusto Valencia López, acusaron diversas irregularidades que están provocando la depredación salvaje por parte de los concesionarios areneros, principalmente el hecho de que la Conagua mantenga vigentes permisos de extracción de arena de río hasta por 30 años.

“Como está detenida la presa judicialmente, lo que nosotros solicitamos como Congreso y como diputada y diputado que hemos estado dando seguimiento a este tema, es que la Conagua, en este momento, suspenda cualquier permiso de extracción de arena que esté vigente”, solicitó la legisladora ciudadana, junto con el diputado Valencia López y los representantes de los pobladores.

La Conagua ha dado estos permisos sin un estudio de impacto ambiental y sin lo que representa esta extracción. Pueden decir que es normal que se den permisos para que se extraiga arena de los ríos, sí, para desasolve; pero no para lo que se está haciendo”, señaló.

Para dimensionar el tamaño del negocio, la diputada Candelaria Ochoa refirió que a diario se extraen aproximadamente 20 camiones de arena de río de cada uno de los más de 20 bancos detectados en la zona de Temacapulín, y que cada camión se comercializa entre 2 mil 500 y 3 mil pesos.

“El río está lleno de arena y piedra de diferente tamaño. En el caso de Temacapulín hay al menos dos depósitos de arena o tres; de ahí los trasladan a Cañadas, a la cabecera y también a Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Mexticacán, toda esa zona de Los Altos, ahí se vende (la arena)”, precisó el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Comité.

Entre las irregularidades, señalan la entrega de concesiones hasta por 30 años, por parte de Conagua, algunas de las cuales no precisan fecha de inicio ni de término de las mismas, “error” que puede permitir a los extractores rebasar el periodo, así como el permitirles operar sin licencias municipales, sin permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni manifiestos de impacto ambiental.

También acusan el incumplimiento del Reglamento de Tránsito y Vialidad por parte de las autoridades del Municipio de Cañadas, quienes no han logrado frenar el paso de los camiones por las poblaciones.

Como parte de las acciones para frenar la extracción indiscriminada de material del Río Verde, la Diputada Candelaria Ochoa presentó el pasado mes de abril una denuncia ante la Profepa, de la que han derivado dos visitas de inspección. En la primera, fue clausurado uno de los aproximadamente 23 bancos de extracción detectados a lo largo de los 3 kilómetros donde la Conagua dio permisos, y la otra se realizó hoy.

“Sin embargo, quiero decirles que la Profepa no puede vigilar a la Conagua; o sea, el propio Ejecutivo no se vigila a sí mismo. La Conagua da permisos sin estudios de impacto ambiental y la Profepa dice que no puede hacer nada”, lamentó la legisladora federal del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Adicionalmente, el diputado Augusto Valencia exigió que cese la persecución judicial de los líderes sociales María Félix Rodríguez Reyes, Catalina Mejía Alvarado y José Gutiérrez Espinoza, participantes en una manifestación por la defensa de sus tierras.

Después de presentada denuncia, PROFEPA cancela extracciones del Río Verde

La diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa presentó el viernes 27 de abril una denuncia ante la PROFEPA en contra de quien resulte responsable por la contaminación y explotación de bancos de arena en el Río Verde, que han provocado un daño irreparable tanto al río como a la comunidad de Temacapulín, a causa de las perforaciones en los bancos de arena. Hoy mismo por la tarde, el organismo anunció que cancela y suspende temporalmente las actividades de extracción de material pétreo en la zona.

  Por ello, la diputada expresa con gran satisfacción que después de presentada la denuncia, la PROFEPA haya reaccionado y difundió mediante un comunicado que “Durante la diligencia de inspección se solicitó al visitado la documentación expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de impacto ambiental, en la que hubiesen sido autorizadas las actividades de extracción de material pétreo en el cauce del citado río, quien exhibió un permiso; sin embargo, el mismo correspondía  a la extracción de material pétreo en una zona diferente, por lo que dicho permiso no autorizaba las actividades inspeccionadas”.

Al considerar que toda extracción de material pétreo altera la geometría del cauce, flujo y morfología del río, además del riesgo de daño a los recursos naturales, la PROFEPA impuso como medida de seguridad la clausura total de manera temporal las actividades de extracción”.

Aprueban en Senado iniciativa contra el acoso, de Candelaria Ochoa

El Pleno del Senado de la República, aprobó este jueves una reforma en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define con claridad los términos de hostigamiento sexual y acoso sexual, con el fin de evitar lagunas legales e impunidad, cuando se presenten denuncias por este tipo de delitos, en los ámbitos laboral y académico.

Como se recordará, el pasado 16 de febrero La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen producto de la iniciativa de la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos para que el acoso en planteles escolares y espacios de trabajo sea considerado acoso sexual y por lo tanto, un delito.

“Erradicar la violencia contra las mujeres no es sencillo, hoy a 10 años de la creación de la Ley aún tenemos problemas para implementarla” señaló la legisladora, quien recordó que el dictamen fue regresado en 3 ocasiones por la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género.

La reforma define el hostigamiento sexual como “el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral, escolar, docente, doméstico o cualquier otro en el que exista subordinación. Se expresa con conductas verbales, físicas o ambas, independientemente de que se realice en uno o varios eventos, relacionados con la sexualidad de connotación lasciva”.

En tanto, el acoso sexual se define como “una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder, en el que se percibe un ambiente hostil que puede desencadenar en intimidación, condicionamiento o humillación y que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.

Candelaria Ochoa ha mencionado en diversas ocasiones, que la lucha de las Diputadas Ciudadanas en contra de la violencia de género en todas sus expresiones, el acoso y la cosificación de las mujeres ha sido una de las principales banderas que han impulsado durante esta legislatura, por lo cual aplaude y se congratula por la determinación del Senado.

Piden parar extracción de Arena en Temaca

Detener la explotación de los bancos de arena en Temacapulín exigió la diputada federal por Jalisco Candelaria Ochoa, a unas semanas de las denuncias de habitantes del poblado donde autoridades estatales y federales construyen la Presa El Zapotillo.

Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “intervenga e investigue la explotación de los materiales del río Verde y se respete la autonomía comunitaria de Temacapulín”, pidió a través de un punto de acuerdo promovido en el Congreso de la Unión a fin de parar la extracción de materiales.

Los gobiernos estatal y federal, así como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), deben además “revisar el permiso provisional que se había otorgado a los areneros y que se finquen responsabilidades, pues actualmente trabajan de forma ilegal”.

La extracción de materiales representa contaminación en el río Verde, daños en algunas viviendas y los caminos de la región por el uso de maquinaria y la dinamitación de roca en los bancos de arena, explicó.

La legisladora del partido Ciudadano (MC) recordó que los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han denunciado “que el gobierno estatal, a cargo de Aristóteles Sandoval, ha realizado acciones para intimidar a los pobladores, que recientemente han realizado protestas pacíficas para detener a las compañías que explotan los bancos de arena con permisos falsos”.

Y acusó al alcalde de no defender a sus gobernados, lo cual, dijo, es sospechoso. “El presidente municipal ha llegado a acuerdos con los areneros que no son legales. Por lo que solicito que sea revisada su cuenta pública y personal”.

Por cuestiones judiciales, la Presa El Zapotillo quedará a 80 y no a 105 metros de altura al concluir la actual administración, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra.

Desde hace más de dos sexenios, integrantes de la agrupación Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo se han resistido a la construcción de la presa porque representa la inundación de los tres poblados y la mayor parte del agua iría al vecino estado de Guanajuato, según han reconocido autoridades.

Tocará al gobierno entrante decidir si continúa la disputa en tribunales en contra de los habitantes que se oponen a la obra, informó el 27 de marzo Ramírez de la Parra.

“Ya no podremos estar pensando en una presa a 105 metros mientras no se resuelva el tema judicial. En este momento, lo que hemos decidido es dejar así la cortina. Así la va a entregar la actual administración: la presa a 80 metros”.

A la par de la construcción, pobladores han denunciado extracción de arena y materiales naturales en la zona, lo cual, se quejan, atenta contra su derecho a un medio ambiente sano.

 

Publicado originalmente en NTR

Candelaria Ochoa invita a vecinos del Dtto 9 a conocer el Congreso de la Unión

A invitación  expresa de la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos, este jueves 05 de abril, vecinos y vecinas del distrito 9 de Guadalajara, realizaron un viaje de la Perla Tapatía a la CDMX con el fin de conocer el Palacio de San Lázaro.

Ochoa Ávalos comentó que el Congreso de la Unión tiene las puertas abiertas a ciudadanos que quieren presenciar de cerca las actividades que ahí se realizan y conocer el lugar donde su voz es alzada por los legisladores de Movimiento Ciudadano, para honrar la representatividad en ellos depositada. La presente convocatoria es una forma de agradecimiento al apoyo recibido durante su campaña, al resultar electa diputada federal y posteriormente por el trabajo que ha realizado en estrecha relación con ellos.

También este día la legisladora hizo un exhorto desde la Cámara de Diputados a que las iniciativas de la Comisión de Igualdad (a la que pertenece), se dictaminen y no se dejen morir, a poco tiempo de que finalice la presente legislatura.