Legislan por mejoras para mujeres

Claudia Salazar
Reforma

La Cámara de Diputadas aprobó nuevas reformas legales para generar mejores condiciones de igualdad para las mujeres, evitar actos de violencia laboral, discriminación deportiva y acoso en los centros de trabajo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pleno aprobó otorgar anualmente la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y por la igualdad de género.

Pese a un paquete de reformas a favor de la mujer, las diputadas de los diversos partidos reclamaron que aún hay rezagos en todos los ámbitos de desarrollo del sexo femenino.

En medio de la presentación de los dictámenes, diputadas del PRI y MC intercambiaron señalamientos.

Mirza Flores, de Movimiento Ciudadano, pidió mayor reflexión en las modificaciones en la ley general de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia respecto a la reubicación temporal de un agresor en su centro de trabajo, cuando en el mismo lugar labore la víctima.

“Es un delito el hostigamiento sexual. No tienen por qué reasignar a la persona que está hostigando a otra área de ese mismo espacio laboral. ¿Por qué? Porque va a seguir hostigando a la víctima a la entrada o a la salida o por interpósitas personas en forma de venganza”, alertó.

La priista Carolina Viggiano expuso que no se trataba de un castigo al agresor, sino una medida de protección, por lo que pidió a Flores que no se confundiera.

“Muchas mujeres que yo he conocido en centros laborales no quieren denunciar a su acosador precisamente porque, o es su superior jerárquico o es su compañero y lo va a seguir teniendo en su misma área de trabajo.

“Por eso es importante dictar una medida preventiva que no permita que las mujeres se queden calladas, independientemente de que se investigue y se revise de qué tipo de conductas se trata”, explicó.

Mirza Flores respondió a la priista que la que no entiende el tema era ella.

Señaló que, en el caso del hostigamiento sexual, previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia y en el Código Penal, debe de actuarse en consecuencia si es un delito.

“Esta medida de retirar a la persona de su espacio laboral, debe de ser una protección para la receptora o la víctima debe de ser tomada con muchísima seriedad porque si no, se sigue protegiendo al agresor.

“Dije que debemos de seguir analizando el tema. Y si ella es la asesora del candidato a la Presidencia de la República del Revolucionario Institucional, pues en menudo problema estamos metidas”, reviró.

La perredista Hortensia Aragón reclamó que no se haya aprobado una iniciativa, presentada desde el 2015, para lograr la igualdad horizontal y vertical en los puestos de gobierno de la Cámara de Diputados.

La diputada de Morena Maricela Contreras expuso que hace 10 años las encuestas sobre violencia decían que, de las mujeres mayores de 15 años en nuestro país, el 70 de cada 100 sufrían agresiones, pero 10 años después la situación era casi la misma.

“Hay avances legislativos, pero existe un alejamiento con la realidad, dado que estas leyes no se aterrizan en políticas y no se aplican de manera concreta, se han convertido en un catálogo de buenas intenciones en hojas de papel, donde el Estado no asume la obligación de acatarlas y generar esquemas de garantía para el ejercicio de nuestros derechos”, remarcó.

Candelaria Ochoa, de MC, expuso que a pesar de que hay mayor paridad en la representación política, está pendiente el acceso a los mercados de trabajo en paridad.

Amplían diputados combate a acoso sexual

Medio: Reforma

Diputados aprobaron redefinir y ampliar la definición de acoso sexual en la Ley para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
La Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para ampliar la definición a detalle del acoso y el hostigamiento sexual.Con 303 votos, todos a favor, aprobaron un proyecto de decreto para añadir el artículo 16 Bis al capítulo De la Violencia en la Comunidad, para redefinir el acoso sexual: “Cualquier acto llevado a cabo en un espacio público o privado que sea no consensuado y amenazador, motivado principalmente por el sexo o el género percibido de la persona acosada“.

El proyecto de decreto aclara que son formas de acoso sexual, el expresivo, el verbal, el físico, las persecuciones y el exhibicionismo.

También se ordena al Estado mexicano que garantice a las mujeres su erradicación mediante programas de prevención, además de la facilitación de protocolos de denuncia.

El documento, enviado al Senado para su ratificación, también contempla ampliar el artículo 13 de la misma Ley, para ampliar la definición de hostigamiento sexual.

“Hostigamiento sexual es cualquier conducta que comete una persona en contra de otra con fines lascivos, mediante el ejercicio del poder, el asedio reiterado y/o valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualesquiera que otro otras que implique subordinación”.

La autora de la iniciativa, Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, urgió a erradicar esos delitos tan comunes en contra sobre todo de las mujeres.

“La normalización del acoso en nuestra cultura ha provocado que las personas no sean conscientes de que es un problema ampliamente difundido y que se den explicaciones socialmente válidas que lo perpetúen“, sostuvo.

La diputada priista Laura Plascencia Pacheco alertó también sobre la falta de protección a las mujeres.

Afirmó que en México casi 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, incluso, dijo, 40 por ciento de las mujeres sufren violencia sexual. Según esas cifras, cada minuto una mujer, incluso niña, son violadas y la mayoría de los casos queda impunes.

La Ley de Seguridad Interior y las Universidades Autónomas

Por: Dra. Lourdes Pacheco
Publicado en: El Blog de Lourdes Pacheco

Nos erguiremos hacia el sol
en una sola voluntad y seremos peligrosos.
Khalil Gibran. El loco

El artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados y que deberá discutir la Cámara de Senadores, señala en el artículo 31 que “En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”.

Ahora bien, ello obliga a las universidades públicas autónomas puesto que se consideran órganos constitucionales autónomos como parte del sistema jurídico mexicano. Específicamente el artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece como órganos constitucionales autónomos al Instituto Federal Electoral (INE), la Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México (BM) y las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía (Diario Oficial de la Federación, 11 junio 2002).

Así pues, con motivo de la Ley de Seguridad Interior propuesta, las universidades –en tanto órganos autónomos-, deberán otorgar a las autoridades militares y policiacas la información que les sea requerida. Ello lleva a plantear diversos cuestionamientos:

En primer lugar tendremos que preguntarnos cuál es la información que pueden proporcionar las universidades. Una es la información sobre el personal que labora en la institución, trátese de personal académico, administrativo o estudiantil. En este caso, las universidades tienen bases de datos de la vida privada de tales poblaciones como domicilio, conyugalidad, lugar de origen, procedencia, etc. Quizá lo más preocupante lo constituya la información sobre la población estudiantil, puesto que los estudiantes han protagonizado diversas acciones transgresoras al orden del Estado o que así han sido consideradas: la rebelión estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, el movimiento #YoSoy132 originado en plena campaña de Enrique Peña Nieto; la protesta por los desaparecidos de Ayotzinapan (2014), entre los más recientes, además de movilizaciones protagonizadas por universitarios de las universidades públicas autónomas de diversos lugares: Chilpancingo, Morelia, Puebla, Culiacán, San Cristóbal de las Casas, Monterrey y otros.

En segundo lugar, las universidades generan diversa información que puede considerarse de interés para la seguridad interior. Me refiere a las investigaciones que se realizan tanto referidas al territorio como a las personas. Por ejemplo, en las universidades se realizan investigaciones científico-técnicas relacionadas con el establecimiento de macroempresas como presas hidroeléctricas que afectan un territorio determinado. Los estudios comprenden no solamente aspectos referidos a manifiestaciones de impacto ambiental, viabilidad técnica, uso del suelo, etc., sino que también comprende información sobre la población que habita los territorios afectados, ya sean pueblos indígenas o pueblos rurales, las organizaciones existentes opositoras a los macroproyectos, las líneas de resistencia popular, las alianzas generadas en torno a defensa de territorios, etc. En este caso, ¿también las universidades deberán proporcionar esa información?

El tercer aspecto tiene que ver con la información científica ya que las universidades realizan investigaciones cuyos resultados tienen como destinataria la comunidad científica nacional e internacional pero que pueden convertirse en información atractiva para la seguridad interior: investigaciones de frontera sobre controles biológicos, comportamiento de organismos vivos,  propiedades de la materia o de la flora, topografías de los océano, estudios edafológicos, cartografía del cerebro, uso de radiaciones, etc.

La Ley de Seguridad Interior, tal como está, implica que las universidades autónomas serán sujetas a ella, lo cual provoca, en la práctica, una supeditación de las instituciones autónomas a la lógica militar y policiaca. Es sabido que las universidades no sólo estudian lo existente con los paradigmas normalizados, sino que también abren los futuros al estudiar lo improbable y justamente esto, lo improbable imaginado, es lo que hace avanzar la ciencia y la sociedad.

Por ello, opino que la ley tal como está redactada afecta a las universidades autónomas porque las mandata a entregar información cuyo fin es meramente académico, científico, artístico, tecnológico, cultural y que no tiene por qué ir a parar a manos de la inteligencia militar. La Ley de Seguridad Interior se establece como el ojo vigilante, buitre al acecho donde todos somos atrapables, hasta el breve espacio de las aulas donde construimos otros porvenires, otros sueños de paz sin armas y sin guerra.

Asesinaron a 7.5 mujeres al día en 2016

Silvia Garduño y Diana Baptista
Reforma

El año pasado, en México fueron asesinadas 2 mil 746 mujeres, un promedio de 7.5 al día, de acuerdo con el informe “Violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias 1985 – 2016″.

La tasa de defunciones de este género con presunción de homicidio es la más alta en tres años: de 4.4 defunciones por cada 100 mil mujeres.

“Este incremento es significativo no sólo por su magnitud (63 por ciento respecto al año anterior), sino también porque rompe con la tendencia a la baja observada en los tres años previos”, indica el informe dado a conocer hoy por ONU Mujeres e Inmujeres.

Colima ocupa la tasa más alta de homicidios, con 16.3 por cada 100 mil mujeres. En números absolutos, el Estado de México es el más peligroso, con 421 muertes.

Destaca el caso de Guerrero, con la segunda tasa más alta de homicidios y 242 muertes registradas.

En tanto, los municipios más peligrosos para las mujeres fueron Acapulco, Tijuana y Ciudad Juárez.

El informe muestra que la mayoría fueron asesinadas con armas de fuego, por ahorcamiento o con objetos punzocortantes, métodos considerados particulares de la misoginia.

“Seguramente una parte de estas muertes está relacionada con el incremento en las actividades del crimen organizado; sin embargo (…), significa que no se han podido cambiar los patrones culturales que desvalorizan a las mujeres”, destaca el documento.

Los métodos más crueles de asesinato, añade, se dan dentro de los hogares de las mujeres.

El documento “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016″, toma los datos de feminicidio a partir de certificados de defunción, específicamente de las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH), que se considera el indicador más cercano para contabilizar este crimen.

“Es preocupante que a pesar de todos los esfuerzos de la Federación, hoy ocurran 7.5 asesinatos de mujeres al día en promedio en nuestro país, cifra que se elevó en el último año luego de tres años continuos en que venía bajando la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio”, indicó la titular de Inmujeres, Lorena Cruz, al presentar el informe.

“Los feminicidios han aumentado en la vía pública para todos los grupos de mujeres. Entre los medios que se utilizan para asesinar a las mujeres, se ha incrementado el uso de armas de fuego en los últimos años. Es urgente reforzar las políticas de prevención, tanto en el ámbito público como en el privado”, añadió.

Carlos Echarri, coordinador académico de la Maestría en Demografía de El Colegio de México, expuso que hay gran diversidad respecto a los feminicidios entre entidades federativas.

Abren a mineras áreas protegidas

Un 18 por ciento de las Áreas Naturales Protegidas en el País cuenta con concesiones mineras, revela un cruce de datos entre terrenos con esa categoría y capas vectoriales de los permisos proporcionados a la iniciativa CartoCrítica.

En 74 de esos terrenos forestales se localizan 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera, indica el análisis.

En la actual Administración federal se ha decretado un 71.8 por ciento de la superficie natural protegida, que abarca más de 90 millones de hectáreas.

“Para nosotros, el principal tema es esta contraposición de políticas. ¿Para qué vas a establecer un Área Natural Protegida si al final vas a permitir una concesión minera?”, cuestionó Marcela Ortiz, administradora de proyectos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

“Es una contradicción entre cuál es la política de desarrollo y cuál la de política ambiental”.

Las concesiones implican que el proyecto minero aún no está en desarrollo, es decir, las empresas se encuentran en etapa explorativa o sin actividades.

Ocho Áreas Naturales Protegidas, ubicadas en el norte del País, tienen de 109 mil a 637 mil hectáreas concesionadas a explotación minera.

Destaca la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán que, de acuerdo con el cruce de datos, tiene el 79 por ciento de su superficie concesionada.

Dicho sitio es uno de los más importantes del Occidente mexicano y está integrado a la Red Internacional de Reservas de la Biósfera de la UNESCO.

El Valle de los Cirios en Ensenada, Baja California, alberga varias especies vegetales endémicas, como el cirio y el cardón, así como el reptil endémico Urosaurus lahtelai, y cuenta con un 25 por ciento de sus hectáreas concesionadas.

Debido a que las concesiones se otorgan a personas físicas y morales, los particulares con mayor número de hectáreas concesionadas dentro de áreas naturales son Roberto Magaña Aceves con 83 mil 16 hectáreas, Samuel Gallo Martínez con 53 mil 387 y Claudia Noemí Rivas Jasso con 40 mil 119.

Ortiz advirtió que los titulares de las concesiones sirven como prestanombres, por lo que no es posible saber con certeza qué empresa explota las hectáreas concesionadas.

Las concesiones mineras también se han otorgado en reservas naturales privadas o comunitarias, catalogadas como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, las cuales funcionan como áreas protegidas bajo la protección de las comunidades.

De las 417 mil 562 hectáreas dentro de este esquema, 116 mil cuentan con concesiones para la actividad minera, según la investigación del Consejo.

El organismo advirtió que la mayoría de estas concesiones se otorgan sin consultar a las comunidades y, a largo plazo, pueden devastar los recursos naturales de la zona.

Ubican 71 conflictos por falta de consulta
Sin consultar ni avisar a las comunidades, el Gobierno federal otorga concesiones mineras en áreas forestales protegidas, acusó el CCMSS.En su estudio “Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México”, el Consejo refiere que, de acuerdo con el investigador Víctor Toledo, a nivel nacional hay 71 conflictos relacionados con la minería debido a la falta de consulta previa, al incumplimiento de contratos y la violación de derechos humanos.Ejemplo de ello es la disputa entre el pueblo Wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp en San Luis Potosí, donde la concesión se hizo sobre un sitio sagrado.

“El acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio es en sí mismo un elemento que atenta contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando en las estrategias de manejo y uso por parte de la población local”, criticó.

Alzan la voz contra el machismo en Jalisco

Crónica Jalisco
Ricardo Balderas

Militantes mujeres de Movimiento Ciudadano (MC) se pronunciaron en contra de la violencia machista en Jalisco.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a las Mujeres, la diputada federal de MC, Candelaria Ochoa, salió a las calles de Guadalajara para alertar sobre la grave situación que vive el país, donde en promedio, siete mujeres son asesinadas diariamente.

Y acompañada de brigadistas repartió volantes y habló con los transeúntes a fin de evidenciar las cifras que colocan a México a la cabeza de crímenes contra la mujer en  América Latina, de acuerdo a la CNDH. Cabe señalar que en días recientes, Ochoa Ávalos presentó en San Lázaro la campaña nacional llamada “7 Mujeres son asesinadas todos los días”, la cual cuenta con siete acciones que pondrán en el centro la concientización, la prevención y la erradicación del feminicidio y que se comunicará a través del Hashtag #7FeminicidiosAlDía.

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La legisladora presentó también una iniciativa para considerar el hostigamiento, el acoso y las conductas de connotación sexual no consentidas como forma de violencia e implementar un sistema efectivo de denuncia, facilitación de protocolos y capacitación de los servidores públicos con el fin de evitar la doble victimización de las denunciantes.

 

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Diputados aprueban Ley de Desaparición Forzada

Por unanimidad de 397 votos de todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada, y se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor el instrumento con el que se pretende dar certeza a las familias en la investigación, persecución y sanción de un delito que, según cifras oficiales, ha dejado más de 30 mil 499 víctimas hasta diciembre de 2016. A esta sesión no se presentaron 103 legisladores.

Durante la presentación de posturas, los partidos políticos resaltaron que después de dos años de discusión finalmente se logra una ley que atiende –argumentaron– el dolor de las familias, y señalaron que la desaparición de mexicanos y ciudadanos de Centro y Sudamérica se cuenta por miles.

Morena y PRD indicaron por separado, que si bien la de-saparición forzada de personas es una práctica instaurada en el país desde la denominada guerra sucia, en los gobiernos de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, se agudizó en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, quien impuso al país su ‘‘guerra’’ contra el crimen organizado.

Desde la tribuna y ante organizaciones de familiares, a quienes la mesa directiva abrió las galerías del recinto parlamentario, la diputada Ernestina Godoy (Morena) describió con precisión por qué México es el único país donde la desaparición forzada es una rutina.

‘‘Esa guerra iniciada por el PAN y Calderón dejó muerte y destrucción. En México se desaparece personas para silenciar periodistas, sembrar terror, tapar la corrupción y eliminar adversarios políticos, acabar con la protesta, apropiarse del patrimonio de personas, terminar con la competencia, reafirmar el machismo, ganancia económica, por disgusto, quedar bien, por despecho, porque son jóvenes o mujeres, por religión, por preferencia sexual, por el color de piel, por las ideas, por su profesión. ¡Por todo! La maldad se ha instalado entre nosotros y todos lo hemos permitido.’’

Los legisladores reconocieron que la respuesta ante ese fenómeno es tardía y si bien los grupos parlamentarios indicaron que la ley es incompleta, era preferible aprobarla como está con objeto de apresurar su puesta en marcha y comenzar a atender el problema.

Armando Luna Canales (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, definió que se trata de la ley más importante que aprobará la 63 Legislatura, ‘‘porque su motor es el amor infinito que en ella depositaron quienes, en forma incansable y permanente, buscan a sus seres queridos’’.

Cada artículo de la ley, abundó, lleva una enorme carga de dolor, pero también busca resolver los problemas de las familias y que la historia de México sea sin desaparecidos.

Cristina Gaytán, vocera del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que la ley es una respuesta, aunque tardía, a las miles de víctimas y el reflejo de una lamentable realidad nacional.

‘‘Esta ley, junto con la General contra la Tortura, constituyen reflejos fehacientes de la crisis humanitaria que sufre el país por crímenes de lesa humanidad, en la que agentes del Estado, responsables de protegernos, torturan y desaparecen a niños, mujeres, defensores de derechos humanos, periodistas y a nuestros jóvenes, ¡porque siguen faltando 43!’’, expresó.

Candelaria Ochoa, de MC, indicó a su vez que, desde la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, Rosendo Radilla y ahora los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la desaparición forzada no ha disminuido en México. ‘‘Constituye un abuso de poder porque se borra el principio de presunción de inocencia y se avasallan los derechos humanos y garantías de la víctima’’, concluyó.

“No falló reglamento, falló corrupción”

Reforma

Materiales de baja calidad, violaciones al reglamento de construcción e irregularidades en las estructuras han sido encontradas por especialistas en los edificios que colapsaron tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

Paulina Escobar, especialista de APL Ingenieros Consultores, equipo que inspecciona de forma gratuita daños a inmuebles, refirió que estas deficiencias propiciaron el derrumbe de las edificaciones.

“Influye mucho la corrupción y los malos manejos de las constructoras, algunas constructoras que hacen puras porquerías, hacen las cosas mal, pero eso quiere decir que las Delegaciones no lo auditan de la manera más correcta”, dijo.

“Rébsamen, que trae licencias de construcción antes del 85, y se construyó así, después del 85 se reformó el reglamento de construcción, pero nadie le dio seguimiento a este tipo de estructuras, y como éstas pudo haber habido muchas. Eso también influye a que se pudiera estar dando este colapso tan grande de edificaciones”, agregó.

REFORMA publicó que de los 187 muertos reportados en edificios colapsados la semana pasada en la CDMX, 165 fallecieron en inmuebles de más de 43 años de antigüedad.

“No falló (reglamento), no se aplicó el reglamento, falló la corrupción. En todas estas zonas vulnerables se tenía que haber hecho una revaloración (después de 1985), un dictamen estructural para ver si estas edificaciones sufrieron algún daño después de un sismo tan fuerte, lo cual no se hizo, si no, no tenían que haberse presentado daños con esta gravedad”.

Indicó que en su despacho reciben más de 44 llamadas diarias sobre los dictámenes emitidos por autoridades locales.

“¿Qué es lo que hicieron (1985)? resanaron, como actualmente ya están empezando a resanar varias estructuras, sin el peritaje estructural a detalle para que te puedan decir realmente si esta estructura no quedó resentida después del sismo. El Gobierno no reaccionó a tiempo”, dijo.

“Así lo nota la población que le están extendiendo un documento nada más por llenar un protocolo gubernamental”.

Rubén Juárez, jefe de la División de Diseño y Edificación de la FES Acatlán, urgió a la revisión exhaustiva de cada uno de los inmuebles de las zonas afectadas para evitar más pérdidas humanas ante un futuro fenómeno sismológico.

“Hay dos cosas que son importantes, una, la violación al uso de suelo y la otra pues obviamente una falta de supervisión en las construcciones. Inclusive están documentados en Cenapred en muchos de ellos se ha notado una falta de supervisión en el proceso constructivo de las estructuras”, dijo.

 

Llaman expertos de la ONU a gobiernos a derogar leyes que penalizan el aborto

Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a los estados integrantes del organismo derogar las leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto.

En víspera del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, los especialistas llamaron también a eliminar las políticas basadas en estereotipos anticuados, a liberar a las mujeres que se encuentren en prisión por interrupción del embarazo y a contrarrestar los estigmas contra esta práctica.

La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado a las que tienen recursos, debe ser un derecho de cada una de ellas y cada niña en todo el mundo. Lo mismo sucede con el acceso a la salud y a la no discriminación.

El pronunciamiento es firmado por Kamala Chandrakirana, presidenta del grupo de trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, y Dainius Púras, responsable del Derecho de toda Persona al Disfrute del más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental.

Llamaron a que el 28 de septiembre se convierta en un día oficial de la ONU sobre el aborto seguro en el mundo, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos para alentar a los gobiernos a discriminalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible.

Indicaron que demasiadas mujeres sufren leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias.

Para conmemorar este día, instamos a todos los estados a que pongan fin a la criminalización del aborto y aseguren que todas las mujeres puedan acceder a los servicios de salud necesarios, incluida la atención sexual y reproductiva de manera segura, en consonancia con sus derechos humanos.

Los expertos apremiaron a los países del orbe a garantizar que sus leyes, políticas y prácticas se basen en sus obligaciones en materia de derechos humanos y en el reconocimiento de la dignidad y la autonomía de las mujeres.

Actualmente, hay muchos factores que contribuyen a que a las mujeres les sean negados los servicios esenciales de salud para la interrupción del embarazo y la atención posterior al aborto. Éstos incluyen la criminalización, la reducción de ladisponibilidad de servicios, la estigmatización, la disuasión y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud. Estos factores empujan a millones de mujeres a procedimientos inseguros y las dejan sin tratamiento esencial para su recuperación.

Enfatizaron que negarles el acceso a la atención médica necesaria es inherentemente discriminatorio y constituye una violación de sus derechos humanos.

Denuncian a locutor ante Conapred por dichos contra mamás

Horacio Jiménez
El Universal

Diputadas de Movimiento Ciudadano presentaron una queja ante el Conapred en contra del conductor de radio Sergio Zurita Chávez por sus comentarios discriminatorios realizados el día 7 de septiembre en el programa “Dispara, Margot, Dispara” de la empresa MVS.

Los dichos de Zurita se suscitaron luego que se comentó un cartel que invitaba a las madres de familia de una escuela a no ir por sus hijos con minifaldas, blusas escotadas, transparentes o con tirantes.

A lo que el locutor dijo: “Señoras, no sean estúpidas. Ir a recoger a sus hijos en hot pants va a hacer sufrir a sus hijos, los niños de junto van a decir qué buena está tu mamá, o que aguada está tu mamá. No señoras, no tienen derecho antes está la felicidad de sus hijos, si no tienen hijos salgan en pelotas a la calle”.

Las legisladoras que acudieron ante esta instancia fueron: Verónica Delgadillo, Mirza Flores y Candelaria Ochoa.

“En un país donde 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y en el que 7 mujeres son asesinadas al día, no podemos permitir que este tipo de declaraciones queden sin castigo, hacerlo sería un acto de irresponsabilidad. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados y por eso vamos a presentar una queja ante la Conapred por los comentarios de discriminación vertidos por este conductor” señaló la diputada Verónica Delgadillo.

Por su parte, Mirza Flores señaló que no es un hecho aislado, ni se puede tomar a la ligera el caso. “Una disculpa no es suficiente, queremos que este tipo de eventos no vuelvan a suceder, porque detrás de estos insultos, lo que hay detrás es un discurso de odio, es un discurso de violencia en contra de las mujeres” dijo la diputada ciudadana.

La diputada Candelaria Ochoa destacó que la lucha de las mujeres por ganar derechos lleva más de 40 años y señaló que es importante combatir todas las formas de violencia que afectan en particular a las mujeres y llamó a la denuncia. “a quienes viven la discriminación al interior de sus medios, tienen la obligación de denunciarlos” comentó a los medios de comunicación.

La queja fue presentada por las diputadas en representación de las mujeres mexicanas agredidas por los comentarios discriminatorios y cargados de un lenguaje violento, por lo que se solicita que el Consejo actúe de forma procedente y recomiende las medidas de reparación que correspondan al caso.

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