Preocupante la reducción al presupuesto para igualdad

Solo el 0.5% del presupuesto general es etiquetado para el Anexo 13, que se destina a generar condiciones de igualdad entre Mujeres y Hombres, sin embargo y a pesar de lo magro de estos recursos para esta materia, hay una preocupante reducción en el proyecto de presupuesto destinado para el 2018, ya que tramposamente se anuncia un incremento del 2% en relación al 2017 cuando la inflación registra un aumento del 4%, denunció este jueves en rueda de prensa la diputada federal ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos.

Enfatizó que el presupuesto con perspectiva de género se resuelve a través del Anexo 13 que se denomina transversal es decir, un anexo que está en cada una de las secretarías las cuales tienen que desarrollar acciones en materia de igualdad.

La diputada advirtió que hay decrementos en programas prioritarios para la agenda femenina por ejemplo en el tema de salud, en tanto que existe un inexplicable incremento presupuestal en acciones de SEDATU cuya titular es la Priísta Rosario Robles. Señaló que es inadmisible una reducción al citado anexo que busca compensar la deuda histórica que el Estado tiene con las mujeres y enfatizó que los recursos canalizados a generar condiciones de igualdad no deben tener un uso político..

“Creemos que en este sentido hay que observar punto por punto del presupuesto para revisar en donde está la trampa y en donde el presupuesto con perspectiva de género tiene desvío de recursos”.  

 En la rueda de prensa que se llevó a cabo en San Lázaro, la diputada federal por Jalisco estuvo acompañada por sus compañeras de bancada, Mirza Flores, Verónica Delgadillo y Victoria Mercado, quienes respaldaron totalmente lo dicho por Ochoa Ávalos, como una postura unánime del partido.

En otro tema y en un día muy activo, Candelaria Ochoa acompañada por el también diputado federal ciudadano Víctor Sánchez Orozco fijaron la postura de Movimiento Ciudadano sobre el Dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada que fue aprobada este jueves en la Cámara de Diputados.

Durante su exposición, Candelaria Ochoa afirmó que, aunque el dictamen es perfectible, contiene un avance al contar con el aval de los familiares de las víctimas. Se manifestó en contra de la propuesta de que el titular de dicha Comisión sea designado por el Presidente de la República, ya que es al gobierno federal a quien se imputa el mayor número de actos de desaparición. Por ello, se manifestó a favor de que se establezca como un organismo descentralizado y no sectorizado.

La diputada federal apuntó que Jalisco se encuentra en el tercer lugar nacional en este delito, con 2 mil 430 denuncias.

Diputados aprueban Ley de Desaparición Forzada

Por unanimidad de 397 votos de todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada, y se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor el instrumento con el que se pretende dar certeza a las familias en la investigación, persecución y sanción de un delito que, según cifras oficiales, ha dejado más de 30 mil 499 víctimas hasta diciembre de 2016. A esta sesión no se presentaron 103 legisladores.

Durante la presentación de posturas, los partidos políticos resaltaron que después de dos años de discusión finalmente se logra una ley que atiende –argumentaron– el dolor de las familias, y señalaron que la desaparición de mexicanos y ciudadanos de Centro y Sudamérica se cuenta por miles.

Morena y PRD indicaron por separado, que si bien la de-saparición forzada de personas es una práctica instaurada en el país desde la denominada guerra sucia, en los gobiernos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, se agudizó en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien impuso al país su ‘‘guerra’’ contra el crimen organizado.

Desde la tribuna y ante organizaciones de familiares, a quienes la mesa directiva abrió las galerías del recinto parlamentario, la diputada Ernestina Godoy (Morena) describió con precisión por qué México es el único país donde la desaparición forzada es una rutina.

‘‘Esa guerra iniciada por el PAN y Calderón dejó muerte y destrucción. En México se desaparece personas para silenciar periodistas, sembrar terror, tapar la corrupción y eliminar adversarios políticos, acabar con la protesta, apropiarse del patrimonio de personas, terminar con la competencia, reafirmar el machismo, ganancia económica, por disgusto, quedar bien, por despecho, porque son jóvenes o mujeres, por religión, por preferencia sexual, por el color de piel, por las ideas, por su profesión. ¡Por todo! La maldad se ha instalado entre nosotros y todos lo hemos permitido.’’

Los legisladores reconocieron que la respuesta ante ese fenómeno es tardía y si bien los grupos parlamentarios indicaron que la ley es incompleta, era preferible aprobarla como está con objeto de apresurar su puesta en marcha y comenzar a atender el problema.

Armando Luna Canales (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, definió que se trata de la ley más importante que aprobará la 63 Legislatura, ‘‘porque su motor es el amor infinito que en ella depositaron quienes, en forma incansable y permanente, buscan a sus seres queridos’’.

Cada artículo de la ley, abundó, lleva una enorme carga de dolor, pero también busca resolver los problemas de las familias y que la historia de México sea sin desaparecidos.

Cristina Gaytán, vocera del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que la ley es una respuesta, aunque tardía, a las miles de víctimas y el reflejo de una lamentable realidad nacional.

‘‘Esta ley, junto con la General contra la Tortura, constituyen reflejos fehacientes de la crisis humanitaria que sufre el país por crímenes de lesa humanidad, en la que agentes del Estado, responsables de protegernos, torturan y desaparecen a niños, mujeres, defensores de derechos humanos, periodistas y a nuestros jóvenes, ¡porque siguen faltando 43!’’, expresó.

Candelaria Ochoa, de MC, indicó a su vez que, desde la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, Rosendo Radilla y ahora los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la desaparición forzada no ha disminuido en México. ‘‘Constituye un abuso de poder porque se borra el principio de presunción de inocencia y se avasallan los derechos humanos y garantías de la víctima’’, concluyó.