Siempreviva: Seguridad de las mujeres en contextos urbanos

La violencia contra las mujeres no es natural, en esto hemos insistido desde hace casi treinta años. Es un problema sociocultural y como tal debemos impulsar acciones para prevenir y erradicar desde los gobiernos locales. También hemos insistido en que la seguridad ciudadana debe incluir dos perspectivas: enfoque social y perspectiva de género, por ello, ONU Mujeres ha retomado muchos de los estudios -y también los ha realizado- que retoman estas dos perspectivas. Es de destacar que las políticas y los programas de seguridad, deben responder a las necesidades de género, es decir, deben tener en cuenta los factores para que las mujeres y niñas se sientan seguras en sus comunidades, así como, quiénes son las y los perpetradores de la violencia.

La sensación de inseguridad en las ciudades y comunidades, no deriva únicamente del crimen y la violencia, sino de una combinación de factores que incluyen temas sociales, económicos, culturales y domésticos, como la pobreza, el desempleo, la violencia urbana, la actividad delictiva, la desigualdad entre hombres y mujeres, el racismo, la xenofobia y la trata, entre otros.

De tal manera que todo este conjunto, hace que la violencia de género, no sólo no disminuya, sino se incremente. Incluir la perspectiva de los derechos humanos y de género y el derecho a la ciudad, se convierte en una necesidad urgente, en particular, el derecho a los espacios públicos, que garanticen la libertad de las mujeres en ellos. El acoso en la vía pública es una vivencia que desde niñas la padecemos. Y la padecemos porque se ha naturalizado que nos suceda eso todos los días, por ello, desde que somos chicas iniciamos a vivir con miedo, e incluso, algunas viven temerosas de los hombres. Y me pregunto ¿En qué momento les perdemos el miedo y la vergüenza? porque después nos piden que nos enamoremos de ellos y hasta llegamos a vivir con ellos y procrear hijos. Esos hombres que quizá acosaron a mujeres en sus propios hogares o en los espacios públicos, pueden ser extraños para unas y conocidos para otras.

Requerimos, reconocer y reconocernos como sujetas de derechos, con la capacidad de agencia para parar la violencia, para que el acoso no genere el efecto simbólico de alimentar la masculinidad hegemónica y los hechos violentos. Pero la capacidad de agencia también está presente para hacernos actuar y hacer elecciones propias de modo libre.

La educación deberá modificar patrones culturales que prefiguran la aceptación e incluso, la sumisión de las mujeres. Por lo que deberemos empezar a construir en el sistema educativo, familiar y social, fuentes que subviertan dichos principios.  Por ello, es necesario marcar una ruta desde los gobiernos locales para que los espacios urbanos sean vivibles de manera segura para las mujeres y las niñas, la utilización de las calles y de los espacios públicos, en el imaginario colectivo y en el diseño de la ciudad, deben integrar la perspectiva de género en materia de seguridad.

 

Columna de opinión por Ma. Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado originalmente en MX Político

Candelaria Ochoa cuestionó al presidente de la CNDH

Este miércoles, durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se realizó  la presentación del informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde en nombre de su bancada la diputada federal Ciudadana Candelaria Ochoa Ávalos formuló dos preguntas al Presidente del Organismo Luis Raúl González Pérez. La primera relacionada a la aprobación por parte del PRI y sus aliados a la controversial Ley de Seguridad Interior.

Después de acotar que dicha ley representa la intención del Estado Mexicano de perpetuar la fallida estrategia del combate al crimen organizado, la legisladora inquirió a González Pérez, sobre lo que él cree de las motivaciones para continuar con una táctica que a todas luces ha fallado y ha sido reprobada por los principales organismos internacionales de derechos humanos, como la propia CNDH.

Ochoa Ávalos se refirió también a la grave crisis de derechos humanos que vive actualmente México, que se ha traducido en recomendaciones sobre graves violaciones a estos y recordó que según el informe de labores de diciembre de 2017, la CNDH recibió en el pasado año un total de 14,156 quejas por violaciones a los derechos humanos. Razón por la que dijo, es necesario emprender acciones a profundidad que garanticen el derecho a conocer más sobre esta crisis y la no repetición del daño. Al respecto, Movimiento Ciudadano propuso la creación de una Comisión de la Verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en la última década, por lo que la diputada cuestionó nuevamente al presidente del Organismo sobre su opinión acerca de este tipo de mecanismos a nivel nacional como un primer paso para transitar hacia un cambio de régimen con la voluntad que se requiere para reconocer el nivel de la actual crisis y para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Candelaria Ochoa hizo un repaso de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, entre los que figuran feminicidios, el ataque a los periodistas y defensores de derechos humanos, el tema de los migrantes, la marginación de los pueblos indígenas entre otros, e hizo un llamado a Raúl González Pérez para que el organismo a su cargo intervenga en los graves y muy desafortunados casos de salud durante el gobierno de Javier Duarte en Veracrúz.

Siempreviva: Políticamente necesarias

Publicado en MX Político
Por María Candelaria Ochoa Ávalos

Aún sin ser suficiente, cada vez existe un mayor interés y preocupación por la situación de las mujeres en México, sin embargo, todavía el reconocimiento y la necesidad de fortalecer la lucha contra la desigualdad es limitada. Seguramente en este próximo proceso electoral, estará presente en prácticamente todos los discursos políticos, los partidos y sus candidat@s. Ello no nos garantiza el compromiso con una agenda que data desde 1995, producto además de años atrás: la Plataforma de Acción de Beijing, en la cual se abordó el tema de la participación política como uno de los ejes prioritari os.

En el párrafo 185, se especifica que La desigualdad en el terreno público tiene muchas veces su raíz en las actitudes y prácticas discriminatorias y en el desequilibrio en las relaciones de poder entre la mujer y el hombre que existen en el seno de la familia… El Estado mexicano se comprometió y firmó dichos acuerdos y está obligado a desarrollar políticas en la materia. Además, se reconoce que las mujeres dedican menos tiempo a la participación política, porque los compromisos con el desarrollo de las tareas domésticas no se distribuyen entre mujeres y hombres de manera igualitaria.

Discursivamente hemos ganado en posicionar el tema de la igualdad, desafortunadamente, todavía tenemos que garantizar que las mujeres seamos políticamente necesarias, es decir, mostrar que somos necesarias por nuestros conocimientos y capacidades y por el compromiso con las demandas de igualdad.  Las mujeres que hoy estamos en posiciones políticas y de representación, somos producto de esta nueva cultura, pero no todas estamos comprometidas con la lucha por la igualdad.

Igualmente se puede decir de los hombres, pero a ellos no se les cuestionan las capacidades y mucho menos los roles sociales, sexuales y domésticos de los que no se hacen cargo. Por ello bien vale la pena preguntarles a los hombres ¿en dónde están cuando las mujeres aspiran a esos cargos? ¿qué hacen esos hombres para fortalecer los lazos familiares? Requerimos que también ellos participen de manera activa en el afecto, cuidado y trato con los y las hijas.

Solo de esta manera, podremos generar prácticas de igualdad en la sociedad y en la familia, porque un país más democrático es aquel que disminuye en mayor medida las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres y en ese caso en México nos falta todavía mucho. Según el Foro Económico Mundial, México está en el lugar 99 de 134 países, y ocupamos el lugar 19 de los 20 de América Latina, sólo un lugar arriba de Guatemala que es el último. Este dato mide la brecha entre mujeres y hombres en el acceso a dichos recursos y oportunidades. Es necesario cerrar las brechas entre mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones: porque los poderes reconocidos como legales son masculinos: el poder político, el poder económico, el poder militar y el poder eclesiástico.

La equidad de género en la vida de mujeres y de hombres implica: compartir equitativamente el cuidado del hogar, el trabajo remunerado y los ingresos y la crianza y cuidado infantil; compartir equitativamente el tiempo de trabajo y de ocio; las decisiones políticas y las económicas.

Aspiramos a la igualdad como seres humanos y a la equidad como un reconocimiento a nuestras diferencias. La equidad, como la cualidad por la cual ninguna parte sea favorecida de manera injusta en perjuicio de otra, por ello, se hace necesario y urgente nuevos contratos sociales, que partan de una premisa igualitaria.

Siempreviva: Democracia y paridad

Por María Candelaria Ochoa Ávalos
Publicado en MX Político

Heidi Hartmann en su libro Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo, dice: es mejor un matrimonio más saludable o el divorcio. Y así ha pasado en la relación entre la democracia y la paridad. Y es que las y los políticos no sensibles “al género”, consideran que las cuotas y la paridad son una amenaza a la democracia, y en cierto sentido sí, porque la democracia liberal se olvidó de incluir a las mujeres, que somos las mitad de la población.

            Desde 1993 que se impulsa una primera reforma que “recomienda” a los partidos integrar a mujeres en sus listas de candidaturas, le siguieron reformas en 1996, 2002 y es en 2012, que se sienta jurisprudencia para establecer que los partidos políticos deberán integrar con personas del mismo género, sus fórmulas de candidatos titulares y suplentes a diputados y senadores por ambos principios. En el Parlatino[1] en 2014,  se discutió la paridad vertical como establecer en las listas plurinominales la ubicación de las candidaturas de mujeres y hombres, de manera alternada y secuencial (uno a uno) en toda su extensión y de modo descendiente tanto en los cargos de titulares como en los cargos de suplencias. Si se trata de listas partidarias uninominales, la paridad se cumple con la incorporación de candidaturas suplentes al otro sexo de quien detenta el cargo de titular. Y la paridad horizontal, como la participación equivalente de mujeres y hombres al encabezar las listas partidarias (primeros lugares). Cuando un mismo partido político y/o alianza se presenta en varios distritos electorales simultáneamente debe acordarse encabezar mujeres y hombres por igual.

            Para las elecciones de 2018, la paridad vertical y horizontal, serán una realidad.  La paridad vertical y horizontal, considerará la variable histórica o de rotación para encabezar las listas plurinominales y uninominales. Se trata de la alternancia inmediata de género entre un período electoral y otro. Si la lista fue encabezada por un hombre en el siguiente período deberá encabezarla una mujer y viceversa.

            De tal manera que la Norma Marco sobre paridad, pone en el centro la igualdad de resultados, entendiendo por ésta, la culminación de la igualdad legal y la igualdad sustantiva, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, haciéndola eficaz en la práctica y no basada en la noción de justicia procedimental.

            Para lograrlo, se requiere de un trato desigual, por ello, las medidas especiales de carácter temporal para alcanzar la igualdad sustantiva, son el pilar al que aspira la democracia paritaria en todos los ámbitos de la sociedad. Y reitero, es una medida democratizadora que implica la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los procesos de toma de decisiones en el ámbito público. Sin embargo, no puedo dejar de insistir que se requiere la paridad no solo en los cargos de elección popular: diputaciones, senadurías, regidurías, sindicaturas y presidencias municipales, se requiere también paridad en el ámbito ejecutivo y en el poder judicial, sino sólo tenemos una exigencia de paridad en uno de los poderes y queremos que esta se manifieste en los tres.

            Este debate se inscribe en la democracia y el feminismo radical, que no ve solamente al sistema político formal, sino al significado de impulsar una política democrática que aspire a la articulación de las diferentes luchas en contra de la opresión. Decían las feministas de los años setenta: no queremos la mitad del pastel, sino cambiar la receta. Y es que los valores de justicia social e igualdad de género están íntimamente vinculados. Queremos organizar y reorganizar la vida social en todas las dimensiones en las que vivimos la experiencia de ser humanas y humanos. Hasta ahora, los sistemas “democráticos” carecen de estos aspectos.

             Queremos recuperar y radicalizar los aspectos más progresistas de la democracia liberal – libertad, igualdad, autodeterminación y autonomía, además de una redefinición del bien común. Dice Fraser que  la base estructural de la subordinación de las mujeres en la sociedad capitalista, es la división entre la producción económica y la reproducción social, por ello, debe revisarse la relación profunda entre estas dos, sino, no será posible la emancipación de las mujeres.

            La democracia radical[2] significa crear una nueva cultura política y nuevos marcos de entendimiento que articulen estrategias para un proyecto de transformación social, que supere todas las formas de explotación, dominación y discriminación social y global. El neoliberalismo, los militarismos y fundamentalismos, nos excluyen, violan y deshumanizan, individual y conjuntamente, por ello, no puede haber democracia si no se reconoce la paridad en el marco de igualdad de resultados.


 [1] El PARLATINO reunido en su sede de Panamá  los días 4 y 5 de diciembre de 2014, con motivo de la conmemoración del Cincuenta Aniversario de su constitución, celebró, el ‘Encuentro Parlamentario: Mujeres, Democracia Paritaria’ y que contó con 173 participantes, parlamentarias/os, magistradas/os de Tribunales Electorales y representantes de diversas instituciones del Estado, así como mujeres de redes políticas de 16 países de la región.

[2] Chantal Mouffe: Feminismo, ciudadanía y política democrática radical. Debate feminista

Fallan diputados de Jalisco al atender peticiones

Martín Aquino
Mural

¿Le gustaría saber el trabajo que han hecho diputados federales a favor de Jalisco? Espere sentado.

En la Cámara de Diputados hay 31 representantes jaliscienses a quienes, en teoría, se les puede contactar vía correo electrónico; sin embargo, MURAL realizó un ejercicio de comunicación con todos y sólo se logró la respuesta de siete.

El 22 de noviembre se enviaron directamente peticiones periodísticas de información a los 31 legisladores a través del e-mail que cada uno tiene en su perfil disponible en el portal de la Cámara.

Se les cuestionó individualmente sobre su labor y las gestiones económicas que ha logrado en beneficio del Estado -durante las discusiones presupuestales- desde que protestó al cargo, el 29 de agosto de 2015.

Pero luego de más de un mes de esperar respuesta, 24 las ignoraron y sólo llegaron las de Germán Ernesto Ralis, María Candelaria Ochoa, Macedonio Tamez, Jonadab Martínez y Víctor Manuel Sánchez, todos de MC, así como Evelyng Soraya Flores, del PVEM, y José Luis Orozco, del PRI.

En el caso del panista Hernán Cortés, ni siquiera pudo llegarle el mensaje debido a que sus medidas de seguridad lo rechazaron.

“Desde que soy diputado federal no he gestionado de manera individual ningún apoyo económico. No estoy de acuerdo con el etiquetado de recursos a través de la gestión personal de los diputados. Se presta a corruptelas y a injusticias”, respondió el diputado Tamez.

Este legislador, igual que sus compañeros Ochoa y Sánchez, expusieron que las gestiones de MC se realizan como fracción legislativa, no de manera personal; sin embargo, Ralis expuso que él logró 194.7 millones de pesos para Tlaquepaque, y Martínez, 486 millones.

Sin dar cifras monetarias, el priista Orozco afirmó gestionar apoyos para escuelas y estudiantes, reparto de semillas y fertilizantes para agricultores, ampliación del Hospital Regional de Ciudad Guzmán y ferias de servicios de salud, construcción o rehabilitación de carreteras como la de San Andrés-Gómez Farías, y cursos para fomentar el empleo.

Por su parte, Flores, del PVEM, expuso que ha logrado gestiones por 136 millones de pesos que se han destinado para proyectos carreteros en el Estado, así como obras en San Juan de Los Lagos, Ojuelos y Lagos de Moreno.

La Ley de Seguridad Interior y las Universidades Autónomas

Por: Dra. Lourdes Pacheco
Publicado en: El Blog de Lourdes Pacheco

Nos erguiremos hacia el sol
en una sola voluntad y seremos peligrosos.
Khalil Gibran. El loco

El artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados y que deberá discutir la Cámara de Senadores, señala en el artículo 31 que “En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”.

Ahora bien, ello obliga a las universidades públicas autónomas puesto que se consideran órganos constitucionales autónomos como parte del sistema jurídico mexicano. Específicamente el artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece como órganos constitucionales autónomos al Instituto Federal Electoral (INE), la Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México (BM) y las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía (Diario Oficial de la Federación, 11 junio 2002).

Así pues, con motivo de la Ley de Seguridad Interior propuesta, las universidades –en tanto órganos autónomos-, deberán otorgar a las autoridades militares y policiacas la información que les sea requerida. Ello lleva a plantear diversos cuestionamientos:

En primer lugar tendremos que preguntarnos cuál es la información que pueden proporcionar las universidades. Una es la información sobre el personal que labora en la institución, trátese de personal académico, administrativo o estudiantil. En este caso, las universidades tienen bases de datos de la vida privada de tales poblaciones como domicilio, conyugalidad, lugar de origen, procedencia, etc. Quizá lo más preocupante lo constituya la información sobre la población estudiantil, puesto que los estudiantes han protagonizado diversas acciones transgresoras al orden del Estado o que así han sido consideradas: la rebelión estudiantil de 1968 en la Ciudad de México, el movimiento #YoSoy132 originado en plena campaña de Enrique Peña Nieto; la protesta por los desaparecidos de Ayotzinapan (2014), entre los más recientes, además de movilizaciones protagonizadas por universitarios de las universidades públicas autónomas de diversos lugares: Chilpancingo, Morelia, Puebla, Culiacán, San Cristóbal de las Casas, Monterrey y otros.

En segundo lugar, las universidades generan diversa información que puede considerarse de interés para la seguridad interior. Me refiere a las investigaciones que se realizan tanto referidas al territorio como a las personas. Por ejemplo, en las universidades se realizan investigaciones científico-técnicas relacionadas con el establecimiento de macroempresas como presas hidroeléctricas que afectan un territorio determinado. Los estudios comprenden no solamente aspectos referidos a manifiestaciones de impacto ambiental, viabilidad técnica, uso del suelo, etc., sino que también comprende información sobre la población que habita los territorios afectados, ya sean pueblos indígenas o pueblos rurales, las organizaciones existentes opositoras a los macroproyectos, las líneas de resistencia popular, las alianzas generadas en torno a defensa de territorios, etc. En este caso, ¿también las universidades deberán proporcionar esa información?

El tercer aspecto tiene que ver con la información científica ya que las universidades realizan investigaciones cuyos resultados tienen como destinataria la comunidad científica nacional e internacional pero que pueden convertirse en información atractiva para la seguridad interior: investigaciones de frontera sobre controles biológicos, comportamiento de organismos vivos,  propiedades de la materia o de la flora, topografías de los océano, estudios edafológicos, cartografía del cerebro, uso de radiaciones, etc.

La Ley de Seguridad Interior, tal como está, implica que las universidades autónomas serán sujetas a ella, lo cual provoca, en la práctica, una supeditación de las instituciones autónomas a la lógica militar y policiaca. Es sabido que las universidades no sólo estudian lo existente con los paradigmas normalizados, sino que también abren los futuros al estudiar lo improbable y justamente esto, lo improbable imaginado, es lo que hace avanzar la ciencia y la sociedad.

Por ello, opino que la ley tal como está redactada afecta a las universidades autónomas porque las mandata a entregar información cuyo fin es meramente académico, científico, artístico, tecnológico, cultural y que no tiene por qué ir a parar a manos de la inteligencia militar. La Ley de Seguridad Interior se establece como el ojo vigilante, buitre al acecho donde todos somos atrapables, hasta el breve espacio de las aulas donde construimos otros porvenires, otros sueños de paz sin armas y sin guerra.

Asesinaron a 7.5 mujeres al día en 2016

Silvia Garduño y Diana Baptista
Reforma

El año pasado, en México fueron asesinadas 2 mil 746 mujeres, un promedio de 7.5 al día, de acuerdo con el informe “Violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias 1985 – 2016″.

La tasa de defunciones de este género con presunción de homicidio es la más alta en tres años: de 4.4 defunciones por cada 100 mil mujeres.

“Este incremento es significativo no sólo por su magnitud (63 por ciento respecto al año anterior), sino también porque rompe con la tendencia a la baja observada en los tres años previos”, indica el informe dado a conocer hoy por ONU Mujeres e Inmujeres.

Colima ocupa la tasa más alta de homicidios, con 16.3 por cada 100 mil mujeres. En números absolutos, el Estado de México es el más peligroso, con 421 muertes.

Destaca el caso de Guerrero, con la segunda tasa más alta de homicidios y 242 muertes registradas.

En tanto, los municipios más peligrosos para las mujeres fueron Acapulco, Tijuana y Ciudad Juárez.

El informe muestra que la mayoría fueron asesinadas con armas de fuego, por ahorcamiento o con objetos punzocortantes, métodos considerados particulares de la misoginia.

“Seguramente una parte de estas muertes está relacionada con el incremento en las actividades del crimen organizado; sin embargo (…), significa que no se han podido cambiar los patrones culturales que desvalorizan a las mujeres”, destaca el documento.

Los métodos más crueles de asesinato, añade, se dan dentro de los hogares de las mujeres.

El documento “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016″, toma los datos de feminicidio a partir de certificados de defunción, específicamente de las defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH), que se considera el indicador más cercano para contabilizar este crimen.

“Es preocupante que a pesar de todos los esfuerzos de la Federación, hoy ocurran 7.5 asesinatos de mujeres al día en promedio en nuestro país, cifra que se elevó en el último año luego de tres años continuos en que venía bajando la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio”, indicó la titular de Inmujeres, Lorena Cruz, al presentar el informe.

“Los feminicidios han aumentado en la vía pública para todos los grupos de mujeres. Entre los medios que se utilizan para asesinar a las mujeres, se ha incrementado el uso de armas de fuego en los últimos años. Es urgente reforzar las políticas de prevención, tanto en el ámbito público como en el privado”, añadió.

Carlos Echarri, coordinador académico de la Maestría en Demografía de El Colegio de México, expuso que hay gran diversidad respecto a los feminicidios entre entidades federativas.

Abren a mineras áreas protegidas

Un 18 por ciento de las Áreas Naturales Protegidas en el País cuenta con concesiones mineras, revela un cruce de datos entre terrenos con esa categoría y capas vectoriales de los permisos proporcionados a la iniciativa CartoCrítica.

En 74 de esos terrenos forestales se localizan 2.8 millones de hectáreas concesionadas a la explotación minera, indica el análisis.

En la actual Administración federal se ha decretado un 71.8 por ciento de la superficie natural protegida, que abarca más de 90 millones de hectáreas.

“Para nosotros, el principal tema es esta contraposición de políticas. ¿Para qué vas a establecer un Área Natural Protegida si al final vas a permitir una concesión minera?”, cuestionó Marcela Ortiz, administradora de proyectos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

“Es una contradicción entre cuál es la política de desarrollo y cuál la de política ambiental”.

Las concesiones implican que el proyecto minero aún no está en desarrollo, es decir, las empresas se encuentran en etapa explorativa o sin actividades.

Ocho Áreas Naturales Protegidas, ubicadas en el norte del País, tienen de 109 mil a 637 mil hectáreas concesionadas a explotación minera.

Destaca la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán que, de acuerdo con el cruce de datos, tiene el 79 por ciento de su superficie concesionada.

Dicho sitio es uno de los más importantes del Occidente mexicano y está integrado a la Red Internacional de Reservas de la Biósfera de la UNESCO.

El Valle de los Cirios en Ensenada, Baja California, alberga varias especies vegetales endémicas, como el cirio y el cardón, así como el reptil endémico Urosaurus lahtelai, y cuenta con un 25 por ciento de sus hectáreas concesionadas.

Debido a que las concesiones se otorgan a personas físicas y morales, los particulares con mayor número de hectáreas concesionadas dentro de áreas naturales son Roberto Magaña Aceves con 83 mil 16 hectáreas, Samuel Gallo Martínez con 53 mil 387 y Claudia Noemí Rivas Jasso con 40 mil 119.

Ortiz advirtió que los titulares de las concesiones sirven como prestanombres, por lo que no es posible saber con certeza qué empresa explota las hectáreas concesionadas.

Las concesiones mineras también se han otorgado en reservas naturales privadas o comunitarias, catalogadas como Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, las cuales funcionan como áreas protegidas bajo la protección de las comunidades.

De las 417 mil 562 hectáreas dentro de este esquema, 116 mil cuentan con concesiones para la actividad minera, según la investigación del Consejo.

El organismo advirtió que la mayoría de estas concesiones se otorgan sin consultar a las comunidades y, a largo plazo, pueden devastar los recursos naturales de la zona.

Ubican 71 conflictos por falta de consulta
Sin consultar ni avisar a las comunidades, el Gobierno federal otorga concesiones mineras en áreas forestales protegidas, acusó el CCMSS.En su estudio “Territorios forestales comunitarios amenazados por la minería en México”, el Consejo refiere que, de acuerdo con el investigador Víctor Toledo, a nivel nacional hay 71 conflictos relacionados con la minería debido a la falta de consulta previa, al incumplimiento de contratos y la violación de derechos humanos.Ejemplo de ello es la disputa entre el pueblo Wixárika y la empresa First Majestic Silver Corp en San Luis Potosí, donde la concesión se hizo sobre un sitio sagrado.

“El acto de autoridad de otorgar una concesión sobre un territorio es en sí mismo un elemento que atenta contra los derechos de los legítimos propietarios de la tierra y genera una enorme incertidumbre, impactando en las estrategias de manejo y uso por parte de la población local”, criticó.

Urge legislar para sancionar el acoso en el espacio público

La diputada federal ciudadana Candelaria Ochoa, tomó con sorpresa y alegría el hecho de que la revista Legislatura, le dedicara un reportaje y la portada de su última edición, como un reconocimiento a su intensa labor a favor de las mujeres.

En el citado reportaje ¨Se debe legislar para prevenir y sancionar el acoso sexual en el espacio público¨, la legisladora aborda un tipo específico de violencia: el acoso sexual en la vía pública que es considerado una forma de violencia contra las mujeres y comprende cualquier acto llevado a cabo en un espacio público que no sea consensuado y resulte amenazador.   

La legisladora Jalisciense señala que el acoso callejero, es una práctica común en el territorio nacional y evidencia un desbalance en el que una persona amedrenta de alguna forma a otra a través de maltrato psicológico, verbal o físico.

 La revista menciona que de acuerdo a la encuesta realizada en diversos países por YouGov (de la fundación Thomson Reuters), en el año 2004 la ciudad de México fue la segunda más peligrosa para las mujeres en el transporte público, el cual es uno de los principales espacios públicos.  Por su parte ONU Mujeres dio a conocer en un diagnóstico realizado en la Ciudad de México, que la mayoría de las mujeres encuestadas ha sufrido al menos una vez en su vida, algún tipo de violencia en espacios públicos.   

Ochoa Ávalos señaló la importancia de crear conciencia sobre esta problemática y visibilizarla, para dar pie a la creación de estrategias, de políticas públicas, de leyes y programas que eventualmente permitan, además de prevenirla y atenderla, erradicarla completamente.

La revista reconoce en esta su última edición del 2017, su activismo a favor de los derechos de las mujeres y la nombra “Legisladora aguerrida”.

Como se recordará, la diputada ha sido nombrada una de las y los diputados más activos de San Lázaro.

 

“En el tema de paridad, no nos reciben con los brazos abiertos”

La diputada Ciudadana Candelaria Ochoa fue invitada a participar en el Foro Regional “Fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia”, organizado por ONU Mujeres y el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) en Guadalajara, este 5 de diciembre.

En el conversatorio “Construyendo Redes y Alianzas Estratégicas” y ante un nutrido y receptivo auditorio (en su mayoría femenino), la diputada resaltó la importancia de estas reuniones “para vernos a nosotras mismas y aprender”, ya que el Feminismo dijo, tiene que estar presente en las políticas públicas. Enfatizó que las mujeres debemos tener claridad de las razones por las que se aspira a un cargo de representación, ya que “el empoderamiento es reconocer qué quiero yo y qué quiero hacer con las o por las demás mujeres”.

Señaló la importancia de acceder a un auténtico liderazgo a través del conocimiento, capacitación y especialización de los temas de trabajo. “La perspectiva de género es una perspectiva analítica que nos permite transformar las condiciones de desigualdad en el empleo, en el acceso a la salud y el acceso a la educación. Por eso es que no hacemos política de género, sino política con perspectiva de género”.

La legisladora instó a hacer un frente común para exigir al Instituto Electoral y a los partidos que a través de mecanismos y normas, garanticen las condiciones de igualdad para las mujeres que participan en la contienda electoral. Admitió que en ocasiones la violencia política “proviene de nosotras mismas”.

En un ejercicio de autocrítica, Candelaria Ochoa quien tiene maestría en Políticas Públicas y doctorado en Sociología, apuntó que todo lo que hoy tenemos es producto de nuestras antecesoras y “no hemos aprendido a ser agradecidas con las mujeres”, le debemos al feminismo lo logrado hasta hoy incluso las que no son feministas. Reconoció que la lucha por la igualdad no ha sido un camino de rosas y el tema de la paridad lo demuestra ya que “No nos reciben con los brazos abiertos”.

En el foro participaron reconocidas feministas como Leticia Burgos, Blanca Gámez, Yolanda Rodríguez y fungió como moderadora Paulina Grobet de la Sala Superior del TEPJF.