Siempreviva: El acoso es un problema

La reforma presentada al Artículo 13 a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, reconoce el acoso en los espacios laborales y docentes. Con todas las dificultades y a pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto. Falta reconocer el acoso como parte de la violencia en la comunidad. Es, por lo tanto, un primer paso en esta tarea que no es fácil, porque se trata de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en los distintos espacios e instituciones de nuestro país.

            Así como La LGAMLV reconoce los tipos y modalidades de la violencia como la física, emocional, psicológica, sexual, económica, laboral, política y docente, el acoso es, evidentemente, una forma de violencia que evidencia un desbalance de poder en el que una persona amedrenta de alguna forma a otra.

            El acoso sexual es un fenómeno que, a pesar de ser una agresión directa en contra de alguien, se ha normalizado hasta el punto de sorprender la denuncia del mismo. Es un comportamiento que, más que invisible, es común en las interacciones cotidianas y afecta la vida de la mayoría de las mujeres en nuestro país. La normalización del acoso sexual en nuestra cultura ha provocado que las personas no sean conscientes de que es un problema ampliamente difundido, y que se den explicaciones socialmente válidas que lo perpetúan.

La sensación de inseguridad en las ciudades y comunidades, no deriva únicamente del crimen y la violencia, sino de una combinación de factores que incluyen temas sociales, económicos, culturales y domésticos, como la pobreza, el desempleo, la violencia urbana, la actividad delictiva, la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo, la xenofobia y la trata, entre otros.

En un estudio realizado por David Martínez y Mariana del Carmen González, de la Universidad Iberoamericana León, en Los Castillos, las y los investigadores exploran desde una perspectiva de los derechos humanos y de género, el derecho a la ciudad.  Y en particular, estudian el derecho a los espacios públicos y la libertad de las mujeres en ellos. Y si pensamos que las mujeres tenemos derechos en ellos, pues nos hemos equivocado, porque este trabajo, lo que nos muestra que el acoso en la vía pública es una vivencia que desde niñas la padecemos. Y digo la padecemos porque los testimonios que nos presentan nos muestran cómo antes estas situaciones de acoso -que son violencia- iniciamos a vivir con miedo y temerosas de los hombres. Y me pregunto ¿En qué momento les perdemos el miedo y la vergüenza? porque después nos piden que nos enamoremos de ellos,  vivir con ellos y hasta tener hijos con ellos. Esos que quizá acosaron a mujeres en sus propios hogares o en los espacios públicos, que son conocidos muchas veces y desconocidos otras tantas. Dicen las y los autores de este trabajo, acosar a una mujer desconocida en la vía pública, surte el efecto simbólico de alimentar esa masculinidad hegemónica y probar la virilidad.

Y es que el acoso contra las mujeres modifica su libre desenvolvimiento en la ciudad; lo cual implica que modifiquen rutas, horarios, vestimenta e incluso que decidan no salir al no saberse seguras. Es nuestro deber, desde este poder legislativo, trabajar para encontrar herramientas que contribuyan a que las mujeres podamos sentirnos y estar seguras; educar y re educarnos contra la normalización del acoso y la violencia y fomentar mecanismos que lo sancionen.

            Considero fundamental y necesario avanzar para erradicar la violencia, no nos vamos a acostumbrarnos y normalizarla, la violencia y el maltrato son un problema que lastima el tejido social y tenemos que atajarlo de manera frontal. Es un problema y hay que nombrarlo como tal.

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Político

Siempreviva: Prohibir el matrimonio infantil

En varios Códigos civiles se mantiene el matrimonio infantil de mujeres menores de 18 años, lo que quiere decir niñas. Y es que todavía se permite que con la autorización de padres y/o tutores ellas puedan contraer matrimonio. Este es un gran reto para la legislatura -ante la cual ya presentamos la diputada Maricela Contreras y una servidora- una iniciativa para prohibirlo y que posteriormente, todos los estados de la República hagan lo mismo. Y es que los casos de matrimonio infantil son dramáticos, menores de edad que no han vivido como tales.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define el matrimonio infantil como un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años. Este fenómeno es una realidad que afecta a las niñas de manera más desproporcionada. En su informe, Progreso para la Infancia de 2010, dicha agencia de Naciones Unidas sostiene que alrededor de una tercera parte de las mujeres de 20 a 24 años de edad a nivel mundial se casaron cuando eran niñas; precisa que si bien los datos de 47 países muestran que, en general, la edad mediana del primer matrimonio está aumentando gradualmente, esta mejora se ha limitado principalmente a las niñas de las familias con ingresos más altos e informa que mientras que el 48% de las mujeres de 45 a 49 años de edad se casaron antes de cumplir los 18 años, la proporción sólo ha bajado a 35% de las mujeres 20 a 24 años de edad.

El matrimonio infantil es una norma social discriminatoria y violatoria de los derechos humanos porque pretende reducir la carga económica que representan las niñas y adolescentes en las familias pobres.

Esta práctica profundiza las brechas de desigualdad y marginación, condenando principalmente a las mujeres, porque alienta el embarazo prematuro y sin espaciamiento; fomenta la preferencia del varón en la educación; fomenta la deserción escolar en niñas y adolescentes; circunscribe a las mujeres a las tareas domésticas, privándolas de elegir una actividad fuera del hogar; aumenta el riesgo de que su bebé muera en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años.

            En México, de 2005 a 2012, los matrimonios infantiles aumentaron seis por ciento. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cada año más de 113 mil niñas entre los 15 y 18 años se casan en el país, es decir, una quinta parte del total de los matrimonios a nivel nacional, estimándose que aproximadamente 389 mil niñas y niños entre 14 y 17 años están casados o viven en unión libre.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 da cuenta de que la proporción de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años que viven en unión libre o matrimonio, representa 15 de cada 100; lo que quiere decir que en México hay 6.8 millones de mujeres entre los 15 y 54 años que contrajeron matrimonio antes de los 18 años. De las mujeres de 50 a 54 años 25.3% se unieron antes de los 18 años, mientras que en el grupo de edad de 20 a 24 años este porcentaje es de 21.4%.

Actualmente, el Código Civil Federal permite a mujeres mayores de 14 años y a los hombres mayores de 16 contraer matrimonio, siendo México uno de los 52 países que permiten esta unión legal entre menores con el consentimiento de sus padres, a pesar de que el 4 de diciembre de 2015 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expresa que en su Artículo 45, titulo segundo expresa: Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Por ello, propusimos reformar el Artículo 48 y quedar de la siguiente manera: Artículo 148.- Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.

El matrimonio infantil es violatorio de los derechos humanos de niñas y adolescentes, por ello, estamos a la espera de garantizar el derecho a una vida libre y a la libre elección, y se apruebe esta iniciativa que puede cambiar las vidas de las menores que son forzadas a semejante atrocidad.

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Política

Siempreviva: Seguridad de las mujeres en contextos urbanos

La violencia contra las mujeres no es natural, en esto hemos insistido desde hace casi treinta años. Es un problema sociocultural y como tal debemos impulsar acciones para prevenir y erradicar desde los gobiernos locales. También hemos insistido en que la seguridad ciudadana debe incluir dos perspectivas: enfoque social y perspectiva de género, por ello, ONU Mujeres ha retomado muchos de los estudios -y también los ha realizado- que retoman estas dos perspectivas. Es de destacar que las políticas y los programas de seguridad, deben responder a las necesidades de género, es decir, deben tener en cuenta los factores para que las mujeres y niñas se sientan seguras en sus comunidades, así como, quiénes son las y los perpetradores de la violencia.

La sensación de inseguridad en las ciudades y comunidades, no deriva únicamente del crimen y la violencia, sino de una combinación de factores que incluyen temas sociales, económicos, culturales y domésticos, como la pobreza, el desempleo, la violencia urbana, la actividad delictiva, la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo, la xenofobia y la trata, entre otros.

De tal manera que todo este conjunto, hace que la violencia de género, no sólo no disminuya, sino se incremente. Incluir la perspectiva de los derechos humanos y de género y el derecho a la ciudad, se convierte en una necesidad urgente, en particular, el derecho a los espacios públicos, que garanticen la libertad de las mujeres en ellos. El acoso en la vía pública es una vivencia que desde niñas la padecemos. Y la padecemos porque se ha naturalizado que nos suceda eso todos los días, por ello, desde que somos chicas iniciamos a vivir con miedo, e incluso, algunas viven temerosas de los hombres. Y me pregunto ¿En qué momento les perdemos el miedo y la vergüenza? porque después nos piden que nos enamoremos de ellos y hasta llegamos a vivir con ellos y procrear hijos. Esos hombres que quizá acosaron a mujeres en sus propios hogares o en los espacios públicos, pueden ser extraños para unas y conocidos para otras.

Requerimos, reconocer y reconocernos como sujetas de derechos, con la capacidad de agencia para parar la violencia, para que el acoso no genere el efecto simbólico de alimentar la masculinidad hegemónica y los hechos violentos. Pero la capacidad de agencia también está presente para hacernos actuar y hacer elecciones propias de modo libre.

La educación deberá modificar patrones culturales que prefiguran la aceptación e incluso, la sumisión de las mujeres. Por lo que deberemos empezar a construir en el sistema educativo, familiar y social, fuentes que subviertan dichos principios.  Por ello, es necesario marcar una ruta desde los gobiernos locales para que los espacios urbanos sean vivibles de manera segura para las mujeres y las niñas, la utilización de las calles y de los espacios públicos, en el imaginario colectivo y en el diseño de la ciudad, deben integrar la perspectiva de género en materia de seguridad.

 

Columna de opinión por Ma. Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Político

Candelaria Ochoa cuestionó al presidente de la CNDH

Este miércoles, durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se realizó  la presentación del informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde en nombre de su bancada la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos formuló dos preguntas al Presidente del Organismo Luis Raúl González Pérez. La primera relacionada a la aprobación por parte del PRI y sus aliados a la controversial Ley de Seguridad Interior.

Después de acotar que dicha ley representa la intención del Estado Mexicano de perpetuar la fallida estrategia del combate al crimen organizado, la legisladora inquirió a González Pérez, sobre lo que él cree de las motivaciones para continuar con una táctica que a todas luces ha fallado y ha sido reprobada por los principales organismos internacionales de derechos humanos, como la propia CNDH.

Ochoa Ávalos se refirió también a la grave crisis de derechos humanos que vive actualmente México, que se ha traducido en recomendaciones sobre graves violaciones a estos y recordó que según el informe de labores de diciembre de 2017, la CNDH recibió en el pasado año un total de 14,156 quejas por violaciones a los derechos humanos. Razón por la que dijo, es necesario emprender acciones a profundidad que garanticen el derecho a conocer más sobre esta crisis y la no repetición del daño. Al respecto, Movimiento Ciudadano propuso la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en la última década, por lo que la diputada cuestionó nuevamente al presidente del Organismo sobre su opinión acerca de este tipo de mecanismos a nivel nacional como un primer paso para transitar hacia un cambio de régimen con la voluntad que se requiere para reconocer el nivel de la actual crisis y para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Candelaria Ochoa hizo un repaso de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, entre los que figuran feminicidios, el ataque a los periodistas y defensores de derechos humanos, el tema de los migrantes, la marginación de los pueblos indígenas entre otros, e hizo un llamado a Raúl González Pérez para que el organismo a su cargo intervenga en los graves y muy desafortunados casos de salud durante el gobierno de Javier Duarte en Veracrúz.

Siempreviva: Democracia y paridad

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado en MX Político

Heidi Hartmann en su libro Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo, dice: es mejor un matrimonio más saludable o el divorcio. Y así ha pasado en la relación entre la democracia y la paridad. Y es que las y los políticos no sensibles “al género”, consideran que las cuotas y la paridad son una amenaza a la democracia, y en cierto sentido sí, porque la democracia liberal se olvidó de incluir a las mujeres, que somos las mitad de la población.

            Desde 1993 que se impulsa una primera reforma que “recomienda” a los partidos integrar a mujeres en sus listas de candidaturas, le siguieron reformas en 1996, 2002 y es en 2012, que se sienta jurisprudencia para establecer que los partidos políticos deberán integrar con personas del mismo género, sus fórmulas de candidatos titulares y suplentes a diputados y senadores por ambos principios. En el Parlatino[1] en 2014,  se discutió la paridad vertical como establecer en las listas plurinominales la ubicación de las candidaturas de mujeres y hombres, de manera alternada y secuencial (uno a uno) en toda su extensión y de modo descendiente tanto en los cargos de titulares como en los cargos de suplencias. Si se trata de listas partidarias uninominales, la paridad se cumple con la incorporación de candidaturas suplentes al otro sexo de quien detenta el cargo de titular. Y la paridad horizontal, como la participación equivalente de mujeres y hombres al encabezar las listas partidarias (primeros lugares). Cuando un mismo partido político y/o alianza se presenta en varios distritos electorales simultáneamente debe acordarse encabezar mujeres y hombres por igual.

            Para las elecciones de 2018, la paridad vertical y horizontal, serán una realidad.  La paridad vertical y horizontal, considerará la variable histórica o de rotación para encabezar las listas plurinominales y uninominales. Se trata de la alternancia inmediata de género entre un período electoral y otro. Si la lista fue encabezada por un hombre en el siguiente período deberá encabezarla una mujer y viceversa.

            De tal manera que la Norma Marco sobre paridad, pone en el centro la igualdad de resultados, entendiendo por ésta, la culminación de la igualdad legal y la igualdad sustantiva, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, haciéndola eficaz en la práctica y no basada en la noción de justicia procedimental.

            Para lograrlo, se requiere de un trato desigual, por ello, las medidas especiales de carácter temporal para alcanzar la igualdad sustantiva, son el pilar al que aspira la democracia paritaria en todos los ámbitos de la sociedad. Y reitero, es una medida democratizadora que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos de toma de decisiones en el ámbito público. Sin embargo, no puedo dejar de insistir que se requiere la paridad no solo en los cargos de elección popular: diputaciones, senadurías, regidurías, sindicaturas y presidencias municipales, se requiere también paridad en el ámbito ejecutivo y en el poder judicial, sino sólo tenemos una exigencia de paridad en uno de los poderes y queremos que esta se manifieste en los tres.

            Este debate se inscribe en la democracia y el feminismo radical, que no ve solamente al sistema político formal, sino al significado de impulsar una política democrática que aspire a la articulación de las diferentes luchas en contra de la opresión. Decían las feministas de los años setenta: no queremos la mitad del pastel, sino cambiar la receta. Y es que los valores de justicia social e igualdad de género están íntimamente vinculados. Queremos organizar y reorganizar la vida social en todas las dimensiones en las que vivimos la experiencia de ser humanas y humanos. Hasta ahora, los sistemas “democráticos” carecen de estos aspectos.

             Queremos recuperar y radicalizar los aspectos más progresistas de la democracia liberal – libertad, igualdad, autodeterminación y autonomía, además de una redefinición del bien común. Dice Fraser que  la base estructural de la subordinación de las mujeres en la sociedad capitalista, es la división entre la producción económica y la reproducción social, por ello, debe revisarse la relación profunda entre estas dos, sino, no será posible la emancipación de las mujeres.

            La democracia radical[2] significa crear una nueva cultura política y nuevos marcos de entendimiento que articulen estrategias para un proyecto de transformación social, que supere todas las formas de explotación, dominación y discriminación social y global. El neoliberalismo, los militarismos y fundamentalismos, nos excluyen, violan y deshumanizan, individual y conjuntamente, por ello, no puede haber democracia si no se reconoce la paridad en el marco de igualdad de resultados.


 [1] El PARLATINO reunido en su sede de Panamá  los días 4 y 5 de diciembre de 2014, con motivo de la conmemoración del Cincuenta Aniversario de su constitución, celebró, el ‘Encuentro Parlamentario: Mujeres, Democracia Paritaria’ y que contó con 173 participantes, parlamentarias/os, magistradas/os de Tribunales Electorales y representantes de diversas instituciones del Estado, así como mujeres de redes políticas de 16 países de la región.

[2] Chantal Mouffe: Feminismo, ciudadanía y política democrática radical. Debate feminista

“En el tema de paridad, no nos reciben con los brazos abiertos”

La diputada Ciudadana Candelaria Ochoa fue invitada a participar en el Foro Regional “Fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia”, organizado por ONU Mujeres y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) en Guadalajara, este 5 de diciembre.

En el conversatorio “Construyendo Redes y Alianzas Estratégicas” y ante un nutrido y receptivo auditorio (en su mayoría femenino), la diputada resaltó la importancia de estas reuniones “para vernos a nosotras mismas y aprender”, ya que el Feminismo dijo, tiene que estar presente en las políticas públicas. Enfatizó que las mujeres debemos tener claridad de las razones por las que se aspira a un cargo de representación, ya que “el empoderamiento es reconocer qué quiero yo y qué quiero hacer con las o por las demás mujeres”.

Señaló la importancia de acceder a un auténtico liderazgo a través del conocimiento, capacitación y especialización de los temas de trabajo. “La perspectiva de género es una perspectiva analítica que nos permite transformar las condiciones de desigualdad en el empleo, en el acceso a la salud y el acceso a la educación. Por eso es que no hacemos política de género, sino política con perspectiva de género”.

La legisladora instó a hacer un frente común para exigir al Instituto Electoral y a los partidos que a través de mecanismos y normas, garanticen las condiciones de igualdad para las mujeres que participan en la contienda electoral. Admitió que en ocasiones la violencia política “proviene de nosotras mismas”.

En un ejercicio de autocrítica, Candelaria Ochoa quien tiene maestría en Políticas Públicas y doctorado en Sociología, apuntó que todo lo que hoy tenemos es producto de nuestras antecesoras y “no hemos aprendido a ser agradecidas con las mujeres”, le debemos al feminismo lo logrado hasta hoy incluso las que no son feministas. Reconoció que la lucha por la igualdad no ha sido un camino de rosas y el tema de la paridad lo demuestra ya que “No nos reciben con los brazos abiertos”.

En el foro participaron reconocidas feministas como Leticia Burgos, Blanca Gámez, Yolanda Rodríguez y fungió como moderadora Paulina Grobet de la Sala Superior del TEPJF.

 

El ataque a Yndira es un ataque a todas las mujeres

EL ATAQUE A LA ACTIVISTA YNDIRA SANDOVAL, ES UN ATAQUE A TODAS LAS MUJERES: CANDELARIA OCHOA

Este martes la diputada federal Candelaria Ochoa, presentó un punto de acuerdo para que se investigue y lleve a sus últimas consecuencias el caso de la activista y defensora de los derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, quien presentó una denuncia por violación y abuso de poder el pasado 16 de septiembre, en Tlapa.

El ataque perpetrado a la feminista por la policía del citado municipio es un ataque a todas las mujeres, afirmó contundente Ochoa Ávalos quien agregó que es una muestra de lo mucho que existe en materia de impunidad, omisión y criminalización de las mujeres y en particular de las feministas y defensoras de los derechos humanos en este país.

La diputada subrayó que incluso el video de Yndira que hizo circular la policía de Tlapa es una violación a sus derechos humanos, pues por un lado la expone y por otro es incompleto ya que no muestra todo el proceso de detención, además de criminalizarla por tomar alcohol como si se tratara de una justificación a la violencia que se ejerce en su contra.

“Por qué cuando una mujer se toma una, dos, tres o cinco cervezas es víctima de asesinato, acoso sexual o violación?”.Evidenció que todo lo anterior es un típico caso de revictimización a la mujer, práctica común en México.

La diputada invitó a que se sumen más diputados y diputadas a fin de esclarecer los hechos y castigar de manera puntual a los responsables y exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al gobierno del estado de Guerrero, al Congreso del estado de Guerrero y al gobierno del municipio de Tlapa de Comonfort a tomar cartas en el asunto.

La legisladora pidió juicio político para el presidente municipal de Tlapa como responsable administrativo de las acciones de la policía municipal y exigió la destitución de los funcionarios que por acción u omisión participaron en el caso; que se capacite a los funcionarios del estado de Guerrero en la aplicación de protocolos con perspectiva de género y a que el gobierno municipal de Tlapa actúe administrativamente contra los responsables.

El punto de acuerdo está firmado por las diputadas Candelaria Ochoa, Claudia Corichi, Mirza Flores y Verónica Delgadillo y en su presentación estuvieron presentes los diputados Gustavo Cárdenas y Víctor Sánchez.

Muchas mujeres han sufrido vejaciones o han muerto en silencio en total impunidad en este país. Candelaria Ochoa exige que en este caso emblemático que involucra al estado y reproduce la violencia que ejerce un sistema patriarcal, se haga justicia.